Clip / Reporte Semanal No. 76

En orfandad de gubernatura, grupos disputan al PRI

A cinco meses de la renovación de la dirigencia estatal, el títere del grupo que pretende retener el control de la ahora organización política opositora estatal designó a un ejército de ‘consejeros cachirules’ y a miembros del CDE 

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com

Desabrigado y al desamparo de la gubernatura, desde donde se imponía y decidía todo, ahora al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tratan de asaltarlo un ambicioso grupo político cuya cabeza de playa al edificio de 16 de Septiembre es el mismo dirigente estatal, Francisco Herrera León.

Y para ello no le importa pasar por encima del consenso de la militancia y de los propios estatutos, con el propósito de controlar y tener garantizado el sufragio mayoritario del Consejo Político Estatal del tricolor, con vistas a la elección del presidente del Comité Directivo Estatal a efectuarse en junio próximo.

A cinco meses de la renovación de la dirigencia estatal priista, el títere del grupo que pretende acometer sobre la ahora organización política opositora estatal designó a un ejército de ‘consejeros cachirules’ y a miembros del Comité Directivo Estatal.

El domingo 27 de enero, el ex senador y destituido por el TEPJF como candidato a diputado local, en medio de una serie de ilegalidades convocó a la 31 sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, efectuada en el salón central del parque Tomás Garrido Canabal, de esta capital.

En esa reunión colegiada, Herrera León —a quien acusan de obedecer al un ex gobernador—, una vez más pisoteó el derecho de la militancia y documentos básicos priistas, al no respetar el quórum de consejeros, acarrear personas sin derecho a votar, sin aprobar ni acatar una orden del día, así como sin la documentación que respaldara la inclusión de nuevos consejeros.

Ante todo el cúmulo de ilegalidades en que incurrió el dirigente estatal, el PRI Tabasco nuevamente estará sometido a juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por parte de priistas que exigen se repongan los procedimientos para que todas las acciones se circunscriban a la legalidad partidaria.

HASTA DESERTORES ENTRAN AL CPE

Aunque en la 31 sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI fueron pocas las voces que expresaron de manera pública las ilegalidades que estaba cometiendo el ex alcalde de Centla, todos recuerdan que un importante grupo de consejeros se quedó sentado cuando Herrera León pidió ponerse de pie para aprobar a los nuevos ‘consejeros cachirules’.

Entre la mayoría de políticos priistas que se quedaron sentados, en actitud reprobatoria a la acción del dirigente estatal, estuvieron el ex dirigente estatal Florizel Medina Péreznieto, los regidores priistas de Centro Leoncio López Montoya y Marcos Quintero Buendía, Federico Madrazo Rojas, José del Carmen Escayola, Paula Carrillo, Lucía Santés, Cristóbal Álvarez, Miguel Cachón, la ex dirigente estatal y actual subsecretaria del gobierno federal Georgina Trujillo, entre otros.

Y es que junto con los nuevos diputados, alcaldes y regidores que por estatutos son nuevos consejeros, el dirigente estatal aprovechó para incluir a unos 40 nuevos miembros, sin cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad.

En la sesión no se presentó el dictamen del secretario técnico donde se explicarían las razones sobre las renuncias de los consejeros propietarios y el arribo de los suplentes.

Y en otros casos designó totalmente fuera de la legalidad a priistas que ni siquiera eran suplentes para ocupar el cargo de propietarios. En los casos de que no existieran ni propietarios ni suplentes, esos espacios quedarían sin consejeros, de acuerdo a las normas estatutarias.

Pero el hecho que mayor indignación provocó entre los consejeros y militantes priistas fue la inclusión de José Manuel de la Cruz Castellanos, quien participó como precandidato del PRD, luego regresó al PRI y ahora regresa e ilegalmente lo designan consejero estatal.

VAN TRES CON LÍNEA POR DIRIGENCIA

Entre los priistas se ha regado el comentario del presunto ardid político tramado por el ex senador Francisco Herrera León, quien ha puesto a ‘caminar’ con fuerte financiamiento a Gregorio Arias y Pedro Gutiérrez en busca de la dirigencia estatal, pero para declinar al final a favor de su generoso mecenas el ex gobernador tabasqueño.

En la considerada ilegal sesión ordinaria de Consejo, efectuada el domingo último, se les tomó protesta a los integrantes de las comisiones Temáticas y de Dictamen de este órgano de dirección partidaria, así como al secretario técnico y consejeros que por la vía estatutaria y por suplencias se integraron al mismo.

También se aprobaron los programas de trabajo de la filial Tabasco del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, de la Fundación Colosio, la agenda legislativa de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, así como el presupuesto de egresos y el plan de trabajo del CDE, correspondiente al 2013.

Además se eligió para un período más a Fernando Rosas Cortes como secretario técnico del Consejo, y se designó a quienes habrán de coordinar las mesas de trabajo que a nivel estatal se llevan a cabo en el marco de la 21 Asamblea Nacional del PRI.

En la Comisión Estatal de Justicia Partidaria se eligió a los integrantes de la misma, que estará encabezada por Fernando Morales Mateos, mientras que la Defensoría Estatal de los Derechos de los Militantes estará presidida por María de los Ángeles Frías Sánchez.

En ambos nombramientos, para lograrlo, el ex alcalde centleco cayó en burdas ilegalidades.

En el caso del ex diputado Fernando Morales se incurrió en una infracción, pues para dirigir la Comisión Estatal de Justicia Partidaria se exige que su presidente sea consejero, y Morales Mateos dejó de serlo cuando terminó su periodo de legislador; igual se le dio la presidencia de otra comisión partidista al ex diputado Armando Beltrán, quien tampoco es consejero.

Mientras que para nombrar al presidente de la Comisión Estatal de la Defensoría de los Derechos de los Militantes, se le ‘tomó el pelo’ a los consejeros, pues Herrera León propuso una comparsa de terna, en la que sus dos paisanos centlecos, José Alfredo Cárdenas y Luis Alberto May, declinaron por María de los Ángeles Frías Sánchez.  

Sin aval del CPE, Herrera firma el ‘Pacto por Tabasco’

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com

En víspera de la reunión que sostendría con el gobernador Arturo Núñez Jiménez, Francisco Herrera León —ex alcalde de Centla y concesionario de los taxis del aeropuerto internacional “Cap. Carlos A. Rovirosa”— no le informó nada al Consejo Político Estatal sobre el acuerdo que firmaría junto a los demás representantes de partidos con el gobierno perredista, como tampoco de lo que trató antes con el mandatario en su reunión en la Quinta Grijalva.

