Clip / Reporte Semanal No. 80

Los mil 900 mdp, o los robaron o fueron a parar al PRI

“La autoridad superior era el gobernador. No creo que no estuviese enterado que no llegaban los recursos a Salud, a Educación, a los de Seguridad Pública, aunque se sabía que la Federación ya les había depositado”, señala Arturo Núñez Jiménez 

Fernando Hernández G. / fdohernandezg@hotmail.com

Ante la ‘desaparición’ de mil 900 millones de pesos transferidos al estado para programas federales, principalmente de salud, y dado que no se aplicaron la Tesorería de la Federación está exigiendo su reembolso, el gobernador Arturo Núñez Jiménez admite que su gobierno no está en condiciones de devolver ese recurso, y solicitó el apoyo de las unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), y la intervención de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), para seguirle la pista de a dónde está ese dinero.

“No hay más que dos posibilidades: o fue gasto político o se lo robaron, o ambas cosas”, intuye el mandatario tabasqueño en una conversación con Carmen Aristegui, de Noticias MVS, el viernes 22 luego que la prensa capitalina destacó en sus titulares de primera plana el saqueo y los enormes pasivos —que no fueron 10 mil millones sino 17.7 mil millones de pesos— heredados por la administración granierista.

—¿Qué le llama más la atención? ¿Qué le parece más grave? ¿Qué le parece más delicado? —le inquiere la aguerrida comunicadora.

“Lo más grave —contesta Arturo Núñez— es el faltante de mil 900 millones de pesos de programas federales, que la Federación transfirió, puso a disposición de cuentas del gobierno del estado, de la Secretaría de Finanzas, y ésta nunca las hizo llegar a las cuentas de las dependencias ejecutoras, fundamentalmente a la Secretaría de Salud, donde el faltante es de mil 200 millones de pesos”.

“Eso explica en buena medida —prosigue— la crisis que se vivió el diciembre pasado, cuando los directores de los principales hospitales de Tabasco se proclamaron en emergencia médica, debido a los adeudos con los proveedores y adeudos con médicos”.

Indica que ese dinero no está, ni se gastó para lo que fue enviado, y la Tesorería de la Federación, aplicando la normatividad, exige su devolución para realizar el cierre del ejercicio fiscal 2012 y poder abrir el de 2013.

“Evidentemente no estamos en condiciones de devolver, porque el dinero depositado en cuentas federales, lo transfirieron a una cuenta que se llama ‘concentradora’, en la que se mezclaban recursos federales y locales y ahí hay una serie de cheques emitidos, no por mil 900 millones, por una cantidad mayor, que no hay una documentación comprobatoria que lo avale y que no sabemos el destino de a quién fue pagado”.

ABRÍAN Y CERRABAN BOQUETES

De este asunto, dice, se han presentado denuncias ante las autoridades competentes. Y hace una acotación: “Aquí tenemos que ser muy cuidadosos para no cometer pifias que luego a esta gente le sirvan en su defensa, porque acreditar estos llamados ‘delitos de cuello blanco’, es bien complicado; se trata de pruebas documentales, contabilidad, cuentas bancarias y hay responsables ahí claramente: quiénes firmaron los cheques, transferencias; quiénes expidieron los cheques, donde se pierde la pista del dinero”.

Añade: “Ahí no hay problema para identificarlos y que den cuentas. Pero hay otros casos donde no se firma. Pero yo no tengo ninguna duda de la responsabilidad política de que una cantidad así, pues no la pudo haber autorizado un jefe de departamento o un agente de bajo nivel en la línea de mando”.

Prosigue: “Además, me reporta la Secretaría de Finanzas que esto no fue sólo en el 2012. Esto venía ocurriendo desde hacía unos cinco años, cuando llegaba el momento del ejercicio fiscal, se ‘cerraba’ el año, tenían prestado a corto plazo en algún banco, cubrían el boquete; lo volvía a abrir en el nuevo año fiscal, o sea que se les acabó el sexenio y no les dio tiempo de hacerlo.

“LA AUTORIDAD SUPERIOR ERA AGM”

—Necesariamente, de lo que está describiendo, tuvo que tener conocimiento el hoy ex gobernador. ¿Cuál fue el tipo y alcance de la responsabilidad de Andrés Granier en todo esto? —pregunta Aristegui.

Responde Núñez: “Pues, mil 900 millones de pesos federales jineteados, que no llegaban al sector Salud, obviamente los médicos empezaron a reclamar que no llegaban los recursos… la autoridad superior era el gobernador, no creo que no estuviese enterado, no llegaban a los de educación, no les llegaban a los de Seguridad Pública. Aunque se sabía que la federación ya les había depositado; entonces, no creo que exista posibilidad que no lo supiera.

DAR NOMBRES NO AYUDARÍA…

—Dice que “o fue gasto político o se lo robaron, o las dos cosas”. ¿A quién se refiere específicamente cuando habla de esa gente? ¿Tiene usted en su mapa: nombres, apellidos, algo que identificar?

“Sí los hay, Carmen, pero aquí se me ha recomendado por los abogados no dar nombres, porque dentro de la estrategia de la defensa podrían decir que esto es un ‘linchamiento político’ y de que, en tanto no se pruebe en tribunales, nuestra Constitución garantiza la presunción de inocencia; por lo tanto, si yo doy nombre, soy un funcionario de elección popular, de origen político, no la autoridad competente para la procuración de justicia, para la investigación administrativa de la Contraloría y no ayudaría al desarrollo de los procedimientos”, expresa Núñez.

Y sin embargo, suelta: “Van a ser bastante evidentes, porque los que tenían la firma, eran funcionarios muy claros de Finanzas, pero por esta razón, pido su comprensión de no dar nombres, pero pronto se conocerán”.

—¿Las denuncias están en curso?

“Así es. Ayer (21 de febrero) la contralora del estado empezó a presentar denuncias en la Procuraduría del Estado; lo vamos a hacer en la Procuraduría General de la República. Yo ya he puesto en antecedentes a Murillo Karam; lo vamos a hacer ante la Función Pública. Le vamos a dar cuenta a la Auditoría Superior de la Federación para que en la revisión de la cuenta pública de 2012, le ponga especial atención a estos rubros, que nosotros nos hemos encontrado”, explica.  

Al borde del colapso por déficit de seis mil mdp

“Si de algo puede ser útil la alternancia en Tabasco, justamente es para terminar este sistema de connivencia, de complicidad y de encubrimiento, del que yo no voy a ser partícipe”, sostiene el mandatario perredista 

Fernando Hernández G. / fdohernandezg@hotmail.com

Entre las sorpresas que Arturo Núñez Jiménez halló al asumir el poder, sobresale un déficit presupuestal de unos seis mil millones de pesos, que le enteró su secretario de Finanzas, Víctor Lamoyi Bocanegra. Y un tanto en broma, comenta que “me da miedo” reunirse seguido con este funcionario, pues “en cada ocasión me reporta el descubrimiento de un nuevo adeudo o de alguna nueva irregularidad que se van encontrando”.

—Usted recibe un presupuesto con muchas interrogantes; digamos con un conjunto de inconsistencias. ¿Qué tiene usted de presupuesto? ¿Qué tipo de cosas ocurren con el diseño de presupuesto y qué piensan hacer con ellas? —inquiere la periodista Carmen Aristegui.

“Se deja aprobado por el Congreso del Estado, que lo presentó así el Ejecutivo, un presupuesto de 36 mil millones de pesos, que para dos millones 300 mil tabasqueños, en realidad debería ser un presupuesto suficiente para atender nuestras necesidades esenciales. Nunca hay un presupuesto que alcance para todo; pero es holgado”, menciona el gobernador.

