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¿Y de qué tamaño es el boquete?

Aunque se asegura que hay muchos rubros con irregularidades, hasta el momento no se ha dicho con exactitud de qué tamaño fue el daño patrimonial causado al estado en el sexenio de Granier Melo, ni quiénes son los presuntos responsables del latrocinio...

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

El secretario de Finanzas, Víctor Lamoyi Bocanegra, no ha vuelto a hablar del saqueo, ni ha dado a conocer balance alguno que permita a la ciudadanía darse una idea de a cuánto asciende la sangría de recursos públicos, el déficit presupuestal y los deudas heredadas a la administración que ya va en su quinto mes de gestión.

Todavía el 29 de abril, Lamoyi Bocanegra revelaba que se había denunciado ante la Contraloría estatal el asunto del sistema contable que contrató la administración pasada y que tuvo un costo de 34 millones de pesos.

“Ese sistema no está operando, y nosotros estamos llevando la armonización contable en un sistema anterior, al que se le han adaptado otras cosas. Operamos un sistema ‘viejito’, como le llamamos, para presentar el informe trimestral con las especificaciones que marca el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac)”, dijo el secretario de Finanzas.

Indicó el funcionario que “en su momento” reportó la anomalía en la Contraloría y ya es un asunto judicial. Pero fue hasta el 16 de mayo, luego que Andrés Granier Melo salió a disculpase por su lengua floja —tras revelar que era dueño de un guardarropa propio de un miembro del jetset—, cuando el gobernador Arturo Núñez Jiménez confirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ya investiga la adquisición fraudulenta de dicho software.

El caso es que se habla que el boquete financiero o ‘laberinto de trampas’ como lo llamó Núñez Jiménez —entre pasivos bancarios de largo plazo, deuda de corto plazo, déficit presupuestal, efectivo procedente de la Federación que desapareció de la bóveda de la Secretaría de Finanzas y el auto-robo de documentación de cuenta pública del Ejecutivo— que “rebasa los 20 mil millones de pesos”.

Eso es un decir. No hay nada firme, un documento que no sólo haga un balance detallado de los daños al final del régimen granierista —que precise no sólo con cuánto endeudaron al estado, sino cuánto le robaron al erario, con pelos y señales— y que sirva de base tanto para la formulación de querellas judiciales como para exigir el resarcimiento de daños.

Esto deja mal parado al cambio verdadero, pues aun cuando acusa de ‘opacidad’ al régimen granierista por cosas que aún no le ha probado, cojea de la misma pata al no rendir un informe puntual acerca del saqueo y de las irregularidades administrativas encontradas ya sea en el proceso de entrega-recepción o en la etapa de ‘aprendizaje’ de los nuevos funcionarios.

AMOS Y SEÑORES DE LA OPACIDAD

Si la información de estos temas, así como de los recursos que ya se están ejerciendo del presupuesto 2013, y que no es reservada de oficio, no fluye completa y con celeridad, se le dan armas a los adversarios —sobre todos los priistas— para que ellos que fueron los amos y señores de la opacidad le cuestionen al gobierno nuñista… su falta de transparencia.

Ahí está el caso de la acusación que hizo comenzando el mes en la tribuna del Congreso local la diputada del tricolor Esther Alicia Dagdug Lutzow, de que no se sabía del paradero de 100 millones de pesos enviados por la Federación.

Ameritó una respuesta vía comunicado —que ya se están haciendo famosos— el 2 de mayo, haciéndose un desglose de cada una de las transferencias de recursos federales recibidas por la Secretaría de Finanzas.

Y de acusada, la administración estatal se convirtió en acusadora al señalar que “el desconocimiento de la normatividad aplicable a los ingresos del estado consistentes en aportaciones, convenios, participaciones y transferencias, el error de cálculo y la imprecisión en las transcripciones de los números reportados, llevaron a la diputada Esther Alicia Dagdug Lutzow a conclusiones erróneas e infundadas, como la aseveración del faltante de alrededor de 100 millones de pesos en las transferencias federales que la entidad recibió entre el 1 de enero y el 6 de febrero del presente año”.

¿Había necesidad de eso? ¿Por qué no se ha enterado puntualmente a la ciudadanía de lo que ingresa al estado por concepto de aportaciones, convenios, participaciones y transferencias? Es pregunta.

LA TRANSPARENCIA, ¿BLINDADA?

El 14 de mayo, la diputada Dagdug Lutzow volvió a poner en duda la transparencia legislativa. En la tribuna del Congreso local, exigió al gobierno estatal informar si renovaron el contrato de arrendamiento que signó la administración pasada o si ya adquirieron una nueva flotilla de más de 19 camionetas blindadas.

Refirió que el gobernador dijo que se traslada de vehículos blindados que le prestaron, e indicó que existen dudas sobre quién es la ‘generosa persona’ que presta 18 ó más camionetas, “o a cambio de qué lleva tantos meses prestando al gobierno dichos vehículos tan costosos o si ya compraron la flotilla y también ocultaron información gubernamental”.

“NO SOMOS OPACOS”

Definitivamente, la transparencia parece ser algo que no se les da a los hombres del cambio verdadero en Tabasco, que en el debate mediático la exigen sin condiciones. En las campañas electorales, la prometen sin restricciones. Pero en el poder, los hechos muestran otra cosa.

El diputado panista Francisco Castillo se ha encargado, una y otra vez, de hacérselo notar al Ejecutivo, al que acusa de ‘no saber’ transparentar las adquisiciones “como lo propuso en campaña y en el discurso de toma de protesta”.

Hasta el Congreso local lleva su parte en esto de la opacidad, pues ahora que es dominado por el PRD —partido que preside la Junta de Coordinación Política (JCP)— el PRI es el que lo acusa de ocultar las cuentas del manejo presupuestal del Poder Legislativo, toda vez que la información financiera fue catalogada desde el 10 de mayo como ‘reservada’ en su portal, amparándose en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información y en la de Fiscalización del estado.

El presidente de la JCP, Rafael Abner Balboa Sánchez, no quiere que nadie se entere del destino que da a los 315 millones de pesos que los diputados locales se autorizaron como presupuesto para este año. Y ya gastó cerca de 100 millones de pesos  en el primer periodo de sesiones.

Todavía el lunes 20, Balboa Sánchez tuvo el cinismo de declarar que “no tenemos miedo, pero nos apegamos a la ley”. Y se aseguró que los del PRD “no somos opacos”.

Creo que eso de la transparencia, más que ley, es cosa de voluntad. Los perredistas en el poder están peor que los del PRI. ¿Cómo está eso que esperar para ver si sí?