En su perorata en la 31 sesión, según el presidente del Comité Directivo Estatal, se destacaba la libre participación de los consejeros en la sesión y manifestó que es precisamente esa diversidad de ideas lo que enriquece al priismo tabasqueño.

“En el debate y con la discusión que haremos de nuestros documentos básicos, el ejercicio permanente de nuestro actuar como militantes del partido, a quienes aquí de manera libre y abierta han expresado sus opiniones, la dirigencia del partido los reconoce, los respeta y asume sus comentarios como la expresión viva del priismo de Tabasco, independientemente de cuál sea  su dirección”, adujo Herrera León.

Dijo que el PRI en Tabasco iniciaba una nueva historia, que comprometieron constituir una oposición diferente a la oposición histórica que ha participado en Tabasco y ser una oposición responsable, prudente, comprometida a preservar la paz y la gobernabilidad, dispuesta al dialogo y al acuerdo por el bien de Tabasco.

“Frente a la oposición histórica que ha participado en Tabasco, nosotros nos proponemos inaugurar una nueva etapa en la historia política de nuestra entidad, poner por encima de nuestras diferencias partidistas, ideológicas o de grupos, el interés superior de Tabasco, sin arriar banderas, sin soltar estandartes, sin renunciar a nuestra vocación de diálogo. Queremos impulsar un acuerdo que le beneficie a Tabasco”, añadió.

Herrera León agregó que buscaba un acuerdo no sólo para traspasar la coyuntura actual, sino que defina un nuevo andamiaje jurídico para Tabasco, que revise la principal carta de navegación de los tabasqueños y que la representa la Constitución.

Afirmó que se buscaba actualizar la norma principal a los temas del siglo XXI, impulsando un acuerdo sin renunciar a sus principios para que el actuar del gobierno tenga una planeación y se hagan a un lado improvisaciones voluntarismo.

“Queremos un acuerdo donde se privilegien políticas públicas que traspasen el vértice de temas tan importantes para Tabasco como el Petróleo, el agua, la educación, la salud, la frontera sur y el desarrollo regional, un acuerdo que sea en beneficio de Tabasco”, expuso.

Además convocaría a los priistas a participar activamente en el debate y la discusión, ya que el PRI necesita de la participación de todos sin limitar a nadie. “No hay ni debe de haber caudillos; se requiere la participación de todo el priismo tabasqueño”, indicó.

Por último, el dirigente llamaría a construir esta nueva etapa del partido, sin temor a nadie, sin rehuir a la discusión y abonar desde el priismo para que el gobierno actual salga de voluntarismo y le cumpla a los tabasqueños.

Pero la realidad, afirman militantes y ex dirigentes priistas, Pancho Herrera sólo quiere tapizar el retorno del grupo que gobernó hace dos administraciones a la dirigencia estatal del PRI, para junio próximo, desde donde se atrincheraría para negociar y tener garantizados espacios a sus allegados en las elecciones del 2015 y el 2018.  

Pancho Herrera, dirigente de la ilegalidad

“Careció de legalidad su decisión” al colocar nuevos consejeros estatales, como si se tratara de cambiar a funcionarios municipales bajo su mando, acusa el ex dirigente priista Félix Sarracino, quien impugnará al ex senador ante el TEPJF 

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com

Sin fundamento ni motivo, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Herrera León, impuso a nuevos consejeros políticos, afirma el ex dirigente estatal y consejero político priista Félix Eladio Sarracino Acuña.

El político huimanguillense, quien se ha convertido en férreo defensor de los estatutos de su partido, señala que el domingo 27 de enero se realizó la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, en que Herrera León una vez más pisoteó a la militancia y estatutos del tricolor.

El también ex dirigente estatal del CDE priista y del sector popular, así como ex presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del tricolor, afirma que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra la transgresión estatutaria del ex alcalde de Centla.

“No es posible que quien fuera edil, diputado federal y senador, se ponga a prevaricar contra sus mismos compañeros y el partido que preside”, sostiene Sarracino Acuña, quien ya en varias ocasiones ha derrotado con la ley en la mano a Herrera León.

Ahora nuevamente lo impugnará ante tribunales por faltar al procedimiento donde se conculcaron los derechos políticos electorales del ciudadano. “Careció de legalidad la decisión” del dirigente estatal al ponerse a colocar nuevos consejeros políticos estatales, como si se tratara de cambiar a funcionarios municipales bajo su mando, afirma el consejero político estatal vitalicio.

Al expresar su incredulidad por la conducta del dirigente estatal de su partido, Sarracino Acuña dice que es inconcebible su ignorancia de los estatutos y su proceder político.

Explica que para ser consejero político priista se requiere que exista un derecho establecido que se origina en un proceso de elección, mediante el cual se nombra una fórmula de propietario y suplente.

“Para sustituir a un (consejero) propietario sólo existe un suplente. Y no se puede nombrar, si no existe, el suplente ante la falta del propietario. En ese caso se cancela ese espacio”, precisa.

Los actuales consejeros propietarios y suplentes fueron electos en 2011 y cada tres años se cambia al Consejo Político Estatal, indica.

Lo que hizo Herrera León ahora fue sustituir a los propietarios que no llegan a las sesiones, pero sin nombrar a sus suplentes.

El ex dirigente estatal del PRI y de su sector popular comenta que también se saltó la elaboración del dictamen de la Secretaría Técnica del CPE, donde se establecería las razones de la procedencia para sustituir a consejeros propietarios y que quien lo sustituiría era un priista que tenía el carácter de consejero suplente.

Esos dictámenes se iban a dar a conocer al pleno de la sesión del Consejo Político, pero no se realizó así, ni tuvo su aprobación.

OCURRENCIAS SUSTITUYEN EL DEBATE

Sarracino Acuña considera trascendental que el PRI llegue fortalecido al proceso electoral del próximo 2015, y por ello se debe realizar una elección impoluta del nuevo presidente del CDE del tricolor, en junio próximo.

Recuerda que en la sesión ordinaria del Consejo Político, efectuada en el salón central del parque Tomás Garrido, “yo asumí la defensa de la legalidad para poder integrar a nuevos miembros del Consejo Político Estatal. Se hizo una lista, y que indebidamente se le tomó protesta porque no se motivó, ni se fundamentó a quienes y por qué suplen estos nuevos integrantes, a otros que perdieron el espacio en el consejo político estatal”.

“Hemos venido señalando los errores de la dirigencia, porque lo hacen sin el menor sustento jurídico, y sin la motivación del hecho que siempre debe tomar este consejo político aquí”, manifiesta.

