martes, 29 de enero de 2013

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Tres tiempos 



Al cumplirse el primer mes de la alternancia en Tabasco, el gobierno del ‘cambio verdadero’ da la impresión que camina en tres tiempos: el de la política, de la administración pública y la aplicación de la ley prometida contra los saqueadores del erario.

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com



Tan vertiginosos han sido los acontecimientos desde los últimos días del aciago régimen granierista, que casi nadie percibe que el nuevo gobierno parece ir muy acelerado en un rubro, pero en otros se rezaga o no se avanza como se quisiera.
En materia política, por ejemplo, en menos de un mes el gobierno de Arturo Núñez Jiménez hizo posible lo que cinco de sus antecesores priistas jamás imaginaron, se propusieron o consiguieron: sentar a todas las dirigencias partidistas para impulsar un acuerdo político de largo alcance.
El lunes 28 tuvo lugar el encuentro histórico en Palacio de Gobierno, que estuvo antecedido por cabildeos con los líderes estatales de PRD, PRI, PAN, PT, MC, PVEM y Panal, encabezados por el secretario de Gobierno, Raúl Ojeda Zubieta.
El mandatario estatal destacó la voluntad política de todos por lograr con hechos, un “cambio de gran calado” que tenga como punto de partida reformas legislativas, políticas públicas y replanteamientos administrativos que exige la entidad. 
Allí estuvo Núñez sentado junto al priista Francisco Herrera León que recién había estado cuestionando las designaciones en un gabinete al que vio ‘tintes futuristas’ y los despidos masivos de burócratas en diversas áreas de gobierno, y también a lado del panista Jorge Ávalos Ramón, que afirmaba que su partido no le extendería un ‘cheque en blanco’ al régimen nuñista. 
Pero les estaba dando su palabra de que “con las mejores reglas del juego” se impulsaría una revisión integral a la Constitución local para avanzar en la transición democrática, a partir de un cambio en las normas de acceso al poder político y la consolidación de mecanismos de democracia participativa, como el plebiscito y el referéndum.
El  5 de febrero se sabrá y se verá qué fue lo que pactaron la nueva clase gobernante y las dirigencias de los siete partidos —incluido el PRD que es la nueva mayoría—, cuál fue su voluntad de ponerse de acuerdo y hasta dónde están dispuestos a llegar en ese deseo manifiesto de construir un Tabasco mejor para todos.
En el manejo de la administración estatal no hay mucho que reconocer o que se palpe. Si bien la falta de medicamentos, insumos y médicos fue atendida antes de la asunción del nuevo gobernador, la situación de los hospitales no ha variado gran cosa desde que estalló la crisis en el sector salud.
Va un botón de muestra: Los hospitales de alta especialidad tienen suspendidas las intervenciones quirúrgicas, y siguen haciendo falta especialistas y medicamentos.
Más allá de las quejas por el desorden encontrado y denuncias mediáticas por presuntas irregularidades de sus antecesores, ninguno de los titulares de las dependencias estatales ha dado a conocer un plan de arranque de gestión que contemple acciones inmediatas para atender las necesidades más urgentes.
Antes —cuando gobernaba el PRI— se estilaba un plan para los primeros cien días. Hoy ya han transcurrido 30.
Y por lo que hace a la aplicación de la ley a quienes le metieron mano al presupuesto o hicieron negocios personales al amparo de los cargos públicos, lo que se tiene —de cara a lo informado— no son más que sospechas y presuntos implicados.
Lo que se ha visto —y ya lo apuntábamos aquí en la entrega anterior— son señalamientos que difícilmente puedan conducir a algunos de esos ex funcionarios a enfrentar procesos penales que los priven de su libertad, como se advirtió el 31 de diciembre.
El gobernador dio un mes de plazo a sus funcionarios para que le rindan un informe sobre presuntas irregularidades del proceso de entrega-recepción gubernamental. No se sabe si hay avances ni la fecha en que se conocerán tales arqueos, pero los treinta días ya pasaron.

LOS DOCE DEL PATÍBULO
Corre el tiempo y, con él, la creencia de que no se castigará a quienes dejaron endeudado al estado, dispusieron indebidamente del patrimonio de los tabasqueños o hicieron negocios millonarios al amparo de sus cargos públicos.
Y la lista de sospechosos crece día a día. No se salvan el ex gobernador Andrés Granier Melo y su hijo Fabian Granier Calles —que no tuvo cargo pero sí dispuso de cuantiosos fondos públicos con fines electoreros—; el ex secretario de Finanzas, José Sáiz Pineda y su súper-asesor Amílcar Salas; el ex titular de Obras Públicas, Héctor López Peralta y su directora de Obras Públicas, Alma Aurora Jiménez.
A estos nombres hay que agregar los de quienes encubrieron el más grande saqueo al erario estatal: el ex contralor del gobierno, Roger Pérez Évoli y el —todavía— fiscal superior Francisco Rullán Silva.
De ellos y de otros se habla como responsables de que Tabasco esté en bancarrota. Pero la gente ya no quiere que sólo se critique, exhiba, acuse. El clamor es que se finquen responsabilidades penales.
Hasta el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, se ha referido a este tema, motivo de escándalo para uno; de indignación, para otros. Y declaró el prelado que “los que tienen responsabilidad deben dar razón de los que se les ha confiado”.

LA MISMA GATA…
¿Será que con el nuevo enfoque, atención e inversiones del programa de prevención de desastres naturales se acabarán las inundaciones en Tabasco?
La verdad que no se está viendo nada distinto a lo que se venía haciendo o nos decían que hacían con la versión anterior, conocida como Plan Hídrico Integral de Tabasco.
Aunque el nuevo titular de Conagua, David Korenfeld Ferman, nos asegure que ese plan será “el parte-aguas de un nuevo esquema de atención a la problemática hídrica de la región”, con los recursos mil 400 millones de pesos —una reprogramación de lo pendiente de ejercer del PHIT—, difícilmente podrán emprenderse nuevas acciones para darle tranquilidad a los tabasqueños.
Estos dos días que estuvo aquí Korenfeld se habló, por ejemplo, del grave estado de deterioro en que se encuentra el sistema de desalojo de aguas residuales de la capital tabasqueña; sin embargo, no se le escuchó decir al funcionario federal que Conagua se haría cargo de aportar recursos para modernizar esas instalaciones.
Nos dijeron que vino a revisar las condiciones de la infraestructura existente y a evaluar el grado de avance que presentan las obras inconclusas —como la compuerta de El Macayo—, pero eso también lo hacían sus antecesores. Salvo el discurso del ‘parte-aguas’, se sigue viendo la misma gata…  

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