Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
El caso jurídico-político a resolver por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco (TCAT), sobre el grupo de notarías entregadas hace siete años por el gobernador Manuel Andrade Díaz, es de pronósticos reservados ante las inimaginables consecuencias que generará el fallo.
Están en juego millares de documentos expedidos por ese grupo de fedatarios durante todos estos últimos siete años. Igual, penden de un hilo los empleos de personas que laboran en esos despachos notariales.
La cuestión es si les retirarán el Fiat, ¿tendrían o no validez el ‘mundo’ de escrituras, certificaciones y otros asuntos que legalizaron durante el mismo lapso que lleva el litigio, si presuntamente de origen estuvieron viciadas esas notarías?
La ley prevé como sanción la separación definitiva de un notario, sin que por ello queden sin efecto los actos que hubiere otorgado previamente, pues la revocación no tiene el alcance de suspender la función notarial.
Otra arista de este asunto es que los notarios involucrados se preparan para combatir jurídicamente el resolutivo del TCAT, en caso de que les sea desfavorable, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Algunos pretenden buscar la protección de la justicia federal interponiendo amparos, o incluso acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Señalan que les causaría un agravio personal y directo que de subsistir sería de imposible reparación para la función notarial que vienen desempeñando en los términos y condiciones que la Ley del Notariado establece.
Otra interrogante es si el Tribunal de lo Contencioso determinará que se reponga el procedimiento de un nuevo examen en el que sólo podrían presentarlo nuevamente el grupo de notarios que resultará afectado, o si el nuevo resolutivo será a partir de una nueva convocatoria que deberá emitir el actual gobernador.
¿O será facultad del mandatario Arturo Núñez la decisión de ratificar o no la creación de esas nuevas notarías que decidió Manuel Andrade Díaz?
El resolutivo de la SCJN también es poco claro, pues no estableció plazos ni definió en concreto, sólo pide que se emita una nueva resolución y deje sin efecto la que dictaminó quitar sólo tres notarías y dejar las otras.
En el voluminoso expediente votado por la Segunda Sala de la Corte se pide al Contencioso dictar “una nueva en la que declare nulo el examen de suficiencia de la función notarial, los actos derivados de éste y, en consecuencia, el procedimiento de designación de notarios”.
“Lo anterior, sin perjuicio de que, de estimarlo conducente, ordene la reposición del procedimiento relativo que, en todo momento, deberá ajustarse a la normatividad aplicable”, subraya el dictamen al resolver el amparo directo 46/2011 (relacionado con los diversos amparos directos 43/2011, 44/2011, y 45/2011).
En el acuerdo de la Segunda Sala del Poder Judicial Federal, del 24 de octubre del 2012, destaca que “se considera que la vulneración en comento no puede entenderse sólo en relación a determinados sujetos, sino que afecta la totalidad del examen de suficiencia impugnado que, por tanto, debe declararse ilegal”.
Al no expresarlo literalmente el resolutivo de la SCJN, se interpretaría que se repita el examen con un nuevo jurado que integrarían los actuales funcionarios del gobierno de Arturo Núñez, y de ser aprobatorio se vuelva a entregar los Fiat de notario a quienes lo pasen.
La protección constitucional se otorga para el efecto de que la Sala del TCAT responsable deje insubsistente la última resolución que emitió sobre este asunto.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Luis María Aguilar Morales, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas, y el ministro presidente Sergio A. Valls Hernández. La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos formularía voto concurrente.
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