Infructuosamente, los consejeros intentaron correr al secretario Ejecutivo, personaje repudiado por las actuales autoridades estatales, para distender la adversa relación política que provoca la presencia del funcionario electoral por su relación con el anterior régimen priista
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
El acendrado divisionismo y pugna entre consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), así como una disfuncional ley electoral estatal, favorecieron al polémico secretario ejecutivo, Armando Xavier Maldonado Acosta, quien se mantiene en el cargo contra viento y marea, a pesar de que por su indebida conducta es responsable de dañar el patrimonio del organismo, según se le acusaba en rechazado acuerdo con el que se le pretendía removerlo.
Pero lo que salvó a Maldonado Acosta fue que finalmente tres consejeros se independizaron del poder político estatal y de la ‘línea’ enviada desde el gobierno estatal, por lo que con sus votos evitaron el despido del secretario ejecutivo.
En un hecho inédito ocurrido en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el secretario ejecutivo del organismo, a pesar de acusaciones graves en su contra, libró en un lapso de cinco meses dos intentos de su destitución por parte de dos distintos consejeros presidentes provisionales.
El 7 de enero pasado, Maldonado Acosta fue notificado por oficio signado por el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez Castro, sobre su destitución “por pérdida de confianza”.
Esa misma fecha, tras despedir al secretario ejecutivo, el entonces titular del IEPCT dejaría también su cargo a Rosendo Gómez Piedra.
El destituido funcionario acudiría ante los tribunales estatales y federales, donde ordenarían su reinstalación el pasado 16 de mayo.
El consejero presidente provisional del IEPCT, Rosendo Gómez Piedra, reaccionaría convocando a sesión extraordinaria el 17 de mayo, para someter a votación el acuerdo de remoción del cargo del secretario ejecutivo, también argumentando la “pérdida de confianza”.
En ambos casos, los consejeros del IEPCT intentaron correr a Maldonado Acosta, personaje repudiado por las actuales autoridades estatales, para distender la adversa relación política que provoca la presencia del funcionario electoral por su relación con el anterior régimen priista.
OCHO AÑOS VIVIENDO EN EL IEPCT
Nunca el organismo electoral había tenido un secretario ejecutivo tan longevo —ocho años en el cargo—, pues Maldonado Acosta fue designado desde el 15 de diciembre de 2005.
Incluso tiene más tiempo en el IEPCT que todos los consejeros electorales, pues la ley no prevé un lapso determinado para ese cargo ni la exigencia de algún requisito o disposición para destituirlo.
Por ello, según el frustrado acuerdo sometido a votación, interpretaba que una “forma razonable para superar la laguna consistente en la falta de procedimiento para la remoción del secretario ejecutivo”, era la misma facultad implícita que tiene para designarlo; es decir, a través del voto de las dos terceras partes de los consejeros.
Pero la sesión extraordinaria del pasado 17 de mayo lo único que evidenció realmente es la pugna y división existente entre el incompleto Consejo Estatal del IEPCT, con dos bandos integrados con tres consejeros cada uno.
PRESIDENCIA DEL IEPCT SIGUE ACÉFALA
El órgano colegiado lo conforman siete integrantes, pero sigue acéfala la presidencia del Consejo desde el mes de marzo de 2012, por la dimisión de Alfonso Castillo Suárez a ese cargo, pues hasta la fecha el Congreso local no ha designado a su sucesor.
El divisionismo en el organismo electoral tabasqueño, generado también por la sequía presupuestal que acusa, fue el factor que realmente salvó a Maldonado Acosta de ser despedido por acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, ya que la votación no alcanzó las dos terceras partes exigidas por ley electoral para aprobar el acuerdo de su remoción.
La votación quedó tres a favor y tres en contra. Por el bando que aprobó destituirlo estuvieron: Rosendo Gómez Piedra, Elidé Moreno Caliz y Antonio Ponce López; quienes rechazaron el acuerdo fueron: Gustavo Rodríguez Castro, Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura.
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