Luque, primera víctima de la lucha anti corrupción

Enfrentamiento entre “elbistas” del SNTE y anti-elbistas del SITET descubre actos de corrupción en la SE; sanciones por tráfico de influencias en esa dependencia; Rogers Arias también es salpicado 

Samuel Soto Giles / gi_les@hotmail.com

Por las plazas, no por la calidad del servicio, en el sector educativo está declarado el enfrentamiento entre los dos principales grupos fácticos: la sección 29 del SNTE contra el SITET, entre elbistas y anti-elbistas.

Por naturaleza, el SITET tiene de aliados a los pinosuaristas, resabio del grupo en el poder de Fausto Méndez Jiménez, ex cacique de la educación por 25 años y representado actualmente por Rubén Magaña Méndez, quien añora esa época de poder único.

Entre esos dos grupos se encuentra, como espada de Damocles, el subdirector administrativo, Víctor Manuel López Cruz.

El pasado lunes 21, el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación (SITET), Rogers Arias García, desde la instalación tardía de la Comisión de Educación en la biblioteca de la Cámara de Diputados, lanzó sus cañonazos escalonados para calcular el blanco por donde hacer negocio, porque ya tiene de avanzada a su equipo en las Subsecretarías de Educación.

Aprovechando el punto de asuntos generales citó el tema de elevar la calidad de la educación en Tabasco para demandar que “haya un engranaje justo entre la dependencia y los trabajadores”.

Enseguida, parapetándose en su nueva investidura de legislador, trató de ser dadivoso: “lógicamente que el Congreso estará con los deseos de aportar lo mejor de sí para que podamos, precisamente, llevar a buen puerto lo que tan lastimosamente ha quedado de la Secretaría de Educación”.

Ya encubierto con el fuero, se atrevió —como lo hizo con Granier Melo— a emplazar, a “invitar también al Ejecutivo del estado para que podamos reunirnos la Comisión de Educación con los secretarios del nivel para poder plantear un proyecto, un programa de esta Comisión con el fin de conocer el estado que guarda la Secretaría de Educación”.

En ese contexto soltó el disparo: “más que nada en la pretensión de los trabajadores de la educación de que podamos ser tomados en cuenta en todos los programas y en todos los proyectos y a la vez mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”.

De inmediato Arias García enseñó el cobre y cañoneó: “En este periodo no hubo grandes avances en cuanto a las prestaciones sociales, hubo un retroceso, y quisiéramos coadyuvar en ese sentido de poder dar más pero también beneficiar a los trabajadores que tanto se lo merecen”.

A la instalación de la Comisión asistió puntual el secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, a quien Arias García —sentado enfrente— desairó.

Por el otro lado, la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha tomado la iniciativa y el viernes pasado un grupo le demandó al subsecretario Límbano Gallegos, protegido de Magaña Méndez, la destitución de Pedro Contreras, jefe de los delegados del nivel de Secundarias Técnicas por favorecer al SITET.

Por si fuera poco, el dirigente elbista, Guadalupe Acosta, lanzó una bomba envuelta en terciopelo.

Aunque aseguró que se mantendrán al margen del proceso que la Secretaría de Educación inició en contra de la ex titular Beatriz Luque Greene, “si la ex funcionaria estatal le solicita apoyo, le darán el respaldo”.

BATALLA JÚRIDICA: NÚÑEZ JIMÉNEZ

El gobierno de Arturo Núñez Jiménez citó a rueda de prensa para el lunes 21 por la mañana en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación. Discreto, ocupó su asiento el subdirector administrativo, Víctor Manuel López Cruz, cuando ya había empezado a informar los detalles el responsable de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, José Luis González Martínez.

El secretario Rodolfo Lara Lagunas, serio, hizo suya la denuncia: Rosa Beatriz Luque Greene no solicitó licencia sin goce de sueldo a sus dos plazas cuando se separó del cargo para hacer campaña proselitista como candidata a diputada local (postulada por el Partido Revolucionario Institucional).

González Martínez informó que la ex funcionaria dejó el cargo el 29 de febrero del año pasado pero no solicitó licencia sin goce de sueldo a sus plazas federal y estatal, siguió cobrando ambos sueldos.

Por tal motivo, la Secretaría de Educación inició el procedimiento administrativo bajo el expediente DATA/002/2012 contra la ex titular de esa dependencia, Beatriz Luque, del que la Contraloría estatal dará conclusión.

Si bien se anunciaba el inicio del procedimiento, la sentencia se dio ipso facto: “Prácticamente con el proceso jurídico que se inicie en su contra, queda cesada de sus funciones en sus dos plazas, la federal y la estatal”, informó el jurídico de la SE.

Por si fuera poco, González Martínez adelantó que al no aparecer muebles y equipos inventariados en diversas áreas, se pedirá al gobernador Arturo Núñez Jiménez se realice una auditoría especial para revisar la cuestión financiera y la material.

El 11 de enero de 2013 se recibió en el despacho de la Secretaría de Educación una solicitud de licencia sin goce de sueldo de la maestra Rosa Beatriz Luque Greene, misma que fue turnada a la Coordinación General de Administración de dicha dependencia.

Para dar respuesta, la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Coordinación General de Administración, realizó la revisión del expediente personal de la ex titular de esta dependencia con el fin de saber si existían antecedentes de otras licencias que hubiesen sido concedidas y así se detectó la irregularidad.