Califica como imposiciones las acciones que Herrera León ha hecho a lo largo de sus espacios en la dirigencia estatal del PRI. “Y más que eso, son caprichos, porque no se les explica a los consejeros políticos como se tomó esa decisión”.

“Siempre ha sido el problema de esta dirigencia y que está tratando de coordinar esfuerzos con ocurrencias, sin acuerdos y sin la posibilidad de que exista hacia el interior del partido una discusión y un debate sano para poder definir el rumbo del partido”, concluye.  

Hubo corrupción extrema y vamos a probarlo: Manuel Ordóñez

“No venimos a ‘cacerías de brujas’, pero vamos a revisar y a ordenar la casa como debe ser, sin descuidar lo que hoy nos toca iniciar para solventar las necesidades de empleos y de trabajo”, declara el titular de la SOTOP 

Redacción / clip.redaccion@gmail.com

¿Mantiene sus dichos sobre Héctor López Peralta y la SAOP… todo lo que en su  momento denunció? —se le pregunta a quien sustituyó en el cargo al funcionario granierista. Y Manuel Ordóñez Galán, quien conduce lo que ahora se denomina Secretaría de Ordenamiento Territorial y de Obras Públicas (SOTOP), contesta sin miramientos:

“Por supuesto. Ahora nos toca la responsabilidad de argumentarlos y fundamentarlos jurídicamente”.

El empresario constructor y dirigente de la charrería en la entidad que después de tres décadas y un lustro retorna a la administración pública estatal, abunda:

“Yo no vengo a revanchas personales. Eso que quede bien claro, porque son las instrucciones del gobernador. No venimos a ‘cacerías de brujas’, pero vamos a revisar y a ordenar la casa como debe ser, sin descuidar lo que hoy nos toca iniciar para solventar la gran demanda, las grandes necesidades que hay en la sociedad tabasqueña de empleos y de trabajo”.

El viernes 25 de enero, Ordóñez Galán acudió al noticiero radiofónico Telerreportaje a su primera entrevista como titular de la SOTOP. El comunicador Emmanuel Sibilla le aguardaba con una canana de preguntas; la mayoría incómodas.

—¿Cómo dejó la Secretaría Héctor López?

“Yo creo que una cosa es lo que nos están entregando en razón de lo que marca la ley, de la entrega-recepción, que básicamente es  una relación de inventario físicos, activos de bienes muebles e inmuebles, y otra cosa es lo que no nos entregan, que realmente es lo que mal hicieron y tenemos que buscarlo y encontrarlo. En ese sentido, el gobernador quiere que seamos muy responsables, muy cuidados”, expresa.

“HAY DE TODO” PARA PROCEDER PENALMENTE

—¿Qué es lo más grave que se ha encontrado hasta el momento en la SAOP, hoy SOTOP?

“En la SAOP todo está, de veras, muy sucio…”, dice en una primera impresión. Y enseguida la completa:

“Hay una corrupción total, extrema. Yo tengo 37 años de constructor y en  mi vida había visto la corrupción que observamos y que hoy estamos comprobando de la administración Granier”.

—¿Corrupción de Héctor López Peralta?

Capricho del gobierno impidió terminar Libramiento

Manuel Ordóñez Galán precisa que la dependencia a su cargo (la SOTOP) dispone de cinco mil 300 millones de pesos en 2013, en números redondos, y acotó que “no son tan limitados” para ejecutar obra pública.

Agrega que para iniciar “ya” las obras, existe un fideicomiso en la SCT donde hay tres mil millones de pesos que no se han ejercido porque en la administración anterior no se hicieron las acciones que se requerían, como el caso del Libramiento de Villahermosa.

Indica que si el Libramiento lo hubieran iniciado con caseta de cobro, “ya la obra estaría terminada y funcionando, pero se lo quiso llevar a capricho el gobierno del estado, de no poner la caseta de cobro y eso obligó a una programación a muy largo plazo, como la que estamos viviendo, porque no habían los recursos fiscales para hacerla”.

“Tenemos que entrar en el esquema que le convenga a la obra para poder concluirla; obviamente esto se da con base en un estudio, no es cosa de un capricho de un director, ni de un secretario. Y si la obra es rentable, manejarse de cuota para poderla concluir en menor tiempo, se le pone la caseta. No hay obra más cara que la que no se tiene”, asentó.

Abunda que entre las obras importantes, este año ya se inicia la ampliación a ocho carriles de los puentes sobre el río Carrizal, en Ciudad Industrial.

Además, se inicia el distribuidor vial La Pigua, que es donde está hoy el  monumento a Carlos Madrazo, y se genera un gran embotellamiento; el otro será el distribuidor vial del acceso de la carretera de Teapa.

Estamos ponderando con la SCT y con el municipio de Centro la necesidad de abrirle más accesos a la ciudad de Villahermosa, dice el funcionario.

NO SE PAGARÁN ‘FACTURAS’ POLÍTICAS

—¿Quiénes harán la obra pública en esta administración? —se le inquiere.

“La instrucción del gobernador es que, en principio, sean las empresas tabasqueñas radicadas en Tabasco”, responde.

—¿Los constructores que apoyaron a Arturo Núñez tendrán prioridad? ¿Serán ahora los nuevos beneficiados? ¿Se pagarán facturas?

“No. No hay facturas pendientes. Yo quiero que eso claro. Como responsable de la coordinación de la campaña, pues me tocó enterarme de todos los ‘favores’, servicios y compromisos, y te puedo decir con mucha satisfacción, porque coincide plenamente con mis principios, que tenemos un gobernador de lujo, de una calidad moral probada. No hay compromisos con nadie”.

—¿Sus empresas participarán?

“Por supuesto que no. No. Imagínate: ¿a dónde quedo yo?”.

—¿Sus amigos?

“Mis amigos son constructores. Por supuesto que van a participar, pero dentro del marco de la ley y lo van a ver todos, porque vamos a hacer las cosas bajo la observancia del gobernador, pero en estricto apego a la ley y le vamos a dar juego a un Consejo Ciudadano involucrando a las cámaras, colegios y demás, para que revisen caso por caso, y el funcionario que incurra en un ilícito, pero sin dudarlo, se va a la calle”, asevera.

‘CÓMPLICES SILENCIOSOS’

—¿Cómo evitar el famoso diezmo?

“En el caso del estado va a ser algo prohibido definitivamente. Procuraremos ofertarles a nuestros supervisores y a las gentes involucradas en las tomas de decisiones de los concursos, un salario digno. Vamos a trabajar para eso”, afirma.