Y continúa: “Cuando yo pregunté cuáles eran los rubros, las partidas donde podríamos tener márgenes para cambia prioridades, hacer énfasis de lo que los tabasqueños habían votado en las urnas, se me dijo que no había margen de maniobra. Habiendo entrado, nos hemos encontrado que hay compromisos de pago que exceden los 36 (mil) millones de pesos, que llegan casi a los 42 mil millones de pesos. Se excedió más de cinco mil millones que están comprometidos de pagos y que no hay previsión presupuestal para cubrir”.

Lo subraya: “Están fuera del presupuesto”.

Considera que eso podría tener, entre otras causas, el hecho que en diciembre recategorizaron personal sindicalizado, para lo que previeron el incremento salarial que eso implicaba y lo incluyeron en el presupuesto, en los 36 mil millones, pero no previeron 500 millones de pesos de incremento en el aguinaldo. “Entonces, en diciembre esto nos estaría tronando”, advierte.

“No hay dinero para pagar a los proveedores, mil 800, mil 900 millones de pesos a proveedores; no hay previsión presupuestal para pagarlo”, abunda.

“Hay algunos rubros de gasto —indica— en que no se dejó previsión presupuestal, que fue por lo que nos encontramos al borde del colapso al iniciar funciones el 1 de enero, más allá de lo que ya había pasado en la Secretaría de Salud”.

Y revela algunos capítulos no incluidos en el presupuesto 2013: “Por ejemplo, en el caso del presupuesto para el gasto de los alimentos de los reclusos, hay presupuesto para gasto de difusión del gobierno del estado, si no prioritario, sí necesario. Entonces todos esos faltantes, estamos viendo de qué manera podemos reconsiderar una represupuestación con el apoyo del Congreso local”.

“Vamos a ver —dice Núñez— de dónde podemos raspar, porque evidentemente de donde quitemos, pues también tenemos problemas. Tenemos que hacerle cirugía mayor a las finanzas del estado.

UN ‘ROBO’ DEL QUE NO SE HABLÓ

—¿Hubo sustracción de documentos? ¿Hubo desaparición de documentos?

“Sí, Carmen —expone—, tuvimos dos tipos de problemas. El estado se encuentra ejecutando el programa de Armonización Contable, que partiendo de una reforma constitucional, que ha buscado armonizar las contabilidades entre la federación, los estados y los municipios y a pretexto de la entrada en vigor de un sistema informático, por el que se pagó 35 millones de pesos, que tampoco sirve, se programó que los sistemas anteriores dejaran de funcionar el 31 de diciembre de 2012. Bueno, tuvimos que empezar casi rehaciendo la contabilidad ‘a mano’.

“Por otra parte —prosigue—, por algo más de mil 100 millones de pesos, se quiso acudir a los documentos comprobatorios. Al no tener disponible la contabilidad, nos encontramos con la sorpresa que había una denuncia penal, presentada por la Secretaría de Finanzas del Estado ante la Procuraduría del Estado, por el supuesto robo de un camión que había trasladado documentación comprobatoria por ese monto, de una oficina pública a otra… en el trayecto había sido robado.

“Entonces, no hay documentación comprobatoria de algunas dependencias estatales y de algunos programas estatales del orden de mil 100 millones de pesos”.

“NO NECESARIAMENTE FAMILIARES”

—Dentro de esas denuncias, que usted como bien dice no puede dar en este momento nombres y apellidos, pero uno los puede suponer, ¿incluye además de ex funcionarios públicos, personas cercanas, familiares directos al ex gobernador Andrés Granier?

“No estoy en condiciones de responder la pregunta —argumenta—, porque no sé, de manera directa no hemos encontrado ninguna prueba de esas características. Sí hay personas que en algún momento tuvieron función pública, luego se separaron, desde fuera operaron muchísimas cosas y, bueno, estamos integrando expedientes”.

—¿El hijo del gobernador? —le insiste Aristegui.

“No necesariamente. Hay otras gentes, cercanas a él, pero no necesariamente familiares”, expresa.

La última pregunta de la conductora de MVS no pudo ser menos incómoda, o comprometedora:

—¿La cárcel es lo que viene para quien antecedió a Arturo Núñez en lo general, como gobierno?

“Eso es lo que podemos esperar y poder acreditar documentalmente, Carmen. La verdad legal es generalmente una verdad documentada, como se sabe, pues se les acusa de pillos, no de tontos. Evidentemente hay quienes están cubiertos documentalmente, aunque todos sepamos en Tabasco quiénes son los responsables del saqueo”.

—De lo que hoy habla, ¿es de las cuentas 2012?

“Exclusivamente 2012”.

—¿Sí hay materia para los años anteriores?

“Pues también eso lo tenemos que hacer por obligación. Imagínese: la Federación exige: ‘devuelve lo que no usaste, gobierno de Tabasco’. Pues no solamente es mi voluntad y mi convicción de cumplirle a los tabasqueños, desagraviarlos de este saqueo tan terrible, sino también es una necesidad. Si yo no reporto, ¿voy a meter bajo el tapete mil 900 millones para cubrir a quién o por qué? Si de algo puede ser útil la alternancia en Tabasco, justamente para terminar este sistema de connivencia, de complicidad y de encubrimiento, del que yo no voy a ser partícipe”, concluye.  

Prácticas dilatorias de TCAT en caso de notarías

La SCJN define que el Tribunal de lo Contencioso de Tabasco debió declarar que el Ejecutivo “violó la Ley del Notariado”, al permitir la participación de quienes fueron juez y parte en el proceso de asignación 

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com

El Tribunal Contencioso Administrativo de Tabasco (TCAT) mantiene su conducta dilatoria en el caso de la impugnación a las 15 notarías titulares y adscritas concesionadas por el entonces gobernador Manuel Andrade Díaz, hace ya seis años. 

Hace cuatro meses la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en definitiva declarar “ilegal” y “nulo el examen de suficiencia de la función notarial, los actos derivados de éste y, en consecuencia, el procedimiento de designación de notarios” realizadas al final del quinquenio andradista.

Al resolver el amparo directo 46/2011, la Corte ordenó al TCAT emitir una nueva resolución donde cancele la totalidad de las 15 notarías públicas titulares y adscritas, y no sólo de tres como en un principio resolvió, luego del segundo de los tres amparos interpuestos.

La notificación de la Corte llegó al TCAT a mediados de diciembre, y desde entonces no han querido elaborar el nuevo resolutivo en el sentido ordenado por la SCJN.

Principalmente, la Corte determina “tirar” la designación de este grupo de notarios, por la ilegal participación como jurados de los entonces directores de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno, y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Finanzas, que fungieron como presidente y secretaria del grupo encargado de aplicar los exámenes a los aspirantes a notarios.

Ambos fueron ‘juez y parte’ en la aplicación de los exámenes de suficiencia, que ellos también presentaron, viciaron el procedimiento e ilegalizaron el jurado que evaluó y calificó al grupo de abogados solicitantes y, a la postre, notarios públicos titulares y adscritos.

Incluso ambos falsificaron documentos al tratar de justificar que habían solicitado permiso para separarse de sus cargos de funcionarios y del jurado, cuando presentaron sus exámenes como aspirantes a una notaría.

“El hecho de que los funcionarios aludidos hayan participado en el examen de referencia conculcó los principios que rigen los concursos”, sostiene el resolutivo de la Justicia de la Unión, al amparar y proteger al abogado Jorge Arturo Pérez Alonso, quien desde enero del 2007 impugnó la entrega de las notarías ante el TCAT, y luego tuvo que recurrir a dos amparos contra el mismo número de fallos de este Tribunal estatal, que se ha resistido a actuar con apego a la legalidad.

PÉREZ ALONSO, JUEZ Y PARTE

La demanda del juicio contencioso administrativo interpuesto por el abogado y ex notario público adscrito de Teapa, fue resuelta el 25 de marzo del 2009, pero sólo en el sentido de sobreseer el juicio por cuanto hace al director de Talleres Gráficos del Estado, y declarar la legalidad de los actos reclamados por el quejoso.

