El líder partidista Roberto Romero asegura que con el cese de Rullán “los diputados volvieron a dignificar su labor” y considera que ya no debe regresar al OSF, pues “es cómplice del saqueo cometido por Andrés Granier”; ahora hay que determinar las sanciones que se merece
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
El dirigente solaztequista Roberto Romero del Valle opinó que esperaba que la destitución de Francisco Rullán Silva, fuera de manera definitiva, “dado que es el cómplice del saqueo a Tabasco cometido por Andrés Granier Melo y su camarilla”.
Propuso que de igual manera tenía que nombrarse a un nuevo fiscal superior que garantice la imparcialidad, legalidad en la revisión de los recursos de Tabasco.
“Con la destitución de Rullán, los diputados volvieron a dignificar su labor debido a que el fiscal estuvo siempre por encima de las legislaturas”, y comentó que los legisladores revisarán con su equipo jurídico y demás asesores el tipo de sanciones a que se debe someter el ex fiscal.
Como se recordará, al rendir protesta de ley, el gobernador Arturo Núñez Jiménez dijo que se profesionalizarían las tareas de fiscalización del gasto público, para que trabajen eficaz y genuinamente al servicio de los gobernados y no a modo de los gobernantes en turno.
“¡Nunca más fiscalización a modo ni revisión selectiva con criterios político-partidistas de las cuentas públicas”, prometió en esa ocasión, 31 de diciembre pasado, en el Centro de Convenciones.
UN ACTO “A TODAS LUCES ILEGAL”: PRI
Los coordinadores de las bancadas del PRI, Erubiel Alonso Qué, y PAN, Francisco Castillo Ramírez, al terminar la reunión de la JCP, afirmaron que el ex alcalde de Teapa, de manera sorpresiva metió ese acuerdo —que sólo PRD, PT y MC votaron— en el orden del día de la reunión, ya que no estaba contemplado.
El líder de la fracción del tricolor desmintió que la negativa de su bancada represente que defiendan al cuestionado fiscal superior, y por ello votó en contra de la propuesta.
“Votamos en contra porque el acto que se aprobó es a todos luces, ilegal y violatorio que establecen los artículos tercero de la Constitución General de la República, 40 último párrafo de la Constitución local, y 83 de la Ley de Fiscalización Superior del estado”, sostuvo.
Y añadió: “Se violan esos preceptos, porque en el expediente no existe denuncia o queja apoyada, es decir no hay una prueba que el PRD, específicamente, haya presentado”.
“QUÉ TRISTE… ES UNA NESHADA MÁS”
Alonso Qué explica que si bien la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé la suspensión temporal, en este caso debe tomarse en cuenta que se trata del titular de un Órgano que tiene autonomía constitucional y que por disposición de la propia Constitución se rige por una Ley especial, que es la de Fiscalización Superior del estado, donde se prevé un procedimiento específico para sancionar al fiscal.
“Reiteramos el apego a la legalidad, y qué triste que no hayan tenido una argumentación sólida ante la opinión pública. Es una ‘neshada’ más”, comentó en torno burlón el priista.
Esther Alicia Dagdug Lutzow, vicecoordinadora de la bancada priista, sostiene que la JCP no está facultada para aprobar un acuerdo de esta naturaleza y que tampoco la figura de suspensión temporal está prevista en la Ley de Fiscalización, en los procedimientos de la destitución del fiscal.
SANCIONAN UNA ILEGALIDAD CON OTRA
El líder de la fracción panista, Francisco Castillo Ramírez, relató que en la reunión de la JCP, el PAN también se pronunció contra la ilegalidad en que incurrió la mayoría del PRD, y que además presentaron con tiempo su acuerdo para poder analizarlo.
“Nosotros en lo que no estamos de acuerdo es, primero en la forma indebida de presentar ese asunto, nunca se nos dio a conocer el dictamen hasta el momento de la reunión”, dijo el panista.
“Querían —recuerda— que en 15 minutos aprobáramos ese dictamen cuando ni siquiera tuvimos oportunidad de analizarlo. No sabemos si de manera fehaciente está bien motivado y fundado”, manifestó.
“Por lo tanto —sostiene—, el PAN no puede ser irresponsable de aprobar algo que ni siquiera fue objeto del análisis de la propia bancada panista”.
Castillo Ramírez dice que también extraña las señales que se están mandando, las cuales significan que se están dilatando en el procedimiento de remoción del titular de la OSF, pues sólo se pretende sancionarlo temporalmente.
¿DE DÓNDE SALE
EL TEMOR…?
El legislador blanquiazul desconoce la finalidad de esta acción del PRD, que sólo exhibe el temor de quitar a Rullán Silva del OSF. “Se desconoce de dónde sale el temor contra el funcionario que ha tenido contra la pared al Congreso del Estado”.
Destaca su preocupación de que con este tipo de decisiones del PRD, el propio Fiscal tenga los elementos legales para rebatir una acción en su contra y todos los acuerdos del poder legislativo.
“Por culpa de un grupo de diputados, que no quieren aceptar que los nuevos tiempos exigen consenso con todos los partidos, se pondrá en evidencia al Congreso local”, dice el legislador del PAN.
Asegura que el PAN si demanda una destitución y castigo para el titular de ese organismo, incluso exige que de manera inmediata sea cesado y sancionado administrativa y penalmente
Por lo pronto, Francisco Rullán Silva, desde un día antes de su cese temporal, había tramitado el amparo 802/2013, que se le negó provisionalmente, se requirió al Congreso la información, y fijó a las 9:00 horas del martes 9 de abril, la audiencia incidental.
El jueves 4 de abril, el primer Juzgado de Distrito dio entrada a la solicitud de amparo contra actos del Poder Legislativo.
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