Añade que el ‘diezmo’ o las ‘mochadas’ existieron en el sexenio pasado.

Y señala que fueron “muy poquitos, no son muchos lamentablemente” los empresarios de la construcción favorecidos con la obra de gobierno. No fueron más de 15 los constructores beneficiados por Héctor López, precisa.

—¿Pero pagaron un costo los constructores con su silencio?

“Pues pagó el estado. Yo creo que no nada más los constructores; fuimos todos los tabasqueños los que pagamos un costo, y mucho muy elevado”, sostiene.

—¿Nunca Manuel Ordóñez dio dinero por un contrato?

“Y jamás Manuel Ordóñez abusó de sus relaciones ni de prepotente ni de arrogante. Yo tuve la oportunidad y la satisfacción para bien o para mal de muchas gentes, de tener dos familiares cercanos en la gubernatura del estado y jamás abusé de eso”, asegura el empresario con 37 años en el ramo de la construcción.

“YO VOY A SEGUIR ARRIBA DEL CABALLO”

Al titular de la SOTOP se le inquiere si su inclusión en el gabinete es un ‘pago de factura’ por haber coordinado la campaña del hoy gobernador.

“Pues las facturas que se pagan es cuando las cobran. Yo nunca cobré ninguna factura y menos al licenciado Arturo Núñez, con quien estoy definido políticamente desde hace muchísimos años, sin haberlo manifestado, ni lo ando pregonando. Yo no soy gente que pregone y que presuma compromisos en razón de facturas; yo presumo a mis amigos y mis compromisos en razón de sus valores y sus  principios”, asevera.

—¿Habrá un Manuel Ordóñez el charro, el empresario, el ciudadano y otro, el funcionario público?

“Yo no voy a cambiar. Voy a tratar de ser lo más congruente con mi forma de ser, a como me he mantenido toda la vida. Yo no soy camaleón. Yo soy una gente que me he mantenido en la misma conducta, constante y perseverante en lo que es el desarrollo personal y del estado”.

—¿Esto es, congruencia con lo que ha dicho y con lo que hará ahora?

“Por supuesto, pero tampoco voy a cambiar en nada, ni voy  a dejar mis gustos y costumbres. Yo voy a seguir arriba del caballo”, concluye.  

Luque, primera víctima de la lucha anti corrupción

Enfrentamiento entre “elbistas” del SNTE y anti-elbistas del SITET descubre actos de corrupción en la SE; sanciones por tráfico de influencias en esa dependencia; Rogers Arias también es salpicado 

Samuel Soto Giles / gi_les@hotmail.com

Por las plazas, no por la calidad del servicio, en el sector educativo está declarado el enfrentamiento entre los dos principales grupos fácticos: la sección 29 del SNTE contra el SITET, entre elbistas y anti-elbistas.

Por naturaleza, el SITET tiene de aliados a los pinosuaristas, resabio del grupo en el poder de Fausto Méndez Jiménez, ex cacique de la educación por 25 años y representado actualmente por Rubén Magaña Méndez, quien añora esa época de poder único.

Entre esos dos grupos se encuentra, como espada de Damocles, el subdirector administrativo, Víctor Manuel López Cruz.

El pasado lunes 21, el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITET), Rogers Arias García, desde la instalación tardía de la Comisión de Educación en la biblioteca de la Cámara de Diputados, lanzó sus cañonazos escalonados para calcular el blanco por donde hacer negocio, porque ya tiene de avanzada a su equipo en las Subsecretarías de Educación.

Aprovechando el punto de asuntos generales citó el tema de elevar la calidad de la educación en Tabasco para demandar que “haya un engranaje justo entre la dependencia y los trabajadores”.

Enseguida, parapetándose en su nueva investidura de legislador, trató de ser dadivoso: “lógicamente que el Congreso estará con los deseos de aportar lo mejor de sí para que podamos, precisamente, llevar a buen puerto lo que tan lastimosamente ha quedado de la Secretaría de Educación”.

Ya encubierto con el fuero, se atrevió —como lo hizo con Granier Melo— a emplazar, a “invitar también al Ejecutivo del estado para que podamos reunirnos la Comisión de Educación con los secretarios del nivel para poder plantear un proyecto, un programa de esta Comisión con el fin de conocer el estado que guarda la Secretaría de Educación”.

En ese contexto soltó el disparo: “más que nada en la pretensión de los trabajadores de la educación de que podamos ser tomados en cuenta en todos los programas y en todos los proyectos y a la vez mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”.

De inmediato Arias García enseñó el cobre y cañoneó: “En este periodo no hubo grandes avances en cuanto a las prestaciones sociales, hubo un retroceso, y quisiéramos coadyuvar en ese sentido de poder dar más pero también beneficiar a los trabajadores que tanto se lo merecen”.

A la instalación de la Comisión asistió puntual el secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, a quien Arias García —sentado enfrente— desairó.

Por el otro lado, la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tomado la iniciativa y el viernes pasado un grupo le demandó al subsecretario Límbano Gallegos, protegido de Magaña Méndez, la destitución de Pedro Contreras, jefe de los delegados del nivel de Secundarias Técnicas por favorecer al SITET.

Por si fuera poco, el dirigente elbista, Guadalupe Acosta, lanzó una bomba envuelta en terciopelo.

Aunque aseguró que se mantendrán al margen del proceso que la Secretaría de Educación inició en contra de la ex titular Beatriz Luque Greene, “si la ex funcionaria estatal le solicita apoyo, le darán el respaldo”.

BATALLA JÚRIDICA: NÚÑEZ JIMÉNEZ

El gobierno de Arturo Núñez Jiménez citó a rueda de prensa para el lunes 21 por la mañana en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación. Discreto, ocupó su asiento el subdirector administrativo, Víctor Manuel López Cruz, cuando ya había empezado a informar los detalles el responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, José Luis González Martínez.

El secretario Rodolfo Lara Lagunas, serio, hizo suya la denuncia: Rosa Beatriz Luque Greene no solicitó licencia sin goce de sueldo a sus dos plazas cuando se separó del cargo para hacer campaña proselitista como candidata a diputada local (postulada por el Partido Revolucionario Institucional).

González Martínez informó que la ex funcionaria dejó el cargo el 29 de febrero del año pasado pero no solicitó licencia sin goce de sueldo a sus plazas federal y estatal, siguió cobrando ambos sueldos.

