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‘Por las buenas o por las malas’

La permanencia de Francisco Rullán Silva al frente del Órgano Superior de Fiscalización no se está dirimiendo por cauces legales —que supondrían el inicio de un proceso para someterlo a juicio político para determinar su probable responsabilidad en el gran saqueo de que fue objeto el patrimonio de Tabasco en el sexenio pasado— sino por posiciones que rayan en lo absurdo de quienes pretenden sacarlo de esa posición que le debe al PRI y hasta su actitud de amacharse para seguir en el cargo.

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

La tarea de convencer a Rullán Silva de que renuncie la lleva a cabo el presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) del Congreso local, el perredista Rafael Abner Balboa Sánchez; empero, el diputado teapaneco está evidenciando una falta de oficio político, que también podría leerse como consentimiento para que el polémico personaje, que goza de sus afectos, culmine su período que vence en 2017.

“No hemos tomado una decisión. Estamos esperando que se dé la decisión propia de él. Yo creo que sí hay muy buena disposición de él”, declaró a mediados de la semana pasada el también coordinador de la fracción perredista, quien confiaba que en los próximos días —el sábado 2 a más tardar, según su propio ofrecimiento, debió dar la fecha de renuncia del fiscal superior del estado— dimita “por las buenas”.

Empero, los tiempos se le agotaron a Balboa Sánchez, pese a las fuertes presiones de miembros de su propia bancada y de la del PAN, así como de diversos actores sociales, políticos y económicos de la entidad que señalan que en más de 10 años al frente del OSF, Rullán Silva se ha dedicado a ‘maquillar’ las cuentas públicas de los gobiernos del PRI, a ‘solapar’ la corrupción en la administración de Andrés Granier Melo y, por si eso no bastara, a ‘cargarle la mano’ a los ayuntamientos presididos por la oposición.

La posición paciente del líder del Poder Legislativo, apostándole a la ‘buena disposición’ del fiscal superior, se contrapone con la del titular del Ejecutivo estatal que considera que Francisco Rullán es ‘corresponsable’ del latrocinio de que fue objeto el patrimonio de los tabasqueños por el régimen granierista.

No se anduvo por las ramas Arturo Núñez Jiménez para cuestionar al fiscal. “Habría que preguntarle al señor Rullán en dónde estaba frente al saqueo que se cometió en Tabasco. Sin lugar a dudas hay corresponsabilidad en él, porque no es posible que una conducta reiterada y sistemática a lo largo de seis años (el saqueo de recursos públicos), nunca haya detectado algo la Auditoría Superior del Estado (hablaba del OSF). Si así fue, no sirve, y si fue ‘a modo’ como yo lo supongo, peor tantito”, sostuvo el 27 de febrero.

La declaración del gobernador motivó una airada respuesta de la dirigencia priista. “Nos parece que el Ejecutivo estatal debe guardar prudencia. Si (Núñez Jiménez) es un político formado en la escuela buena de la política, creemos que es importante se ciña a lo que la propia ley establece y que en lugar de meterle ruidos mediáticos a los temas de Tabasco, le dé cauce institucional a la vida pública del Estado y no alterarlo desde el propio ejercicio de la función pública por muy Ejecutivo estatal que sea”, sentenció Francisco Herrera León.

La posición del PRI, su dirigencia y bancada en el Congreso local, es que no hay motivos legales para que Rullán Silva deje el OSF y, por tanto, debe concluir el segundo periodo de siete para el que fue electo. El PAN Tabasco, en voz de su dirigente Jorge Ávalos Ramón, tiene una posición contraria: exige no sólo la salida del fiscal sino se le investigue para determinar su responsabilidad en el irregular manejo de los recursos públicos del estado.

Acotó el jerarca panista: “el pueblo de Tabasco votó por una alternancia, por un cambio. Necesitamos ver los cambios, que la sociedad perciba efectivamente esos cambios”.

Demasiada saliva y tinta se ha regado desde que comenzó a correr la versión de que los días Francisco Rullán estaban contados. Ya hasta se le había puesto precio a su cabeza: circuló el rumor que pedía 20 millones de pesos por estampar su firma en su carta-renuncia.

El responsable de la política interna del estado, César Raúl Ojeda Zubieta, fue interrogado sobre estos trascendidos. Sin embargo, aseguró que el gobierno estatal no se inmiscuirá en la negociación del Congreso local con Francisco Rullán para que renuncie a su cargo, ni aportará dinero en caso de que éste pida una liquidación o finiquito.