Inconforme con esa determinación, Pérez Alonso promovió un juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que resolvió en el 11 de marzo de 2010, en el sentido de conceder la protección solicitada, en contra de ese primer resolutivo del Contencioso.

Ante ello, la justicia federal ordenó emitir otro resolutivo, y fue cuando el Contencioso determinó sólo revocarle a Beatriz Plata Vázquez, la notaría número 3 de Paraíso; a Hurí Trujillo Peregrino, esposa del director jurídico del gobierno estado, la notaría número 35 de Villahermosa, y a Darwin Andrade Díaz, la notaría número 36 de Villahermosa.

Fue cuando los tres notarios destituidos y el propio Pérez Alonso, solicitaron cada uno, otro amparo contra ese segundo fallo del TCAT, el cual finalmente atraería la SCJN.

En este escenario se considera que la vulneración en comento no puede entenderse sólo en relación a determinados sujetos, sino que afecta la totalidad del examen de suficiencia impugnado que, por tanto, debe declararse ilegal, establece el resolutivo judicial federal.

“Así las cosas, conforme a los razonamientos elaborados con antelación, es evidente que  los argumentos que hace valer el quejoso en cuanto a este tema han resultado fundados y, por tanto, lo conducente es conceder el amparo solicitado”.

“La protección constitucional se otorga para el efecto de que la Sala responsable (del TCAT) deje insubsistente la resolución reclamada, y dicte una nueva en la que declare nulo el examen de suficiencia de la función notarial, los actos derivados de éste y, en consecuencia, el procedimiento de designación de notarios combatido por el accionante”.

Dejaron a ANJ una papa caliente con caso de notarías

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com

El caso jurídico-político a resolver por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco (TCAT), sobre el grupo de notarías entregadas hace siete años por el gobernador Manuel Andrade Díaz, es de pronósticos reservados ante las inimaginables consecuencias que generará el fallo.

Están en juego millares de documentos expedidos por ese grupo de fedatarios durante todos estos últimos siete años. Igual, penden de un hilo los empleos de personas que laboran en esos despachos notariales.

La cuestión es si les retirarán el Fiat, ¿tendrían o no validez el ‘mundo’ de escrituras, certificaciones y otros asuntos que legalizaron durante el mismo lapso que lleva el litigio, si presuntamente de origen estuvieron viciadas esas notarías?

La ley prevé como sanción la separación definitiva de un notario, sin que por ello queden sin efecto los actos que hubiere otorgado previamente, pues la revocación no tiene el alcance de suspender la función notarial.

Otra arista de este asunto es que los notarios involucrados se preparan para combatir jurídicamente el resolutivo del TCAT, en caso de que les sea desfavorable, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Algunos pretenden buscar la protección de la justicia federal interponiendo amparos, o incluso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Señalan que les causaría un agravio personal y directo que de subsistir sería de imposible reparación para la función notarial que vienen desempeñando en los términos y condiciones que la Ley del Notariado establece.

Otra interrogante es si el Tribunal de lo Contencioso determinará que se reponga el procedimiento de un nuevo examen en el que sólo podrían presentarlo nuevamente el grupo de notarios que resultará afectado, o si el nuevo resolutivo será a partir de una nueva convocatoria que deberá emitir el actual gobernador.

¿O será facultad del mandatario Arturo Núñez la decisión de ratificar o no la creación de esas nuevas notarías que decidió Manuel Andrade Díaz?

El resolutivo de la SCJN también es poco claro, pues no estableció plazos ni definió en concreto, sólo pide que se emita una nueva resolución y deje sin efecto la que dictaminó quitar sólo tres notarías y dejar las otras.

En el voluminoso expediente votado por la Segunda Sala de la Corte se pide al Contencioso dictar “una nueva en la que declare nulo el examen de suficiencia de la función notarial, los actos derivados de éste y, en consecuencia, el procedimiento de designación de notarios”.

“Lo anterior, sin perjuicio de que, de estimarlo conducente, ordene la reposición del procedimiento relativo que, en todo momento, deberá ajustarse a la normatividad aplicable”, subraya el dictamen al resolver el amparo directo 46/2011 (relacionado con los diversos amparos directos 43/2011, 44/2011, y 45/2011).

En el acuerdo de la Segunda Sala del Poder Judicial Federal, del 24 de octubre del 2012, destaca que “se considera que la vulneración en comento no puede entenderse sólo en relación a determinados sujetos, sino que afecta la totalidad del examen de suficiencia impugnado que, por tanto, debe declararse ilegal”.

Al no expresarlo literalmente el resolutivo de la SCJN, se interpretaría que se repita el examen con un nuevo jurado que integrarían los actuales funcionarios del gobierno de Arturo Núñez, y de ser aprobatorio se vuelva a entregar los Fiat de notario a quienes lo pasen.

La protección constitucional se otorga para el efecto de que la Sala del TCAT responsable deje insubsistente la última resolución que emitió sobre este asunto.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas, y el ministro presidente Sergio A. Valls Hernández. La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos formularía voto concurrente.  

Ni hurtando documentos pudieron tapar el brutal cochinero granierista

Los señalamientos por irregularidades en contra de Héctor López Peralta, ex titular de SAOP, “no eran de gratis”. De su área ‘desaparecieron’ mil 301 millones de pesos del Capítulo 6000 

Alejandro Esquivel C. / alesquivelc@hotmail.com

El anuncio cimbró a la clase política local y tuvo resonancia a nivel nacional. Los principales diarios de la capital del país lo resaltaron en sus portadas: El saqueo en Tabasco fue brutal, pero existen nombres y apellidos de los responsables, se dio a conocer para tranquilidad de los tabasqueños, quienes piden un castigo ejemplar para funcionarios del gobierno anterior que dejaron una deuda por más de 17 mil 700 millones de pesos.

Y no es para menos, ya que el saqueo fue de tal magnitud que el 24.47 por ciento de las participaciones federales del estado están ya comprometidas por los próximos 20 años. Es decir, la indisciplina presupuestal, la mala administración, la falta de previsión y controles, aunados a la grave y generalizada corrupción de las estructuras de gobierno, son responsables en alto grado de la actual situación.

En síntesis, ex funcionarios de la administración de Andrés Granier Melo desaparecieron, cual magos, mil 918 millones de pesos destinados a programas federales de salud, educación, justicia y seguridad pública, por lo cual ya están en trámite sendas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de la República, así como los avisos a Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación.

Núñez Jiménez hizo un ‘corte’ de las irregularidades encontradas en sus primeros 51 días que lleva al frente del gobierno de Tabasco, en los que detectó que la deuda estatal alcanza los 17 mil 737 millones de pesos, 7 mil millones de pesos más a lo reportado por el ex mandatario Andrés Granier Melo. 

El responsable del manejo de las finanzas públicas durante los seis años del gobierno de Granier Melo fue José Sáiz Pineda —a la fecha está en calidad de desaparecido y hace mucho no se le ve en la entidad—, quien en plena inundación de 2007 fue acusado de ‘sacar’ millonarios recursos del estado en una avioneta, lo cual fue consignado por varios medios de comunicación.

“AL PUEBLO PAN Y CIRCO, Y SANGRE…”

Para Valdemar Pérez Martínez, maestro en administración pública por La Salle, tan delicado es el desbarajuste administrativo que se tenía, “ya sea con conocimiento de causa o por desconocimiento administrativo”, como el hecho de que en varias dependencias se haya registrado el robo de documentos oficiales, pues “quisieron tapar el cochinero”.

Precisa que dicha documentación eran respaldo del ejercicio de mil 301 millones de pesos del Capítulo 6000, relativo a infraestructura para el desarrollo, obra pública y servicios relacionadas con la misma. Es decir, apunta, los señalamientos por irregularidades en contra de Héctor López Peralta, ex secretario de Asentamientos y Obras Públicas, “no eran de gratis”.

