Estudio del gobierno estatal revela que el déficit presupuestal es de 18 mil 158 millones de pesos con 47 pesos y la capacidad financiera estará restringida durante todo el sexenio
Antonio Caraveo Maldonado / a_caraveo2001@hotmail.com
El gobernador Arturo Núñez diagnosticó a sus colaboradores sobre el futuro financiero de Tabasco.
Para sortear el vendaval proyectan que el rescate financiero requiere que la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave para mejorar la toma de decisiones y sirva para implementar políticas públicas y programas.
Lo curioso es que en uno de sus puntos contraviene la sugerencia de Andrés López, de quebrar la relación con el gobierno federal, pues plantea mejorar la relación con las autoridades hacendarias de la federación, a fin de negociar plazos y condiciones que permitan resolver las exigencias de requerimientos financieros del gasto público programable y no programable.
En el punto central, las noticias nada halagadoras indican que habrá de esperar largos 24 meses para respirar financieramente mejor. No habrá un crecimiento en ese tiempo. Esa es la realidad, de acuerdo a un estudio del Comité de Planeación de Tabasco (Copladet).
Para recorrer ese tramo se basan en un eje transversal: Administración pública moderna, transparente y austera. Con adiciones en un solo segmento: Finanzas públicas sanas, Gestión para resultados en el desarrollo y Rendición de cuentas.
LA DEUDA
De acuerdo a un documento en poder de Clip / Reporte Semanal, los números fríos son reveladores:
La deuda pública es de 6 mil 287 millones de pesos y sumada a otros pasivos (morosidad con CFE, proveedores y un largo etcétera), asciende a un monto total de 18 mil 158 millones de pesos con 47 pesos, mientras que el presupuesto federal es del orden de 33 mil millones de pesos.
En el estudio refiere que el gobierno anterior —ya no es novedad— dejó al estado en situación de desastre.
En lo que son las actividades económicas no relacionadas con Petróleos Mexicanos, en lo referente a la modernización de la administración pública y a los procesos de gestión, quedaron quebradas las finanzas públicas estatales, a tal grado de contaminar a los gobiernos municipales.
Para ello no es ajena la corrupción y falta de honradez en la administración de la hacienda pública estatal, lo que provocó la emergencia financiera que se vive en la entidad.
El documento expone que la dificultad financiera que enfrenta el gobierno de Tabasco proviene del déficit fiscal que observa el balance público al cierre de cada ejercicio, de 2007 a 2012, de la reducción en las participaciones federales, de la baja eficiencia recaudatoria y la nula racionalidad, disciplina y honestidad en el ejercicio del gasto público.
Añade que el déficit fiscal del balance público anual se incrementó de 2007 a 2012, hasta aumentar en 3,900% la deuda total del gobierno, que representa el 10.57% del producto interno bruto estatal (PIBE) de 2012.
La deuda total se integra por la deuda pública con vencimientos de largo plazo, que varían de 10 a 15 y 20 años, y que para 2013 compromete el 24.5% de las participaciones federales con porcentajes de compromiso similares para los años subsecuentes.
Todo ello, explica, reduce la capacidad financiera del gobierno hasta 2018, generando la emergencia financiera que deberá superarse durante el sexenio 2013-2018.
OTRO IMPACTO
En el esquema aduce que la emergencia financiera que enfrentan es la proporción de las participaciones federales de Tabasco.
Éstas disminuyeron de 2007 a 2012 en 1.2 por ciento, al pasar del 4.6% al 3.4%, es decir 5 mil millones de pesos menos de ingresos fiscales ordinarios, debido a que la fórmula de cálculo que considera tres coeficientes (el crecimiento anual del PIBE, el crecimiento anual de los ingresos propios y el valor absoluto de los ingresos propios) determinados respecto al porcentaje de la población, no favorece a estados en los que sus economías, como ocurre en Tabasco, son de crecimiento moderado.
La emergencia financiera, señala, obedece a la falta de mantenimiento a la infraestructura carretera, edificios públicos, así como equipamiento de hospitales, y de sistemas de información que requieren urgente atención para recuperar la capacidad de la gestión pública.
Otro factor que al igual afecta indirectamente la situación de las finanzas públicas y hace más aguda la emergencia financiera, es el incumplimiento de las disposiciones normativas que obligan al gobierno estatal a implantar la armonización contable a más tardar el 30 de junio de 2014, toda vez que requiere la actualización de los sistemas de información y de la tecnología informática en todas las dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal.
Reconocen que en la actualidad son insuficientes para reflejar en tiempo real los procesos y operaciones económicas, tanto de ingresos como de egresos, de tal manera que la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave, permanente y recurrente para mejorar la toma de decisiones y sirva de apoyo para implementar políticas públicas y programas.
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