POLICRONÍA SEMANAL

Justa justicia 

Culmina una semana entre temblores y clamores. Y de esto último, el más espectacular, la libertad de la francesa Florence Cassez en una controversial decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; desatando la indignación social al poner en libertad a alguien que ha sido señalada como responsable de uno de los delitos más sangrientos que azota en nuestro país: el secuestro.

Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com

Polémico asunto desde sus inicios, pues contra señalamientos directos de las víctimas, pudieron más las inconsistencias técnicas de la labor ministerial y muchos no alcanzan a distinguir cuál es el meollo del problema y el por qué esto beneficia al pueblo mexicano, a pesar de que cabe la posibilidad de que una nociva criminal ande libre.

Muchos recordarán el caso de “PRESUNTO CULPABLE” donde el morbo social se volcó en la película que documentó las injusticias de las que es capaz el sistema de justicia mexicano. El caso Cassez no es excepción como tampoco lo son los millones de casos que a la fecha, vía el Juicio de Amparo, se han evidenciado.

Esto nos lleva a la convicción que los millones de mexicanos y extranjeros que cohabitamos en este país, estamos expuestos a las ocurrencias de los policías ministeriales, las procuradurías y los jueces que mediante actos arbitrarios violentan los derechos de las víctimas y los mismos victimarios.

Tenemos a la orden del día operativos policíacos simulados donde los derechos fundamentales son totalmente ignorados. Allanan moradas y detienen a sospechosos sin orden de cateo. Confesiones mediante torturas. Testigos nerviosos y confundidos inducidos por los propios policías; investigaciones policiales tendenciosas por órdenes superiores, etc. No terminamos de enlistarlo.

Justo esto origina la excesiva carga de trabajo de los juzgados penales del país y en muchos de los casos las ineficiencias habidas son solapadas por los propios tribunales de primera instancia, cuando ratifican detenciones o emiten auto de término Constitucional, sin los requisitos necesarios, lo que redunda en juicios plagados de irregularidades que concluyen en sentencias absolutorias y no precisamente por acreditarse inocencia.

Los centros penitenciarios están hasta el tope de personas recluidas injustamente que son liberados mediante el Juicio de Amparo, pero esto no tiene razón de ser, si desde el comienzo se hacen las cosas bien y lo crítico es que cualquiera de nosotros puede ser objeto de tal criminalidad institucional.

Esto es consecuencia de instituciones desprovistas de evaluaciones objetivas. El manejo estadístico en las Procuradurías, de lo que procede, de lo que no procede, lo que se rezaga y sus motivos, en complicidad positiva de los tribunales superiores de justicia, así como de lo actuado por los tribunales federales, logra pulcritud en el desempeño en beneficio de la sociedad.

Y si a esto le aunamos que, por negligencia o desconocimiento, se incurre en responsabilidad administrativa, penal y hasta civil, por lo tanto, el servidor público que ocasione atropellos debe ser ajusticiado como un excelente referente para que el derecho de las víctimas y los victimarios permanezcan siempre a buen resguardo. Esto, cuando querer es poder. 

En México se han preocupado por instaurar un nuevo modelo de justicia penal; se ocuparon de la forma, pero el drama verdadero es de fondo; el humano, que debe ser vigilado. Y no es así.