“Existe una frase que aplicaba un emperador romano que decía: ‘al pueblo, pan y circo’, y en términos políticos yo le agregaría: ‘y sangre, cuando la pida”, explica Pérez Martínez al referirse a todos esos ciudadanos que hoy piden a gritos un castigo ejemplar contra aquellos acusados de saquear las arcas estatales, “pues de lo contrario quedará un mal sabor de boca entre ellos”.

“APLICARLES UN CORRECTIVO EJEMPLAR”

Ciudadanos tabasqueños coincidieron en que a Andrés Granier y sus ex colaboradores es necesario aplicarles la ley para sentar un precedente, un correctivo ejemplar, y que quienes de ahora en adelante ocupen un puesto público sepan que los recursos públicos son intocables.

Para Margarita Moreno, a esos que se robaron el dinero de todos nosotros deberían meterlos a la cárcel. Así de lapidaria es la ama de casa, quien señala que si ellos ‘no se tentaron el corazón’ para robar, las autoridades tampoco deben hacerlo para sancionar, pues “ya basta de que sexenio con sexenio llegan muchos recursos y Tabasco sigue cada vez peor”.

Así es el sentir de la ciudadanía, misma que también se pronunció por extirpar del gobierno “todas esas estructuras que quedaron del antiguo régimen”, ya que aunque la nueva administración quiera hacer las cosas bien, sin duda que habrá muchos que queden y no pierdan la oportunidad de ‘complotar’ y boicotear el cambio verdadero.

“UN VERDADERO ASUNTO DE DESVÍO…”

Al hacer el anuncio de la situación económica estatal, el gobernador Arturo Núñez Jiménez recalcó que queda claro que por la magnitud y temporalidad, las irregularidades no pudieron haber sido cometidas sin el conocimiento del ex mandatario Andrés Granier, a cuya hija, Mariana Granier Calles, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le congeló 16 millones de pesos —se había dicho inicialmente que eran tres mil millones— de procedencia incomprobable aún.

Ha quedado, además, suficientemente explicado por parte del actual jefe del Ejecutivo estatal, que no se trata de revanchismo ni ‘cacería de brujas’ sino de un verdadero asunto de desvío de recursos que, independientemente de quien se trate, debe ser sancionado por tratarse de un quebranto a las arcas estatales.

De hecho, el gobernador Arturo Núñez aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto ha ofrecido todo el apoyo de la Federación en las indagatorias por el “desfalco financiero” de más de mil 900 millones de pesos durante el gobierno del priista Andrés Granier, quien toleró un saqueo de las finanzas estatales entre irregularidades en el manejo de la deuda, desvío de recursos y robo de documentos que daban cuenta de contratos de infraestructura.

NI PA’LA COMIDA DE PRESOS DEJARON

Ante ello, el mandatario estatal ha asegurado que tiene la convicción de ir hasta las últimas consecuencias para investigar y dar con los responsables del desfalco en el estado que afectaron salud, agua potable, transporte, incluso dejaron sin presupuesto para dar de comer a los presos.

Va más allá y explica cómo se realizó el saqueo: “de la cuenta en que deposita la Federación se transfirieron a otra cuenta concentradora, donde hay recursos de cuentas locales, y de ahí se emitieron cheques siempre por menos de tres millones de pesos, para no ser detectados en Hacienda, y no se sabe a quién se le pagó, ni las comprobaciones”.

“Lo que necesitamos es demostrar a los tabasqueños que no hay impunidad, que quienes llevaron a este endeudamiento al estado no van a quedarse disfrutando sus riquezas mal habidas, van a ser sancionados y, en medida de lo posible, que se recupere el dinero al destino al que tenía que ser destinado de manera original”, puntualizó.

Por si ello fuera poco, en la Secretaría de Finanzas manipularon y modificaron el programa de cómputo del Sistema Informático de Gestión Presupuestaria para que dejara de funcionar el 31 de diciembre de 2012, lo que implicó dificultades para cerrar el ejercicio fiscal de ese año y el inicio de 2013. 

Sin embargo, dijo Núñez en rueda de prensa, “existen responsables, perfectamente identificados, con nombre y apellido, de haber autorizado con su firma las transferencias de los recursos de las cuentas federales a otras cuentas de donde desaparecieron, sin haber realizado las comprobaciones o, en su caso, haber hecho los reintegros necesarios”.   

Ramón Díaz Uribe, al borde del “despeñadero”

Alejandro Esquivel C. / alesquivelc@hotmail.com

Acostumbrado a chantajear a las autoridades de Educación, imponer a incondicionales, usufructuar los recursos del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Sicobatab) y rodearse de corruptos como él, José Ramón Díaz Uribe aún no entiende que los tiempos de la política cambiaron y que sus llamados a paros laborares como demostración de ‘poder’ lo tienen obnubilado y no lo dejan ver su despeñadero.

Haberlo dejado crecer como el liderzuelo que se ostenta en los tres últimos sexenios priistas, creó un monstruo que también contribuyó al saqueo que se cometió en el sector educativo durante el terrible sexenio de Andrés Granier Melo.

Por años, Díaz Uribe ha hecho ‘chanchuyo’ con las cuotas de los maestros y empleados sindicalizados. De la noche a la mañana, el pequeño líder del Sicobatab pasó de humilde maestro de la carrera de comunicación en la UJAT (donde en poco tiempo se convirtió en el más ‘faltista’), a amo y señor de ese sindicato, lo que le permitió comprar propiedades, comer en restaurantes de lujo, usar ropa cara y dar órdenes a sus agremiados como cualquier hacendado.

Tras de sí, Díaz Uribe lleva una larga estela de corrupción y robo que en breve lo podría llevar a visitar por larga temporada las celdas del Creset, donde —coinciden varios maestros que pidieron el anonimato— debió haber llegado hace mucho tiempo, junto con sus secuaces más cercanos.

Hace una semana, antes de los acontecimientos recientes que devinieron en el compromiso por parte de la Dirección General del Cobatab para reconocer los estudios de bachillerato en sistema abierto, Ramón Humberto Beltrán Chaires, secretario general del Sindicato Independiente del Cobatab, denunció que José Ramón Díaz Uribe está cometiendo un fraude con jóvenes que se inscribieron desde hace un año en ese sistema, “el cual estableció de manera ilegal los fines de semana, porque no tiene reconocimiento legal de la institución”.

Es decir, la primera generación —aproximadamente mil adultos— está por terminar sus estudios y existe incertidumbre porque nadie les informa sobre sus certificados, por lo que “el fraude se da porque la entonces directora Gely Ocaña le autoriza a Díaz Uribe que utilice los planteles los fines de semana para esa escuela patito”.

Una minuta firmada el 29 de mayo pasado, entre la entonces directora general del Cobatab, María de los Ángeles Ocaña Rodríguez, y José Ramón Díaz Uribe, en su calidad de secretario general del Sicobatab, exhibe la forma en que la institución educativa entregaba millonarias sumas al sindicato, de manera ilegal, tal vez como apoyo por sus ‘servicios electorales’, sugieren algunos maestros.

SE LE PROTEGÍA DESDE LA SG

Todo ello, avalado obviamente por el gobierno de Granier, a través del entonces subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Javier Pavón Bernat, ya que dicha minuta fue pactada y firmada en su oficina.

La cláusula primera del documento establece que el Colegio de Bachilleres se compromete, “por única ocasión”, a adelantar al Sicobatab 10 millones de pesos para su ‘caja de ahorro’, en apoyo “de la economía de los trabajadores”, monto que supuestamente más tarde se descontaría al sindicato a razón de tres millones de pesos en octubre; tres millones más en noviembre y cuatro millones en diciembre.