Para el presidente del PRD, Roberto Romero del Valle, “una renuncia voluntaria no alcanza liquidación, si nos vamos al estricto estado del derecho laboral. Pero yo creo que debemos esperar y tener la paciencia. Yo tengo la confianza en el coordinador (Rafael Balboa), de que va a lograr ‘por las buenas o por las malas’, que se vaya Rullán Silva del órgano fiscalizador”.

Remarcó que “el PRD desde siempre ha planteado la salida de Francisco Rullán Silva del órgano fiscalizador, porque hemos dicho que él es el ejemplo, la muestra, el símbolo de la corrupción y la impunidad que gozó en la pasada administración de Andrés Granier; y en ese sentido hemos dicho que se tiene que ir por las buenas o por las malas”.

“NO ME ESTOY YENDO”

Hombre que busca a los medios de comunicación cuando le conviene, Francisco Rullán se vio obligado a dar la cara. Y el viernes 1 rompió el silencio. Fijo su posición a todo lo que se ha dicho de su papel al frente del OSF y hasta de los 20 millones que —se dice— le ofrecieron para que se vaya ‘por las buenas’.

“Primero que nada, no me estoy yendo. Segundo, es una gran mentira ello, porque ni yo he hablado de dinero, ni he hablado tampoco en este sentido de que yo ponga condiciones en este caso para poner mi renuncia”, declaró. 

Aunque recalcó que ‘no me estoy yendo’, también dijo que “no me cierro a la posibilidad de que en un momento dado, dadas las circunstancias que prevalecieran en el Congreso, yo ponderara, tomara alguna decisión, pero yo no estoy vendiendo mi posición”.

Y emplazó a sus detractores, sobre todo a los perredistas. Les manifestó que “si ellos sienten que tiene los elementos suficientes para que puedan solicitar mi remoción, pues adelante, ¿no?”.

Con este posicionamiento, parece que Rullán Silva les ganó la partida a los que buscan derrocarlo, sobre todo a quien apeló a su buena fe: el presidente de la JCP. Otro escenario sería demasiado perverso: que su amigo Rafael Balboa acordara con él en lo oscurito armar todo este show para que finalmente se quede. ¿Será? ¿Y cómo quedará el cambio verdadero? No se vaya a ir primero el líder del Congreso.

LA CAMA TENDIDA

La certera forma en que el gobierno de Enrique Peña Nieto puso fin al cacicazgo en el SNTE de Elba Esther Gordillo Morales y todo lo que representaba —enriquecimiento ilícito con el patrimonio de los maestros, canonjías de las autoridades educativas, y cuotas de poder del régimen gobernante—, abre la pauta para que la justicia vaya en pos de otros grupos de presión y de políticos —sean líderes sindicales o ex gobernantes— que han amasado fortunas mal habidas.

En el ámbito nacional se apunta, en lo inmediato, hacia dos personajes que son candidatos naturales para ir a la cárcel por su enriquecimiento ilegal: el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Y si se aprovecha esta ola justiciera podría hacerse una limpia en nuestro estado para sacudirnos de una vez por todos a sabandijas de la calaña del dirigente del Sicobatab, José Ramón Díaz Uribe.

Al líder sindical de los trabajadores del Colegio de Bachilleres ya le dicen el nopal, porque cada día se le descubren nuevas propiedades, que jamás habría podido adquirir con sus percepciones salariales. Y es que a la lista de por lo menos 10 inmuebles —entre éstos una residencia con valor de un millón de dólares en el fraccionamiento Campestre— que exhibió el director del Cobatab, Jaime Mier y Terán, ahora le han agregado un par de gasolineras.

Pero, ¿podría ir a la cárcel Díaz Uribe por enriquecimiento ilícito al utilizar para su provecho personal las cuotas de sus agremiados?

El secretario de Gobierno acaba de manifestar que ‘de oficio’ no lo harán las autoridades estatales, toda vez que para proceder en un caso así se requeriría una acusación formal de los propios sindicalizados. Y acotó: “si la hubiera, sin lugar a dudas que el gobierno revisaría profundamente cualquier denuncia”.

A José Ramón Díaz Uribe no sólo hay que cortarle las alas y amarrarle las manos, sino llevarlo ante la justicia para que responda por el saqueo indiscriminado del patrimonio del Sicobatab y determinar su probable responsabilidad en desvío de recursos del subsistema de educación media superior. Alguien debe aventarse ese paquete. ¿Quién?

A Arturo Núñez le preguntaron su posición ante cacicazgos como el del Sindicato del Colegio de Bachilleres. “La ley, la ley y siempre la ley”, contestó el mandatario estatal.

Y Enrique Peña Nieto estableció también que “los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes”. ¿Quién los defenderá?... Señores, ahora hay que pasar a los hechos.