Por tal motivo, la Secretaría de Educación inició el procedimiento administrativo bajo el expediente DATA/002/2012 contra la ex titular de esa dependencia, Beatriz Luque, del que la Contraloría estatal dará conclusión.

Lesbianas, doblemente discriminadas por ser mujer y homosexual

Ignoradas por instituciones y ONG’s, no figuran en las estadísticas oficiales ni son consideradas en los programas de salud pública; hasta los gay reciben más atención que ellas, lamentan 

Alejandro Esquivel C. / alesquivelc@hotmail.com

Tanto en Tabasco como en el resto del país, las lesbianas luchan por que su derecho a ser diferentes sea aceptado en esta sociedad con una incipiente cultura de la tolerancia, y aunque no figuran entre las cifras de discriminación ni criminalidad homofóbica, su estigma es tristemente doble: ser mujeres y homosexuales.

Patricia, Sonia, Lorena y Karla no se conocen, viven en distintos lugares, tienen gustos diferentes, sus edades son variadas y sus oficios también, pero comparten una misma historia: son lesbianas.

Y no sólo comparten la misma orientación sexual, sino lo que implica ser lesbiana en México, pero sobre todo, en Tabasco, entidad donde a no ser por organizaciones no gubernamentales (ONG), ni siquiera figuran, pues no son parte de las campañas de salud sexual, no figuran en las cifras de discriminación ni mucho menos en las de crímenes de odio por orientación sexual.

En pocas palabras, estas cuatro mujeres son invisibles, incluso para sus familias y amigos, pero sus historias de vida guardan algunas similitudes. Por ejemplo: se les exige, como a toda mujer, tener hijos y un hombre al lado; se les señala por ciertos estereotipos.

La invisibilización viene de varias partes, y eso lo reconoce Lorena, quien se ha topado con comentarios lesbófobos. “Nos dicen que las lesbianas peleamos por todo, que somos difíciles, un sinfín de estereotipos. Es común que activistas gay digan que con nosotras no pueden trabajar. El principal problema es la invisibilización de nosotras las lesbianas, a nivel institucional y social”.

Es cierto que en la ciudad de México se lograron algunas leyes, esfuerzo de años por parte del movimiento lésbico-gay, pero en el resto del país nada. Tabasco es ejemplo de ello; aquí ni siquiera se ha legislado en ese sentido, afirma y agrega que “vivimos como en un islote donde se cree que los derechos del colectivo están ganados por el sólo hecho de que en la capital del país van más adelantados en ese tema, pero no es cierto, pues en materia de políticas públicas no hay nada”.

MARGINADAS TAMBIÉN POR LAS INSTITUCIONES

Lorena comparte una experiencia que tuvo con el Centro para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida): “En un afán de visibilizar que las lesbianas también tenemos riesgos de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, hemos gestionado para que Censida emprendiera acciones e hiciera un registro de lesbianas que contrajeron el virus. A pesar de que en Censida tenemos amigos, la propuesta no les pareció atractiva.

“Esa es una muestra de que las lesbianas no existimos en el plano institucional y social”, apunta. Lo que dice se sustenta en las cifras oficiales de los crímenes de odio por homofobia. Tan sólo en 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 648 homicidios por homofobia

En dicho informe, la CNDH no precisa si las muertes en sus cifras figuran las lesbianas. Sin embargo, la Comisión Ciudadana Contra de Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), de la organización civil Letra S, el año pasado dio a conocer que del 28 de enero de 1995 al 30 de junio de 2012, se contabilizaron, a través de una investigación hemerográfica, 976 asesinatos donde sí se desagregan las cifras: 818 cometidos hacia hombres; 129, a transgéneros; y 29 contra mujeres.

Y aunque estos crímenes por odio se caracterizan por tortura y vejación previa al asesinato, lo que el informe no detalla es si en hombres o mujeres se aplica la misma saña. Por eso, explica Lorena, cuando se hace un estudio acerca de la homosexualidad, “las lesbianas quedamos fuera o en segundo plano al de los hombres”.  

POLICRONÍA SEMANAL

Justa justicia 

Culmina una semana entre temblores y clamores. Y de esto último, el más espectacular, la libertad de la francesa Florence Cassez en una controversial decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; desatando la indignación social al poner en libertad a alguien que ha sido señalada como responsable de uno de los delitos más sangrientos que azota en nuestro país: el secuestro.

Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com

Polémico asunto desde sus inicios, pues contra señalamientos directos de las víctimas, pudieron más las inconsistencias técnicas de la labor ministerial y muchos no alcanzan a distinguir cuál es el meollo del problema y el por qué esto beneficia al pueblo mexicano, a pesar de que cabe la posibilidad de que una nociva criminal ande libre.

Muchos recordarán el caso de “PRESUNTO CULPABLE” donde el morbo social se volcó en la película que documentó las injusticias de las que es capaz el sistema de justicia mexicano. El caso Cassez no es excepción como tampoco lo son los millones de casos que a la fecha, vía el Juicio de Amparo, se han evidenciado.

Esto nos lleva a la convicción que los millones de mexicanos y extranjeros que cohabitamos en este país, estamos expuestos a las ocurrencias de los policías ministeriales, las procuradurías y los jueces que mediante actos arbitrarios violentan los derechos de las víctimas y los mismos victimarios.

Tenemos a la orden del día operativos policíacos simulados donde los derechos fundamentales son totalmente ignorados. Allanan moradas y detienen a sospechosos sin orden de cateo. Confesiones mediante torturas. Testigos nerviosos y confundidos inducidos por los propios policías; investigaciones policiales tendenciosas por órdenes superiores, etc. No terminamos de enlistarlo.

Justo esto origina la excesiva carga de trabajo de los juzgados penales del país y en muchos de los casos las ineficiencias habidas son solapadas por los propios tribunales de primera instancia, cuando ratifican detenciones o emiten auto de término Constitucional, sin los requisitos necesarios, lo que redunda en juicios plagados de irregularidades que concluyen en sentencias absolutorias y no precisamente por acreditarse inocencia.

Los centros penitenciarios están hasta el tope de personas recluidas injustamente que son liberados mediante el Juicio de Amparo, pero esto no tiene razón de ser, si desde el comienzo se hacen las cosas bien y lo crítico es que cualquiera de nosotros puede ser objeto de tal criminalidad institucional.

Esto es consecuencia de instituciones desprovistas de evaluaciones objetivas. El manejo estadístico en las Procuradurías, de lo que procede, de lo que no procede, lo que se rezaga y sus motivos, en complicidad positiva de los tribunales superiores de justicia, así como de lo actuado por los tribunales federales, logra pulcritud en el desempeño en beneficio de la sociedad.