El cacique dejó que Normando Granados colocara a sus allegados

“Es una pena y una lástima que la educación media superior esté en manos de un solo dueño, señor y amo, como lo quiere seguir siendo José Ramón Díaz Uribe”, señala Lucy Tovar, la ex funcionaria del Cobatab despedida en octubre de 2012 

Alejandro Esquivel C. / alesquivelc@hotmail.com

El ex director general del Cobatab, Normando Granados —involucrado en el escándalo de los bonos millonarios que se repartieron entre funcionarios del subsistema Cecyte, del que fue director jurídico antes que lo premiaran con la titularidad de esa institución educativa— supo entenderse a la perfección con Díaz Uribe, a grado tal que lo dejó meter en nómina a gente de su confianza, como Aníbal López Montiel, otro de los saqueadores, quien pasó de ser maestro del Conalep (con estudios en hotelería) a flamante funcionario bachiller.

De ello dio cuenta Lucy Tovar, quien dijo que la ex directora, María de los Ángeles Ocaña, cuestionó el hecho del personal comisionado al sindicato que estaba en tareas distintas a las sindicales. Por tanto, es una pena y una lástima que la educación media superior esté en manos de un solo dueño, señor y amo, como lo quiere seguir siendo José Ramón Díaz Uribe.

Mientras tanto, las nuevas autoridades del Cobatab, encabezada ahora por Jaime Mier y Terán, indagan si el Sicobatab devolvió los 10 millones de pesos “para su caja de ahorro, en apoyo de la economía de los trabajadores”, o los recursos terminaron en los bolsillos de Díaz Uribe y sus secuaces.

En el mismo documento firmado a finales de mayo pasado se especifica que el Cobatab “depositará mensualmente al Sicobatab”, durante todo 2012, la cantidad de 330 mil pesos “para la operatividad de su Comité Ejecutivo”.

La minuta explica que tomando en cuenta la desaceleración de la economía mundial, nacional y estatal, y reconociendo que esta crisis “puede afectar el cumplimiento de algunas de las prestaciones en especie” que prevé el contrato colectivo de trabajo (CCT), las partes convienen que “este tipo de prestaciones se otorguen a los trabajadores a través del Sicobatab”.

Para tales efectos, “el Cobatab presupuestará de sus recursos propios el circulante necesario y hará entrega éste a la organización sindical, sin que exceda el gasto ejercido el año próximo pasado, con la finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales que a continuación se enlistan:”

Y se destaca una lista de 16 productos con un costo total de 15 millones 471 mil 439 pesos, entre ellos, seis millones 944 mil pesos para “canasta navideña y dos pavos”; y diversas sumas para Día de Reyes (139 mil 350 pesos), guantes, cubrebocas, calzados, lentes para computadoras, uniformes, útiles escolares, impermeables, batas, bastones, mascarillas antigás, lámparas de mano y otros.

Según el director del Cobatab, Jaime Mier y Terán, esa “prestación” es ilegal, puesto que quien tiene que adquirir estos productos es la institución educativa para luego entregarlos a los trabajadores, mediante licitación pública de acuerdo con la Ley de Adquisiciones del gobierno del estado.

Y QUIERE SU ‘BONO SEXENAL’

Ello, sin contar que en julio pasado, Díaz Uribe envió un oficio a la entonces directora del Cobatab, María de los Ángeles Ocaña, para “efectos de que dentro de la presupuestación del fin de año, para el mes de diciembre del presente año, se contemple el pago del bono sexenal”, por la cantidad de cinco mil pesos por trabajador.

Dicho bono no fue pagado por el saliente gobierno de Andrés Granier y ahora, a su muy estilo de chantajear y presionar, Díaz Uribe se lo exige al entrante de Arturo Núñez, por lo que al no encontrar respuesta al atraco que quiere seguir cometiendo, el Sicobatab emplazó a paro laboral para el pasado lunes 25 de febrero, en perjuicio de alrededor de 53 mil alumnos de los 101 planteles educativos.

Sin embargo, en el colmo de su altanería, soberbia y prepotencia, dicho seudolíder no sabe que lo que está haciendo es rascarle las bolas al tigre y que de ninguna manera podrá hacer y deshacer a sus anchas como en los gobiernos priistas. Visto esto, no es lejano pensar que a la lista de saqueadores de Tabasco que involuntariamente ya preparan sus maletas rumbo al Creset, se sume el de José ‘Ratón’ Díaz Uribe.  

Rector de 72 horas en UTU

Tras quedar sin efecto la designación de Javier Calderón, el consejo directivo de la Universidad aprobó el nombramiento de Mari Carmen Bravo 

Samuel L. Soto Giles / gi_les@hotmail.com

Después de la irregular elección de Javier Calderón Mena como rector de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, el sábado pasado fue designada rectora sustituta Mari Carmen Bravo Guzmán. En el intervalo, el enfrentamiento entre panistas y priistas pasó por un zafarrancho en las puertas de la institución y un debate en la Cámara de diputados.

En sesión extraordinaria, el Consejo Directivo de la UTU aprobó el nombramiento de la rectora sustituta, luego de quedar sin efecto la designación de Javier Calderón Mena, se informó oficialmente.

El secretario de Educación (SE), Rodolfo Lara Lagunas, le tomó protesta a Mari Carmen Bravo Guzmán como rectora sustituta de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU) ante la presencia de Jorge Cornejo Buendía, representante federal de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ocho días antes, el viernes 15 de febrero, Lara Lagunas le había tomado la protesta a Calderón Mena para que asumiera la rectoría de esa Universidad en Los Ríos.

De acuerdo con información oficial, el gobernador Arturo Núñez Jiménez propuso al Consejo de esa institución educativa, y lo aprobó, el nombramiento de Calderón Mena durante la primera sesión extraordinaria y de reinstalación de la junta directiva.

Lara Lagunas deseó que con este nuevo nombramiento, la UT Usumacinta alcance un desarrollo favorable “para contar con profesionistas mejor preparados, que es lo que demandan los nuevos tiempos que vive Tabasco”, y puntualizó que el Gobierno del Estado anhela que esta universidad logre su fortalecimiento y vinculación social a favor de los egresados.

A la sesión del consejo de la institución también asistieron la subsecretaria de Coordinación de Educación Media y Superior, Mirian Carolina Martínez López; el subsecretario de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización, José Luis Cortés Peñaloza; así como representantes del sector social y productivo de la región de los Ríos.

ZAFARRANCHO ENTRE PAN Y PRI

Sin embargo, el lunes 18 muy temprano, cerca de la mitad de los 600 alumnos que estudian en esa institución, acompañados de varios padres de familia, cubrieron la entrada del edificio con la bandera rojinegra en rechazo a lo que consideraron una imposición porque, dijeron, Calderón Mena carecía del perfil académico y en demanda de que el rector Alberto Lastra González continuara en el cargo. Ese día Lastra González permaneció fuera de las instalaciones sin intervenir.

Los argumentos de los estudiantes fueron plasmados en cartelones: “Señor gobernador, los jóvenes universitarios queremos a una persona preparada con perfil adecuado”; “Los zapatences queremos una universidad digna, no a los improvisados”; “Los cambios se hacen con valores, no con corrupción”; “Calderón: si no hiciste nada como diputado, ¿qué nos espera siendo rector”; “No queremos pagos de facturas por campañas pasadas”; “Sr. Gobernador, nosotros como padres de familia queremos una mejor opción para nuestros hijos”.

Además, reclamaron que Calderón Mena cobraría también como regidor propietario y, por si fuera poco, que su nombramiento fue por un Consejo Universitario improvisado.

Dijeron que el máximo consejo se compone de nueve integrantes, tres empresarios de la región, tres representantes federales —uno de las oficinas de servicios federales de apoyo a la educación y dos más de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas— además del titular de la Secretaría de Educación, el presidente municipal y un representante del área de economía del estado.

Por causas diversas, seis de los nueve integrantes del consejo no asistieron a la sesión del 14 de febrero: los tres empresarios de la región, los representantes de la OSFAE y el de la coordinación de universidades. Al ver que no había el quórum legal, habilitaron a suplentes.

