“La autoridad superior era el gobernador. No creo que no estuviese enterado que no llegaban los recursos a Salud, a Educación, a los de Seguridad Pública, aunque se sabía que la Federación ya les había depositado”, señala Arturo Núñez Jiménez
Fernando Hernández G. / fdohernandezg@hotmail.com
Ante la ‘desaparición’ de mil 900 millones de pesos transferidos al estado para programas federales, principalmente de salud, y dado que no se aplicaron la Tesorería de la Federación está exigiendo su reembolso, el gobernador Arturo Núñez Jiménez admite que su gobierno no está en condiciones de devolver ese recurso, y solicitó el apoyo de las unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), y la intervención de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), para seguirle la pista de a dónde está ese dinero.
“No hay más que dos posibilidades: o fue gasto político o se lo robaron, o ambas cosas”, intuye el mandatario tabasqueño en una conversación con Carmen Aristegui, de Noticias MVS, el viernes 22 luego que la prensa capitalina destacó en sus titulares de primera plana el saqueo y los enormes pasivos —que no fueron 10 mil millones sino 17.7 mil millones de pesos— heredados por la administración granierista.
—¿Qué le llama más la atención? ¿Qué le parece más grave? ¿Qué le parece más delicado? —le inquiere la aguerrida comunicadora.
“Lo más grave —contesta Arturo Núñez— es el faltante de mil 900 millones de pesos de programas federales, que la Federación transfirió, puso a disposición de cuentas del gobierno del estado, de la Secretaría de Finanzas, y ésta nunca las hizo llegar a las cuentas de las dependencias ejecutoras, fundamentalmente a la Secretaría de Salud, donde el faltante es de mil 200 millones de pesos”.
“Eso explica en buena medida —prosigue— la crisis que se vivió el diciembre pasado, cuando los directores de los principales hospitales de Tabasco se proclamaron en emergencia médica, debido a los adeudos con los proveedores y adeudos con médicos”.
Indica que ese dinero no está, ni se gastó para lo que fue enviado, y la Tesorería de la Federación, aplicando la normatividad, exige su devolución para realizar el cierre del ejercicio fiscal 2012 y poder abrir el de 2013.
“Evidentemente no estamos en condiciones de devolver, porque el dinero depositado en cuentas federales, lo transfirieron a una cuenta que se llama ‘concentradora’, en la que se mezclaban recursos federales y locales y ahí hay una serie de cheques emitidos, no por mil 900 millones, por una cantidad mayor, que no hay una documentación comprobatoria que lo avale y que no sabemos el destino de a quién fue pagado”.
ABRÍAN Y CERRABAN BOQUETES
De este asunto, dice, se han presentado denuncias ante las autoridades competentes. Y hace una acotación: “Aquí tenemos que ser muy cuidadosos para no cometer pifias que luego a esta gente le sirvan en su defensa, porque acreditar estos llamados ‘delitos de cuello blanco’, es bien complicado; se trata de pruebas documentales, contabilidad, cuentas bancarias y hay responsables ahí claramente: quiénes firmaron los cheques, transferencias; quiénes expidieron los cheques, donde se pierde la pista del dinero”.
Añade: “Ahí no hay problema para identificarlos y que den cuentas. Pero hay otros casos donde no se firma. Pero yo no tengo ninguna duda de la responsabilidad política de que una cantidad así, pues no la pudo haber autorizado un jefe de departamento o un agente de bajo nivel en la línea de mando”.
Prosigue: “Además, me reporta la Secretaría de Finanzas que esto no fue sólo en el 2012. Esto venía ocurriendo desde hacía unos cinco años, cuando llegaba el momento del ejercicio fiscal, se ‘cerraba’ el año, tenían prestado a corto plazo en algún banco, cubrían el boquete; lo volvía a abrir en el nuevo año fiscal, o sea que se les acabó el sexenio y no les dio tiempo de hacerlo.
“LA AUTORIDAD SUPERIOR ERA AGM”
—Necesariamente, de lo que está describiendo, tuvo que tener conocimiento el hoy ex gobernador. ¿Cuál fue el tipo y alcance de la responsabilidad de Andrés Granier en todo esto? —pregunta Aristegui.
Responde Núñez: “Pues, mil 900 millones de pesos federales jineteados, que no llegaban al sector Salud, obviamente los médicos empezaron a reclamar que no llegaban los recursos… la autoridad superior era el gobernador, no creo que no estuviese enterado, no llegaban a los de educación, no les llegaban a los de Seguridad Pública. Aunque se sabía que la federación ya les había depositado; entonces, no creo que exista posibilidad que no lo supiera.
DAR NOMBRES NO AYUDARÍA…
—Dice que “o fue gasto político o se lo robaron, o las dos cosas”. ¿A quién se refiere específicamente cuando habla de esa gente? ¿Tiene usted en su mapa: nombres, apellidos, algo que identificar?
“Sí los hay, Carmen, pero aquí se me ha recomendado por los abogados no dar nombres, porque dentro de la estrategia de la defensa podrían decir que esto es un ‘linchamiento político’ y de que, en tanto no se pruebe en tribunales, nuestra Constitución garantiza la presunción de inocencia; por lo tanto, si yo doy nombre, soy un funcionario de elección popular, de origen político, no la autoridad competente para la procuración de justicia, para la investigación administrativa de la Contraloría y no ayudaría al desarrollo de los procedimientos”, expresa Núñez.
Y sin embargo, suelta: “Van a ser bastante evidentes, porque los que tenían la firma, eran funcionarios muy claros de Finanzas, pero por esta razón, pido su comprensión de no dar nombres, pero pronto se conocerán”.
—¿Las denuncias están en curso?
“Así es. Ayer (21 de febrero) la contralora del estado empezó a presentar denuncias en la Procuraduría del Estado; lo vamos a hacer en la Procuraduría General de la República. Yo ya he puesto en antecedentes a Murillo Karam; lo vamos a hacer ante la Función Pública. Le vamos a dar cuenta a la Auditoría Superior de la Federación para que en la revisión de la cuenta pública de 2012, le ponga especial atención a estos rubros, que nosotros nos hemos encontrado”, explica.
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