Y si a esto le aunamos que, por negligencia o desconocimiento, se incurre en responsabilidad administrativa, penal y hasta civil, por lo tanto, el servidor público que ocasione atropellos debe ser ajusticiado como un excelente referente para que el derecho de las víctimas y los victimarios permanezcan siempre a buen resguardo. Esto, cuando querer es poder. 

En México se han preocupado por instaurar un nuevo modelo de justicia penal; se ocuparon de la forma, pero el drama verdadero es de fondo; el humano, que debe ser vigilado. Y no es así.  

De Alto Nivel

* Los cachirules de “Pancho Botella” 

* Gina y Candita, las ven hacia el 18 

* Andrés Manuel no va a estar en el 15

PRI hundido. El capitán del Pritanic, lejos de tapar los agujeros y achicar el agua del 1 de julio pasado, hace exactamente lo contrario. No pintan bien las cosas en el PRI-estatal hacia el relevo en el Comité Directivo Estatal.

Antonio Caraveo Maldonado / a_caraveo2001@hotmail.com

Un reflejo de ello se vio en el Consejo Político Estatal, donde fue impugnado el líder del tricolor, Francisco Herrera León, en la ruta para elegir a los 30 consejeros nacionales.

El primero en disparar fue el ex líder del tricolor, Félix Eladio Sarracino Acuña, quien criticó el método pues no se está motivando y fundamentando la acción de por qué suplen nuevos consejeros.

Sarracino dice a Clip / Reporte Semanal que en una ignorancia jurídica del mandamás priista, pese a que es abogado, busca imponer sus decisiones al margen de los estatutos, al igual que cuando buscó postularse como candidato a diputado plurinominal local y fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo puso en orden al negarle tal candidatura.

A esa postura se sumó el notario público y ex diputado local Miguel Cachón Álvarez, quien junto al de Huimanguillo va a llevar la impugnación hasta el TEPJF.

Sarracino no salió limpio, pues los porros de Herrera se le fueron encima cuando protestaba por los consejeros cachirules.

BOMBERO

Florizel Medina Péreznieto, ex presidente del comité estatal priista, actuó como apaga-fuegos, pidiendo serenar los ánimos por los atropellos de Herrera.

Varios priistas, entre ellos, Selene Mollinedo, ex secretaria general, reconocieron el esfuerzo de “Pechel”.

Delante del reportero, jóvenes de dos municipios, por separado, se acercaron a Florizel Medina para solicitarle una orientación, pues luego de las elecciones nadie se les ha acercado. Los han abandonado.

—Es un reflejo de que los priistas están en el abandono —se le inquirió.

—Así es —respondió quien con gusto les daba su número de celular para que lo contactaran.

En eso se acercó Tito Villegas, presidente de la Comisión de Justicia y Gran Jurado, al saludo.

“Ahí te va a rebotar lo de Félix”, le expresó Pechel.

Post-it

Tres tiempos 

Al cumplirse el primer mes de la alternancia en Tabasco, el gobierno del ‘cambio verdadero’ da la impresión que camina en tres tiempos: el de la política, de la administración pública y la aplicación de la ley prometida contra los saqueadores del erario.

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

Tan vertiginosos han sido los acontecimientos desde los últimos días del aciago régimen granierista, que casi nadie percibe que el nuevo gobierno parece ir muy acelerado en un rubro, pero en otros se rezaga o no se avanza como se quisiera.

En materia política, por ejemplo, en menos de un mes el gobierno de Arturo Núñez Jiménez hizo posible lo que cinco de sus antecesores priistas jamás imaginaron, se propusieron o consiguieron: sentar a todas las dirigencias partidistas para impulsar un acuerdo político de largo alcance.

El lunes 28 tuvo lugar el encuentro histórico en Palacio de Gobierno, que estuvo antecedido por cabildeos con los líderes estatales de PRD, PRI, PAN, PT, MC, PVEM y Panal, encabezados por el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda Zubieta.

El mandatario estatal destacó la voluntad política de todos por lograr con hechos, un “cambio de gran calado” que tenga como punto de partida reformas legislativas, políticas públicas y replanteamientos administrativos que exige la entidad. 

Allí estuvo Núñez sentado junto al priista Francisco Herrera León que recién había estado cuestionando las designaciones en un gabinete al que vio ‘tintes futuristas’ y los despidos masivos de burócratas en diversas áreas de gobierno, y también a lado del panista Jorge Ávalos Ramón, que afirmaba que su partido no le extendería un ‘cheque en blanco’ al régimen nuñista. 

Pero les estaba dando su palabra de que “con las mejores reglas del juego” se impulsaría una revisión integral a la Constitución local para avanzar en la transición democrática, a partir de un cambio en las normas de acceso al poder político y la consolidación de mecanismos de democracia participativa, como el plebiscito y el referéndum.

El  5 de febrero se sabrá y se verá qué fue lo que pactaron la nueva clase gobernante y las dirigencias de los siete partidos —incluido el PRD que es la nueva mayoría—, cuál fue su voluntad de ponerse de acuerdo y hasta dónde están dispuestos a llegar en ese deseo manifiesto de construir un Tabasco mejor para todos.

En el manejo de la administración estatal no hay mucho que reconocer o que se palpe. Si bien la falta de medicamentos, insumos y médicos fue atendida antes de la asunción del nuevo gobernador, la situación de los hospitales no ha variado gran cosa desde que estalló la crisis en el sector salud.

Va un botón de muestra: Los hospitales de alta especialidad tienen suspendidas las intervenciones quirúrgicas, y siguen haciendo falta especialistas y medicamentos.

Más allá de las quejas por el desorden encontrado y denuncias mediáticas por presuntas irregularidades de sus antecesores, ninguno de los titulares de las dependencias estatales ha dado a conocer un plan de arranque de gestión que contemple acciones inmediatas para atender las necesidades más urgentes.

Antes —cuando gobernaba el PRI— se estilaba un plan para los primeros cien días. Hoy ya han transcurrido 30.

Y por lo que hace a la aplicación de la ley a quienes le metieron mano al presupuesto o hicieron negocios personales al amparo de los cargos públicos, lo que se tiene —de cara a lo informado— no son más que sospechas y presuntos implicados.

DESCARTES

* Sobre el muerto, las coronas 

* Que culpables no evadan cárcel

Transcurridos los primeros 30 días del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez, plazo establecido por la norma para concluir el proceso de entrega-recepción, es de esperarse que ya se cuente con suficientes elementos para proceder legal y administrativamente contra los ex servidores públicos que hayan participado en el desfalco al erario de los tabasqueños.