Cuando más tarde, Calderón Mena, respaldado por un grupo numeroso de seguidores panistas, llegó hasta la entrada principal del edificio, los alumnos que opusieron resistencia fueron agredidos y respondieron a golpes, provocando que padres de familia los defendieran. Posteriormente se presentó la diputada federal Claudia Bojórquez Javier sin capacidad para resolver el conflicto.

El saldo fue la anulación del nombramiento a Calderón Mena y de varias personas lesionadas; una herida con arma punzocortante fue trasladada al Hospital General de Emiliano Zapata.

Seis alumnos de las carreras de Turismo y Tecnología de la información que resultaron con lesiones durante la trifulca del pasado 18 de febrero interpusieron su querella ante la agencia del MP, dando inicio a la averiguación previa EZ-I-100/2013 por lesiones y lo que resulten.

Al otro día, en Villahermosa, en los pasillos de la Cámara de Diputados, el coordinador de la fracción panista, Francisco Castillo Ramírez, responsabilizó al coordinador parlamentario del PRI, Eruviel Alonso Que, y al alcalde de Emiliano Zapata, también priista, Armin Herrera Marín, de provocar la violencia en la Universidad Tecnológica del Usumacinta para destituir a Javier Calderón Mena.

Acusó que los intereses son muchos pues se manejan más de 70 millones de pesos en esa Institución educativa y es el segundo presupuesto más importante del municipio y detalló que les pagaron a más de 30 alijadores a los cuales les compraron mochilas y playeras para hacerlos aparentar como estudiantes de esa casa de estudio. 

Indicó que Alonso Que, el día anterior dentro de esas instalaciones, daba instrucciones para que los trabajadores disfrazados de estudiantes, desestabilizaran en tanto que los representantes de la Secretaría de Educación estatal no entraban al campo universitario.

SIN SUBSANAR PROCESO ILEGAL

Durante la sesión ordinaria del Congreso local del 19 de febrero, subió a la tribuna la diputada priista por Zapata, María Elena Silván Arellano, para “dar a conocer una irregularidad más que se suma a otras tantas cometidas sistemáticamente por el Poder Ejecutivo a lo largo de los meses de enero y febrero, con motivo de diversos nombramientos de sus funcionarios públicos”.

Indicó que los nombramientos se han dado al margen de la legalidad sin respetar los procedimientos previamente establecidos por la leyes para estas designaciones, violentando con ello una y otra vez el estado de Derecho; invadiendo en algunas ocasiones “nuestra esfera de competencia y en otras los derechos de diversos servidores públicos que han sido destituidos de sus cargos sin haber concluido el periodo para el que fueron designados”.

RETOS DE RECTORA EMERGENTE

Por su parte, de acuerdo con información oficial, la rectora emergente Bravo Guzmán destacó que buscará los mecanismos académicos e institucionales para que la UTU se consolide como una de las mejores para los jóvenes de la región de Los Ríos.

Acompañada de los integrantes del consejo directivo, funcionarios federales y estatales y representantes de los sectores empresarial y productivo —quienes también forman parte del órgano colegiado—, la rectora sustituta llamó a la comunidad universitaria a no desperdiciar la oportunidad de trabajar a favor de la institución.

El presidente municipal de Emiliano Zapata, José Armin Marín Saury, mostró su beneplácito por el nombramiento de Mari Carmen Bravo Guzmán.  

De Alto Nivel

* No se avizora un dirigente que sume .

* Tienen margen, el relevo los aniquila 

* Ventaja sin alianza y el Peje no estará

Se busca líder. Los priistas aún no asimilan al cien por ciento que en Tabasco son opositores, y con ello no observan hacia el interior del bosque y menos para encontrar un liderazgo que los aglutine hacia la intermedia del 2015.

Antonio Caraveo Maldonado / a_caraveo2001@hotmail.com

Aun cuando las circunstancias los puede poner de regreso como mayoría en el Congreso local y tener un mayor número de presidencias municipales que perdieron, no se encuadran y transitan como tripolares. 

El principal arancel a sortear es la dirigencia del Comité Directivo Estatal. Si pasan esa ruta sin tanta raspadura pueden decir que llevan ganancia.

La otra aduana será la designación de candidatos a las alcaldías a las diputaciones locales, pero es tema aparte.

En bajada priista les debe quedar claro que no puede prevalecer el interés de un solo grupo, pues si van en ese sentido ya estuvo que no van a prosperar sus intenciones.

Debe haber voluntad política de todos, si es que quieren regresar al poder en 2019.

¿QUIÉN DE DIRIGENTE?

Los nombres de Guillermo Narváez, Félix Eladio Sarracino, Florizel Medina y Evaristo Hernández, por citar algunos, son los mostrados en la vitrina por despachar en 16 de Septiembre.

Empero, ninguno de los tres tiene el consenso para llegar como candidato de unidad.

Narváez, de Tacotalpa, tiene en su haber los blasones de presidente municipal, diputado local, presidente del Tribunal Superior de Justicia y actual catedrático de la UJAT.

Sobresale que no está manchado de actos de corrupción. Empero, le etiquetan, desde ya, estar en la cuadra de Benito Neme Sastré a quien le atribuyen haber impuesto a Jesús Alí en la candidatura a la gubernatura, cuando la historia real es otra.

Además los priistas que no lo ven con buenos ojos, lo acusan de traer el medio sello del senador “piltrafa” Humberto Domingo Mayans. 

‘Pechel’ Medina, ex diputado, ex alcalde, ex secretario de Gobierno, ex director de Comunicación Social, ex contralor del estado, ex líder del PRI, tiene un amplio curricular, pero le pesan las malas compañías que lo han rodeado.

Algunos actores políticos lo condicionaron a que si quería el apoyo tendría que deshacerse de algunos personas que lo acompañan, como Joaquín Ramos Patiño, que lo alejaron de los actores políticos y de la población.

Y de seguir llevando el sello del ex gobernador Roberto Madrazo.

De Félix Sarracino, ex líder de la CNOP, ex líder del PRI, entre otros cargos y especialista en temas electorales, le pesa el enfrentamiento que tiene con el dirigente del PRI, Francisco Herrera.

Otro que deslizó sus intenciones es el ex alcalde de Centro, ex diputado local, ex director de Gobierno y ex aspirante a la gubernatura, Evaristo Hernández.

Su rebeldía, que le daba puntos en lo que fue su aspiración por la gubernatura, la tiró en sus berrinches cuando amagó con irse a la oposición y al final se dobló, apoyando al candidato Jesús Alí, a quien vilipendió.

De los priistas consultados, nadie se ha atrevido a dar un nombre que pueda llegar a la dirigencia del PRI sin levantar tempestades.

A SU FAVOR

Los tricolores y sus opositores calculan bien que el PRI puede levantarse en las intermedias del 2015 si pasan su aduana interna.

Tendrá ventaja que sus opositores no van a ir en alianza o coalición por ley.

Al PRD se le desprendería un brazo y una pierna si Andrés López decide que Morena participe en la jornada electoral para elegir alcaldes y diputados locales.

Otro punto a favor de los priistas es que El Peje no va a aparecer en las boletas.

La crisis que se vive por el desfonde que dejó en la hacienda estatal el ex gobernador Andrés Granier, jugará un papel importante, pues pese a que el desastre lo dejó un priista, no le pegaría a los tricolores.

En fin, ya no falta mucho tramo para conocer si los del PRI tienen el talante para librar el obstáculo de la sucesión en su dirigencia estatal.

DE BAJADA

a) Si actuara con sentido común el secretario de Educación en el estado, Rodolfo Lara Lagunas, no tendría este desgaste para el gobierno de Núñez. Y el caso del Sindicato del Colegio de Bachilleres es muy diferente al primero, ya que el líder Ramón Díaz Uribe, acusando de enriquecerse de las cuotas sindicales, pretendió seguir sometiendo a las autoridades. Ya vio que no va a poder. Su renuncia a la dirigencia sindical es cuestión de tiempo.  