Fue así que “con fecha 15 de enero, la Dirección de Recursos Humanos turnó a la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales, mediante oficio SE/CGA/DRH/119/13 el acta administrativa, en la que hace constar que la citada servidora pública no solicitó licencia sin goce de sueldo en sus plazas, tanto estatal como federal, a partir del 29 de febrero de 2012, fecha en que dejó la titularidad como secretaria de Educación del estado”, dijo González Martínez.

Por su parte, Lara Lagunas —acompañado del subsecretario de Educación Básica, Límbano Gallegos Pérez, el protegido de Rubén Magaña Méndez— detalló que la funcionaria al no solicitar sin goce de sueldo en ambas plazas estatal y federal, de marzo a diciembre del año pasado, tendrá que devolver casi medio millón de pesos.

Sin embargo, trascendió, esa no fue la única irregularidad. Luque Greene le dejó a sus hijos Beatriz Amalia y Jorge Braun plazas estatales, por las que reciben 32 mil 965 y 28 mil pesos, respectivamente.

Favoreció a María Elena Casasús Pérez, quien fuera su secretaria particular, percibiendo desde febrero de 2011 unos 35 mil 395 pesos por una plaza de “supervisora jubilada del nivel preescolar”, y las hijas de ésta, Claudia y Lilia Carolina, recibieron 24 mil 199 pesos por dos plazas, federal y estatal.

De este caso, el gobernador Núñez Jiménez ha instruido a su gabinete el cabal cumplimiento de la Ley; y en caso de encontrarse irregularidades en cada una de sus áreas, deberán ser inmediatamente reportadas ante la Secretaría de la Contraloría.

Recordó que será esa instancia gubernamental la que tenga la última palabra en la aplicación de la sanción a todos aquellos ex funcionarios que se les compruebe irregularidades durante sus encargos.

Núñez Jiménez señaló que tanto Luque Greene, como los demás funcionarios que sean señalados como presuntos responsables, tendrán los medios legales para su defensa, la vía administrativa y el amparo, entre otros recursos. “Es una batalla jurídica”, dijo.

ROGERS ARIAS, CONTRA LA PARED

El mismo día de la conferencia de prensa en que se denunció a Beatriz Luque Greene, el todavía dirigente del SITET, Rogers Arias García, empezó a repartir culpas. Dijo que cuando Luque estuvo al frente del sector educativo entregó más de 80 plazas y claves de ascenso como pago de favores políticos.

Entre ellas se otorgaron plaza de normales que no pasaron por los procedimientos internos, no se publicó la convocatoria y el entonces sub secretario de Gobierno, Juan Molina Becerra, negoció algunas de esas plazas y claves de asenso para docentes que traicionaron al SITET.

Arias García se presumió como fiscal y acusó que durante el gobierno de Andrés Granier Melo se entregaron plazas de docentes a personas que no reunían el perfil académico.

“Estoy detectando algunos nombres de trabajadores que como muestra de no tener el perfil y la preparación, están contratados como maestros”, dijo.

Esta postura de héroe se le resquebrajó al día siguiente.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, Roger Arias García reconoció que cobra por dos plazas en la Secretaría de Educación, que lo siguió haciendo durante la pasada campaña electoral y ahora como diputado.

Trató de justificar ese proceder: “porque si solicito licencia pues dejaría en la indefensión al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET) y porque la ley lo permite”.

Pero además, Arias García chantajea que el SITET le debe mucho, porque consiguió cuantiosos recursos como los dos millones de pesos para pagar el edificio sede, además de que ha solventado económicamente todas las movilizaciones.

Por otra parte, en entrevista con la reportera Ruth Pérez Magaña, de El Heraldo de Tabasco, Andrés Hernández López, presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), estimó que entre 15 y 20 por ciento del magisterio tabasqueño goza de una licencia para ejercer actividades ajenas a la docencia.

Explicó que los sindicatos otorgan dos tipos de licencias: sin goce de sueldo y licencia sindical (con salario) sin afectar sus años de antigüedad, las cuales pueden ser por tiempo indefinido. “Quienes ostenten cargos como diputado, senador, regidor, presidentes municipales tienen que presentar licencia sin goce de sueldo”, especificó.

En el caso específico del diputado del Partido del Trabajo (PT) Roger Arias García, sostuvo que deberá cambiar el tipo de licencia, al ocupar un cargo de elección popular, para evitar que siga cobrando sus dos plazas.

“En este caso el diputado tendrá que solicitar su permiso sin goce de sueldo, porque las condiciones generales de trabajo de la secretaría de Educación establecen que todo aquel trabajador de la educación que tenga un cargo de elección popular tendrá que solicitar permiso sin goce de sueldo”, explicó.

Además, dijo, la ley de Responsabilidades del Servidor Público regula las licencias de los trabajadores de la educación y será la Secretaría de Educación la instancia encargada de apegarse a esta ley.

La mayoría de las licencias que solicitan los trabajadores de la educación -detalló- son para desempeñar un puesto público y es justamente en el mes de enero cuando las solicitan y tramitan sus prórrogas.

“Lo más solicitado es licencia para asuntos personales para irse a trabajar a otros lugares con una mejor remuneración. Podemos decir que de un 15 a 20 por ciento solicitan licencias por año con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre”, comentó.