Ernesto Sanabria A. / netosanabria@hotmail.com

Fue el propio gobernador quien aseguró el pasado 19 que hasta esa fecha ya había encontrado “huellas del saqueo” que sufrió el estado en el anterior régimen. Inclusive señaló que tenía elementos para construir los casos que sustentarían las demandas.

Por si hubiese alguna duda en el sentido de que las innumerables acusaciones de corrupción contra ex funcionarios no fuesen más que producto del imaginario colectivo, Núñez Jiménez certificó que “hay elementos (para entablar demandas), lo grave sería que no los hubiese no obstante que todo Tabasco sabe que ha habido un saqueo; a veces (este tema) se reduce en la conversación cotidiana al dicho de la gente de que se les acusa de pillos, no de tontos, y que no dejaron huella. Éstos sí dejaron huella y vamos a proceder”.

Días antes, en su toma de protesta, el titular del Ejecutivo fue enfático en señalar que la ley lo obliga a sancionar a quien haya vulnerado el Estado de Derecho en perjuicio del pueblo de Tabasco y por tanto no encubrirá a nadie haciéndose cómplice “de quien haya hecho privados en su beneficio los recursos públicos de los tabasqueños”.

Y como no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, bajo tal lógica los ciudadanos esperan que a partir de esta semana comiencen a ser pescados los “peces gordos” del régimen granierista e inclusive el propio Químico, en caso de comprobarse que fue el “Padrino” de la mafia de cuello blanco que perpetró el robo más descarado al patrimonio estatal.

Punta Fina

La judicialización de la justicia 

Suena raro el título, ¿verdad? Parece pleonasmo, pero trataré de explicarme: En el pasado muy reciente, digamos los últimos 12 años, el aparato policiaco del gobierno fue utilizado para persecuciones. 

José Ureña / primercirculo@hotmail.com

Como la lista de casos es muy grande, para no aburrir al lector refiramos tres citados en su oportunidad en este espacio:

1.- En 2006 el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador de Jalisco, Arturo Zamora, llevaba una delantera impresionante de seis puntos para derrotar al panista Emilio González.

Pero semana y media antes de las elecciones, de repente la Procuraduría General de la República (PGR) intervino su notaría pública y otras propiedades suyas so pretexto de actuaciones por estar Zamora presuntamente involucrado con el crimen organizado y prestar servicios de escrituración a conocidos capos del narcotráfico.

El escándalo fue mayúsculo y el resultado mejor para el Partido Acción Nacional (PAN) y el gobierno saliente de Vicente Fox: con ese desprestigio inducido Zamora fue derrotado y ganó González.

2.- Julio de 2007.

El priista Jorge Hank Rohn había alcanzado en algunas encuestas al panista Guadalupe Osuna y ponía en riesgo la cuarta administración de Acción Nacional en Baja California.

Unas semanas antes fueron detenidos sus escoltas por agentes de la PGR acusados de crímenes y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército.

Resultado: Hank Rohn fue derrotado y Osuna es gobernador de Baja California.

Y 3.- Muy cerca de las elecciones de 2012, algunos testigos protegidos involucraron a tres ex gobernadores de Tamaulipas —Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio  Hernández— de relaciones cercanísimas con el crimen organizado y de servir específicamente a Los Zetas, el grupo delincuencial formado por renegados militares de élite.

La entonces procuradora Marisela Morales hizo los señalamientos públicos, declaró fundados los cargos, consignó el caso e intervino propiedades de Yarrington.

Desde el punto de vista legal Yarrington es un prófugo de la justicia.

Esta vez no hubo resultados favorables al PAN: su candidata Josefina Vázquez Mota fue derrotada en toda la línea por el priista Enrique Peña Nieto y enviada al tercer lugar, atrás del ex perredista Andrés López.

EXTRAÑO INICIO DE MURILLO

Los senadores asistentes el fin de semana pasado a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, cuentan la siguiente historia:

Varios de ellos quisieron tocar el tema de los perseguidos por el PAN, Felipe Calderón y Marisela Morales ante el procurador Jesús Murillo Karam.

Lejos de tomar el guante y comenzar a lanzar golpes en la sombra, Murillo Karam los contuvo en seco:

—Si quieren darme una medalla, pueden hacerlo. Soy el procurador que ha liberado más gente de la que ha consignado.

El procurador no entró en detalles y cuando se los pidieron se remitió a una frase:

—Muchos, pero sobre todo arraigados.

Fortalecer Colegio de Ingenieros, plantea Rafael Giorgana

Capacidad, experiencia y juventud son las credenciales con las que Rafael Giorgana Pedrero aspira a dirigir el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, tomando como referente la unidad que prevalece al interior de este organismo colegiado y a la buena disposición para colaborar en proyectos de infraestructura con el gobierno estatal que encabeza Arturo Núñez Jiménez.

Desde la semana pasada en que se dio a conocer la convocatoria para renovar este organismo, que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero y en el que participarán los 340 integrantes activos, Giorgana Pedrero anunció su interés en buscar la presidencia y comenzó a buscar los consensos para trabajar en un proyecto de unidad y compromiso.

“Nosotros queremos aportar, no vamos a lucrar con la organización, ya que nos preocupa el futuro de la ingeniería en México”, declaró recientemente tras enfatizar que buscará “un Colegio vivo, actuante, participativo al interior de la sociedad de Tabasco”.

El reconocido ingeniero reconoció en el gobernador Arturo Núñez a un político con una gran visión de Estado y ponderó que haya designado en su gabinete a personas con el perfil adecuado para las tareas encomendadas.

Citó los casos del secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Manuel Ordóñez Galán, y al titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Alejandro de la Fuente Godínez, entre otros funcionarios de primer nivel.

En la víspera de su registro, el candidato al Colegio de Ingenieros participó en la mesa redonda “El futuro de la Ingeniería en México”, donde declaró que ha recibido el respaldo de 60 ingenieros que han contribuido en la elaboración de propuestas y proyectos que pondrán a consideración de sus colegas.

Insistió en que su equipo de trabajo observaría tres elementos fundamentales: capacidad, experiencia y juventud, en donde las mujeres tendrán una participación muy importante.  