Post-it

Serpientes y escaleras

Nunca, de un ex gobernador de Tabasco, se habían proferido tantas críticas e insultos como los que está recibiendo ahora Andrés Granier Melo. Nadie, ninguno de sus ex colaboradores, ni quienes se decían sus amigos o fueron sus favorecidos, ha salido a dar la cara por él. 

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

Tampoco nadie sale a defender al ex secretario de Finanzas, José Sáiz Pineda, sobre quien pesa una acusación directa por la presunta desaparición de mil 900 millones de pesos para programas federales que nunca se aplicaron.

Y ni quién dé un clavo por el ex secretario de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta, quien tendrá que explicar el extraño robo de documentos soporte de gastos en su área por mil 100 millones de pesos y que —ahora nos enteramos—, fueron sustraídos cuando eran trasladados en un camión de una oficina a otra.

Hoy, Granier Melo y quienes fueron sus colaboradores son una pandilla de saqueadores. Y su administración, una pesadilla.

El viernes 22, en el diario La Razón, leí la columna La Feria, de Salvador Camarena, quien hace una interesante descripción del ex mandatario estatal. Lo menciona así:

“En el sexenio pasado varios funcionarios del gobierno federal contaban que lidiar con Andrés Granier, el gobernador de Tabasco hasta el 30 de diciembre de 2012 (sic), era una pesadilla. Contaban por ejemplo que durante las inundaciones de 2007, en vez de contribuir a atemperar los ánimos de una población anegada, Granier operaba para hacer más dramático aún el reclamo de ayuda de la población. Se asumía no como autoridad, sino como un damnificado cualquiera. Cuando Felipe Calderón visitaba la zona siniestrada, Granier llevaba su actuación al punto del chantaje. Que Granier era un desastre, se sabe hace mucho. A nadie entonces sorprendió que al pasar el tiempo su administración (es un decir) fuera tema de escándalos y frivolidades que a la postre traerían funestas consecuencias para Tabasco”.

Ese desastre administrativo, esas frivolidades a que se refiere Camarena, ya han derivado en —por lo menos— siete denuncias de tipo penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, más las que se presenten esta semana en esa y en otras instancias judiciales, la PGR incluida.

Supongo que ante tan delicado asunto que tendrá en sus manos, el procurador estatal Fernando Valenzuela Pernas habrá de conformar una fiscalía especial para dar seguimiento a denuncias por delitos contra el patrimonio de Tabasco.

El gobernador Arturo Núñez Jiménez va de sorpresa en sorpresa, pues se está enterando que los pasivos no eran de 10 mil millones de pesos —como le reportaron en noviembre los que se iban— sino de 17.7 mil millones, y que en el presupuesto le dejaron un déficit de casi seis mil millones que no tienen respaldo en los ingresos y que tendrá que conseguir pues implica compromisos con percepciones de la burocracia y pagos a proveedores.

El caso es que por donde se le rasque brotan evidencias de corrupción e impunidad, de las que desde hace varios años estuvo enterado su antecesor, por denuncias públicas que lo alertaban de que “la corrupción se extendía como un cáncer en el tejido burocrático, sin que se hiciera nada para impedirlo”.

Es claro, pues, que los hilos del desfalco al erario pasan por muchas Secretarías y dependencias del Ejecutivo estatal, pero indudablemente tienen su origen o su fin en la Secretaría de Finanzas y en la Quinta Grijalva, toda vez que hasta los hijos del ex gobernador habrían resultado beneficiados con las prácticas deshonestas en el manejo de recursos públicos.

No se trata de que Núñez se le vaya a la yugular a Granier, como sugieren algunos. Simple y llanamente lo que se pide es que esta vez no haya impunidad, como precisa el actual mandatario: “para nadie, sea cual sea su condición o haya sido el grado de su responsabilidad”.

Y debe tener claro que no se vale lo que hicieron a Tabasco. Mira que comprometer por 20 años una cuarta parte de las participaciones federales.

Punta Fina

Elecciones bajo presión

Los precursores de las elecciones de julio no son los mejores. Malos síntomas. La búsqueda de estadios de democracia madura vuelve a chocar con el maldito obstáculo de los intereses, de la negociación bajo la mesa, de la amenaza. Del chantaje bruto. 

José Ureña / primercirculo@hotmail.com

Si en el pasado los priistas se opusieron a iniciativas de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy sus opositores se aprestan a utilizar las mismas armas contra los propósitos del priista Enrique Peña.

El mayor pulso de momento está en Veracruz.

Si usted no tiene antecedentes, se los menciono:

Panistas y perredistas acordaron ir en alianza en esa entidad para renovar el Congreso del Estado y los ayuntamientos.

—Es sorprendente cómo nos pusimos de acuerdo en horas —me presumió el panista Juan Manuel Oliva.

Su recuento fue sencillo:

Las cúpulas nacionales de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortaron a sus dirigencias estatales a decidir si avalaban la propuesta de ir juntos. Hubo aprobación por mayoría. Luego se concentraron con un mapa.

En la mayoría de los municipios —más o menos 150— las encuestas favorecen al PAN y de común acuerdo se dejó al PAN la postulación de candidatos.

En los sesenta y tantos restantes los abanderados serán del PRD.

No hay candidatos todavía, pero la ruta está trazada.

CHANTAJE POR VERACRUZ

Panistas y perredistas estaban contentos cuando vino la sorpresa.

He aquí la noticia difundida el 18 de febrero por Veracruzanos.info:

“XALAPA, Ver.- El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) anuló la noche de este lunes la alianza registrada por el PAN y el PRD ante el Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

“Los magistrados por unanimidad echaron abajo la coalición denominada Gran Alianza por Ti, con el argumento de no cubrir con lo establecido en el artículo 307 de los estatutos internos del PRD”.

Estos exigen el aval del 60 por ciento de los integrantes de la Comisión Política Nacional de ese partido y el acuerdo se firmó sin sumar esos votos.

En consecuencia, los magistrados ordenaron al IEV deshacer la alianza.

Naturalmente los panistas y los perredistas pusieron el grito en todos los medios y amagaron con llevar el caso no ante una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino ante la Sala Principal. La judicialización de las elecciones.

“Todo esto es una treta, una trampa del Tribunal se revoca en decisiones de nuestro partido… Sólo retarda lo que es inminente”, dijo el dirigente estatal del PRD, Juan Vergel.

Quienes han visto el expediente y saben de derecho electoral ven sustento en la decisión.

Por lo tanto, esperan la ratificación del TEPJF y la participación de tres fuerzas durante contienda: PRI, PAN y PRD.

EL AMAGO DEL PACTO

Al margen del resultado, ese sería el trámite legal.

Azules y amarillos están en su derecho.

Pero adelantados a cualquier desenlace, las representaciones de Jesús Zambrano y Gustavo Madero ya entregaron su mensaje en la Secretaría de Gobernación (Segob):

—O se reinstala la alianza o no avanzará el Pacto por México.

Tratan de llevar al gobierno federal a una disyuntiva: o interviene ante los órganos jurisdiccionales para beneficiar a PAN y PRD, o adiós al proyecto de las reformas para reencauzar el cambio de país.

Injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Vil chantaje.

De sobra saben el interés de la administración de Enrique Peña por impulsar transformaciones para dejar huella y creen darle golpes donde más le duele.

La federación sabrá qué hacer.

Lo condenable es este antecedente porque de esa forma pulsan la resistencia del régimen.

Y si ahora tuerce la justicia para darles gusto, más adelante seguirán utilizarán otros asuntos para sacar raja política.

Pueden terminar por reclamar la victoria donde no la obtuvieron y, si se las niegan, amagar una vez más o de plano salir del Pacto por México.

Hoy el tema es electoral, pero otras áreas no estarían exentas.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si al rato se denuncian ex gobernadores por corrupción?

De momento la vista está fija sobre el perredista Leonel Godoy, pero Aristóteles Sandoval recaba información sobre el despilfarro de recursos en malas obras para los Juegos Panamericanos de Guadalajara por el panista Emilio González.

