Propone que a los consejeros no sólo se les destituya sino se les obligue a restituir los daños y perjuicios que sufrió la institución al adquirir el sobrevaluado y defectuoso inmueble, que avalaron sin chistar
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
Oficialmente, según resultados finales de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), el fraude en la compra de lo que sería su nueva sede ascendió a ocho millones de pesos 308 mil pesos, pero de acuerdo a indagatorias paralelas, en realidad, la estafa maquinada al organismo público alcanzó el doble de esa cantidad, esto es, 16 millones de pesos.
El 4 de marzo, el Congreso local dio entrada a la resolución de la Contraloría General del IEPCT, para destituir de sus cargos a los seis consejeros electorales de ese organismo, además propone que se les obligue a restituir los daños y perjuicios que sufrió la institución al adquirir el sobrevaluado y defectuoso inmueble, que avalaron sin chistar.
Junto con el despido de los seis consejeros, la Contraloría del Instituto también castigó con inhabilitación al ex consejero presidente Alfonso Castillo Suárez, y procedería a interponer denuncia penal contra al ex director administrativo, Carlos Enrique Iñiguez Rosique y su auxiliar Silverio Falcón Jiménez, así como contra dos de los tantos valuadores contratados: Adrián Banda Leija y Gustavo Espinosa Ayala.
La Contraloría General del IEPCT también dio vista a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del estado, para sancionar a Adela Ramos López, sustituta del Notario número 27 con licencia, senador del PRD, Adán Augusto López Hernández, por incurrir en irregularidades en la escrituración de la compra-venta del inmueble.
Según la Contraloría —cuya titular es Moraima Romero Herrera—, sumados el sobreprecio de más de ocho millones de pesos y otros gastos efectuados antes durante y después de esa transacción, el IEPCT sufrió un “agravio patrimonial” por un total de 12 millones de pesos.
El Congreso del estado deberá dictaminar si avala o no la sanción final a los consejeros por permitir en 2011 la compra del deficiente inmueble —terreno y edificio—, en 32 millones 600 mil pesos, cuando su costo real era de 24 millones 292 mil pesos, según avalúo del Colegio de Valuadores de Tabasco, es decir con una diferencia por ocho millones 308 mil pesos.
SE SUPONÍA QUE YA NO IBAN A RENTAR
El “agravio patrimonial total” por 12 millones 15 mil pesos, fueron por concepto de “gastos previos a la adquisición”, “costos posteriores” y “gastos de mantenimiento”, así como “rentas pagadas de las oficinas” de septiembre del 2011 a febrero a 2013, pues se suponía que con el nuevo edificio el IEPCT dejaría de pagar alquiler del inmueble que actualmente ocupa en el centro de la ciudad.
La Contraloría General del IEPCT determinó separar de sus cargos a los consejeros electorales Rosendo Gómez Piedra —actual presidente provisional—, Elidé Moreno Caliz, Antonio Ponce López, Jorge Montaño Ventura, Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, así como al director de Organización, Rigoberto de la O Gallegos.
En el caso de fedataria, se le debe sancionar, pues sin tener atribuciones contrató perito valuador con cargo al Instituto, así como realizó otros cobros irregulares. Su caso deberá resolverlo el director de Asuntos Jurídicos, el ex diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil.
LA NOTARIA CAUSÓ DETRIMENTO AL IEPCT
El resolutivo señala que la Notaria sustituta, quien realizó la escritura pública número 34501, el 11 de abril del 2011, sin atribuciones de la Ley del Notariado de Tabasco, contrató al perito Jesús Gustavo López Domínguez, para que emitiera el peritaje de avalúo IN/2011/00024 –con la misma fecha de la escrituración–, por la cantidad de 32 millones 600 mil pesos y que sirvió de base para la compra-venta del edificio ubicado en el Periférico 1206, colonia Tamulté de las Barrancas, de esta capital.
Y aunque fue la fedataria sustituta quien contrató al perito valuador, el IEPCT realizó el pago de honorarios del profesionista por 81 mil 500 pesos, según recibo de honorarios 0323, del 11 de abril del 2011 —igual fecha de elaboración de la escritura—, según póliza de egresos número 000016.
El resolutivo de la Contraloría General del Instituto, derivado del expediente acumulado CG/PA/003/2012, por denuncia presentada por el PRD e investigación iniciada de oficio, deduce que “se ve de meridiana claridad que con su actuar” la sustituta del notario con licencia, el senador perredista Adán Augusto López, “le causó un detrimento en los recursos propios” del IEPCT.
Adela Ramos López le cobró al Instituto el pago del impuesto más alto y oneroso por derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por 40 mil 583pesos, en lugar de los 10 mil 206 pesos establecidos en la Ley de Hacienda del estado; igualmente le aplicó al IEPCT un cobro de 652 mil pesos por concepto del impuesto por Traslado de Dominio, el cual “es improcedente, pues de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal, el Instituto está exento de ese tributo”.
Por sus servicios, la notaria adscrita, según recibos 5666, 5667, 05666 y 05667, cobró las cantidades de 268 mil 795 pesos, 79 mil 137 pesos, 32 mil 198 pesos y 109 mil 364 pesos, respectivamente, es decir un total de 489 mil 495 pesos.
Al concluir la investigación de oficio y del expediente acumulado CG/PA/003/2012 interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, la contralora general del IEPCT, Morayma Romero Herrrera, determinó que los consejeros electorales y los funcionarios involucrados en la compra del inmueble, por la cantidad de 32 millones de pesos, tuvieron “responsabilidad administrativa plena y directa en los actos u omisiones”, de la transacción.
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