Unifica José Luis Dagdug candidatura de CMIC

Propone que la obra pública se disperse entre todos los constructores tabasqueños; pugna también por frenar empresas “patito”

Con la propuesta de trabajar para unir al sector constructor y demandar que la obra pública se disperse entre todos los empresarios tabasqueños del ramo, José Luis Dagdug Contreras solicitó su inscripción como candidato “de unidad” a la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

Acompañado por integrantes de su planilla, este lunes 28 acudió a las oficinas del gremio para presentar la documentación correspondiente y formalizar su candidatura a suceder en el cargo a José Ventura Priego Madrigal, en un proceso que se llevará a cabo el próximo 27 de febrero durante la asamblea ordinaria de los integrantes de la CMIC.

José Luis Dagdug ha pugnado por que las dependencias federales y empresas paraestatales que realizan obras en la entidad adjudiquen tales obras a constructores tabasqueños. De igual manera ha propuesto al gobierno estatal y a los ayuntamientos a que beneficien a las compañías locales.

En ese sentido, el empresario oriundo de Huimanguillo propuso que así como el gobernador Arturo Núñez Jiménez ha demostrado voluntad política para transparentar el ejercicio de la administración pública, se debe evitar que los gobiernos municipales utilicen a constructoras “patito” para hacer negocios lucrativos de beneficio personal.

Entre su plan de trabajo propone que a través de la CMIC se certifique a las empresas de la construcción establecidas legalmente en la entidad, de tal manera que la adjudicación y contratación de obras sea más transparente y equitativa.  

Cobertura de salud a todos los chiapanecos

Encabeza el gobernador Manuel Velasco el arranque estatal del operativo Reafiliación 2013 del Seguro Popular

TUXTLA GTZ., CHIS.- “El sano desarrollo de las familias chiapanecas, es y será siempre una prioridad en mi gobierno”, declaró el gobernador Manuel Velasco Coello en el Arranque Estatal del Operativo Reafiliación 2013 del Seguro Popular.

Aseguró que con el apoyo de todas y todos los chiapanecos respaldará este programa que precisa  el apoyo a mujeres y hombres, niñas y niños que no tienen seguro social, logrando así una cobertura de salud en todos los hogares de la entidad.

“Estamos dirigiendo todo nuestro esfuerzo para garantizarles un entorno de salud y bienestar, estamos enfocando todas nuestras fuerzas para que todas y todos los chiapanecos gocen de mayores oportunidades de vida”, acotó.

Asimismo, recalcó la meta con esta brigada es alcanzar 1 millón y medio más de afiliados al Seguro Popular en Chiapas, del gobierno Estatal y Federal, pues hasta ahora sólo 3 millones 414 mil 767 personas tienen garantizado el acceso a la salud, mediante el esquema de seguridad social.

Explicó también que los recursos destinados al Seguro Popular son más de la mitad del presupuesto total que tiene la Secretaría de Salud y se determinan por el número de afiliados a este programa, todo esto para alcanzar las metas fijadas y por ello, dijo, “si mantenemos el padrón de afiliados, contaremos con los recursos indispensables para que el seguro popular siga beneficiando a todas y todos los chiapanecos”.

Velasco Coello, enfatizó también que su gobierno sostiene que la solución a los problemas de salud, está en el cuidado personal y de las familias, por tanto durante su administración trabajará por la mejora en la calidad de los servicios y por alcanzar la cobertura universal en toda la entidad.

Ante ello, subrayó que es necesaria la participación de todos y todas quienes cuentan con el Seguro Popular para realizar el trámite de reafilición y quienes no, con el trámite de afiliación.

Además resaltó que los chiapanecos han dado muestra de su capacidad, equidad e inclusión, con la suma a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a la cual dio el banderazo de salida el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hecho que demuestra que la participación de todas y todos es fundamental para un presente y futuro con más oportunidades de alimentación de calidad, salud y educación.

En ese sentido, el secretario de Salud en el estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, indicó que es inaplazable avanzar en la consolidación del Sistema Chiapaneco de Salud, con la aplicación de políticas públicas de verdadera visión hacia el futuro.  

Modernizan carreteras en zona oriente de Yucatán

No se puede aspirar a un desarrollo económico y social pleno si no se cuenta con la infraestructura necesaria, apuntó el gobernador Rolando Zapata

MÉRIDA, YUC.- Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, el gobernador Rolando Zapata Bello entregó los trabajos de modernización de los tramos carreteros que van de Colonia Yucatán a El Cuyo, en su primera etapa, y de Río Lagartos a San Felipe, importantes obras que mejoran la conectividad terrestre en la zona oriente del estado.

En gira de trabajo por aquella región de la entidad, el titular del Poder Ejecutivo también dio el banderazo de inicio de la obras de reconstrucción de la segunda fase de la vía Colonia Yucatán-El Cuyo, que comprende 22 kilómetros, en lo que aplican recursos por más de 22 millones de pesos.

En la primera etapa de esta vía, de 14.4 kilómetros, se invirtieron más de 13.3 millones de pesos. Una vez concluidas las dos fases de esta carretera, cuya longitud total es de 36 kilómetros, el beneficio será para más de tres mil habitantes de las comisarías tizimileñas de Colonia Yucatán, La Libertad, Santa Ana, Samaria, Cenote Azul, San Pedro Bacab, Santa Rosa, Santa Pilar, Moctezuma y El Cuyo entre otras.

Por lo que toca a la vía San Felipe-Río Lagartos, la erogación ascendió a 18.1 millones de pesos y beneficia directamente a tres mil 896 habitantes.

Ante habitantes de estas localidades, alcaldes, funcionarios estatales y federales, el mandatario señaló que el desarrollo de Yucatán tiene que pasar por todas sus regiones, por lo que afirmó que la construcción y mejoramiento de la infraestructura carretera del estado es una labor constante y de primer orden.

No se puede aspirar a un desarrollo económico y social pleno de toda la entidad si no se cuenta con las condiciones de accesibilidad propicias para generar el impulso que los municipios y las comisarías requieren, apuntó.

En presencia del acalde de Río Lagartos, Elmer Contreras Tabasco, Zapata Bello mencionó la importancia de la modernización del tramo carretero federal que va de Valladolid a dicha comunidad, por lo que convocó a las autoridades municipales y habitantes de la zona a sumar voluntad y trabajo con el Gobierno del Estado para hacer las gestiones necesarias que permitan hacer realidad esa obra.

“Uno de los principales compromisos del Gobierno del Estado es el trabajar con los municipios, sin distingo, y con el Gobierno federal para que estas obras se hagan en toda la entidad”, abundó.

En el puerto de El Cuyo, comisaría de Tizimín, el mandatario inauguró las obras de pavimentación de calles y construcción de banquetas, en las que las autoridades municipales invirtieron recursos por más de 1.4 millones de pesos.