Es lo malo de tener una clase política mediocre y un gobierno que no termina por afianzarse.  

Policronía Semanal

Justicia prontita, aunque sea malita 

Consecuente a la necesidad que impera en el país, de alcanzar la mayor eficiencia en la labor de procuración e impartición de justicia, en Tabasco se ha venido dando el proceso paulatino de transformación a fin de constituir servidores públicos aptos y suficientes para implementar la difícil labor de aplicar justicia. 

Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com

Así vemos que en un acto de responsabilidad el Tribunal Superior de Justicia implementó una serie de cursos y actualizaciones con el fin de contar con personal capacitado en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio adversarial.

Los juzgadores acreditaron el curso teórico, una simulación de un juicio oral en un curso-taller, un concurso de oposición público, en el que practicaron juicios orales, así como la evaluación integral de la carrera judicial.

Para esto se tomó en cuenta la preparación académica, antigüedad y experiencia en el cargo, así como su participación en la elaboración de leyes y en la capacitación a otros servidores judiciales, la posibilidad de que registren o no sanciones administrativas, además de los exámenes antidoping y de control de confianza.

Estos servidores judiciales se han preparado desde hace cuatro años, cuando entró en vigor la reforma penal del 18 de junio de 2008. El Poder Judicial ha impulsado un programa de capacitación, con el que se han beneficiado 12 mil abogados, no sólo del Tribunal Superior de Justicia, sino también de la Procuraduría de Justicia, Defensoría de Oficio, abogados litigantes y universitarios.

Tabasco cuenta con municipios donde a la fecha se desahogan los juicios orales y es evidente el esfuerzo implementado por el órgano impartidor de justicia para dotar a la sociedad de jueces debidamente capacitados para resolver conforme a Derecho en el nuevo sistema de justicia mexicano.

En teoría todo muy bien. La realidad es muy distante, tal como lo hizo ver en un discurso serio el titular del Ejecutivo del Estado, cuando informó a los medios que la PGJ Tabasco podrá ser auxiliada por la Procuraduría General de la República y la del Distrito Federal. ¿Motivo?: Tabasco anda por la calle de la amargura en el área de periciales.

Esto a colación del penoso pasaje donde la muerte de un ex presidente municipal dejara expuesto ante la opinión pública que Tabasco aún no tiene los elementos necesarios para que esos jueces, tan minuciosamente trabajados, puedan resolver con todos los elementos que la Procuraduría General de Justicia debe proveer e impedir con ello, impunidades como la del sonado caso de la francesa Florence Cassez.

Esto preocupa en particular al gremio de abogados litigantes y debe ser un tema de interés general, pues existen conductas delictivas que requieren con cuidado extremo de la labor de peritos especialistas, a fin de establecer con total claridad quién, cómo, cuándo, dónde y tal vez hasta por qué se perpetró un injusto.

La pregunta obligada: ¿Qué clase de fallos emiten los jueces orales a la fecha, sin la columna vertebral de la labor de procuración de justicia; sin el trabajo adecuado de la Dirección de Servicios Periciales? No todos los extintos que aparecen por ahí son asuntos relevantes ni ex servidores públicos de renombre, ni en todos estaremos molestando a la PGR ni a la PGJ del DF. ¿O sí?  

Más obras a tuxtlecos, anuncia el gobernador Velasco

En el marco de la instalación y toma de protesta a los integrantes del Copladem, el mandatario estatal afirmó que impulsará la modernización de esta capital

TUXTLA GTZ., CHIS.- En el marco de la instalación y toma de protesta a los integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, afirmó que su administración trabaja para seguir impulsando a la capital como una ciudad moderna.

Ahí, el Mandatario anunció una importante inversión del presupuesto 2013 para realizar obras en beneficio de los tuxtlecos; asimismo, garantizó que el Copladem de Tuxtla Gutiérrez, es una plataforma idónea para estructurar programas, alinear recursos y evaluar resultados en el impulso al proceso de avance socio-económico de la capital del estado.

Velasco Coello señaló que este Comité impulsará el desarrollo sustentable del municipio, mediante el cumplimiento de políticas públicas, programas y acciones establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, con orden y planeación adecuada.

“Me da gusto estar con ustedes para reafirmar nuevamente nuestro compromiso y prioridad de trabajar por Tuxtla Gutiérrez; debemos hacerlo en unidad, con planeación y resultados; juntos estamos planeando las tareas comunes para darle rumbo y dirección al presente y al futuro de nuestro estado”, señaló.

Asimismo dijo que se realizará una inversión de cerca de 300 millones de pesos en la pavimentación con concreto hidráulico de las principales avenidas de la capital, así como una inversión adicional de 49 millones de pesos para acciones de bacheo.

“Sabemos que esto no es suficiente, que se necesitan más recursos para pavimentar más calles acorde a las necesidades que tiene este gran municipio, pero sin duda es un avance y un esfuerzo muy significativo que estamos haciendo en Tuxtla Gutiérrez para beneficiar a un gran porcentaje de la población”.

El mandatario estatal dejó en claro que durante su administración se destinará una parte importante del presupuesto para el mejoramiento de espacios urbanos e instalaciones deportivas por lo que además, anunció que para la capital del estado se invertirán aproximadamente 117 millones de pesos para la construir más espacios deportivos.

“Estamos seguros que trabajando en equipo, como lo hemos venido haciendo desde que iniciamos esta administración el 8 de diciembre, poniendo las prioridades del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal en una misma sintonía, vamos a darle mayores resultados a la gente”.  

Invierten más de 160 mdp al desarrollo de vivienda

Ante miembros de la Canadevi, el Gobernador invita a fortalecer al sector en pos del bienestar de la sociedad.

MÉRIDA, YUC.- Una inversión superior a los 52 millones de pesos, realizada por los gobiernos estatal y federal, permitirá rebasar los 160 millones de pesos del presupuesto total para el desarrollo de vivienda en Yucatán este 2013.

En el marco de la inauguración de la Feria de Vivienda de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) delegación Yucatán, presidida por el titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, se informó que el gobierno del estado, a través del Programa 2x1, destinará 35 millones de pesos para este propósito.

A esto se suman 17 millones de pesos que el gobierno federal aporta, y junto a los 105 millones que la Canadevi espera recibir de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) como presupuesto anual, se obtienen más de 160 millones totales de inversión que beneficiará a los sectores más necesitados de la población.

“Esto significa que más de tres mil familias contarán con una vivienda. Estamos dispuestos a contribuir en el desarrollo del estado para dotar de servicios y calidad de vida a los habitantes de Yucatán”, dijo Carlos Medina Rodríguez, presidente de la Canadevi local.

En su intervención, el mandatario estatal dijo que este esfuerzo es coherente con la nueva Política Nacional de Vivienda propuesta por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, la cual pretende que el desarrollo urbano se dé en condiciones de equilibrio con el sector rural y con respeto al medio ambiente y los recursos naturales.

“Hoy, somos más de dos millones de habitantes en Yucatán y le estamos apostando a consolidarnos como la capital educativa y la plataforma logística por excelencia del sureste mexicano”, dijo.

Ante este crecimiento demográfico, comentó, es necesario sentar nuevas y mejores bases para el desarrollo urbano de toda la entidad.

Puntualizó la importancia del trabajo conjunto entre la Canadevi y el gobierno del estado para respaldar el bienestar de las familias con seguridad, inversiones en infraestructura, conectividad, escuelas, hospitales y servicios públicos de calidad.

Zapata Bello comentó que el producto de la colaboración estrecha y coordinada logrará que el rubro de vivienda se convierta en sinónimo de una mayor derrama económica y de desarrollo social para la entidad.

Estas acciones son parte del compromiso del gobierno estatal para impulsar desarrollos de vivienda y estructurar programas que permitan acceder a este beneficio a la población que no puede hacer uso de las formas tradicionales de financiamiento.