lunes, 4 de marzo de 2013

Desorden, ignorancia y corrupción se conjugaron en la Secretaría de Finanzas


La anarquía fue tal que nunca pudieron tapar el hoyo financiero que se fue registrando durante cada ejercicio fiscal, además de que la estructura administrativa encabezada por José Saiz Pineda era totalmente opaca, asegura la diputada local Rosalinda López Hernández 

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com


Además de la enorme corrupción, en la Secretaría de Planeación y Finanzas de Andrés Granier Melo prevaleció la ineficiencia total e ignorancia absoluta en el manejo presupuestal del gobierno.
Así lo sostiene la especialista en materia fiscal y auditorías Rosalinda López Hernández —que encabezó el equipo de transición del gobernador Arturo Núñez Jiménez—, al afirmar que en la Secretaría de Finanzas de la pasada administración existió “gente que tenía desconocimiento total de los esquemas mínimos de la Ley de Coordinación Fiscal. No sabían nada de términos financieros fiscales”, subraya.
La también ex diputada federal y ex senadora, y ahora por segunda ocasión legisladora local, abunda que eran gente que fue abonando a una estructura administrativa totalmente opaca, y sin una disciplina administrativa.
En general, el desorden con el que trabajaron fue tal que nunca pudieron tapar el ‘hoyo financiero’ que se fue registrando durante cada ejercicio fiscal, señala.
Es vox populi que el titular de la Secretaría de Finanzas de Granier Melo, José Sáiz Pineda —un contador especialista en evasión fiscal—, sólo estaba de parapeto en el cargo, pues quien mandaba en la dependencia era el compadre y socio del ex gobernador Granier, Amílcar Sala.
Sáiz Pineda llegó al cargo de rebote, pues en realidad ese puesto estaba destinado a Amílcar Sala, quien finalmente no reunió los requisitos legales, y se designó a alguien cercano al gobernador, José Sáiz Pineda, ambos socios en el cementerio ‘Recinto Memorial’, cuyos terrenos eran propiedad de este último.
Además, la Secretaría de Finanzas contrató despachos, todos con origen y radicados en Mérida, Yucatán, y el despacho de Pedro Aspe Armella —secretario de Hacienda durante el régimen del Presidente Carlos Salinas de Gortari—, que era el que prácticamente definía las políticas a seguir en esa dependencia.
En entrevista, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática sostiene que en la dependencia responsable del manejo del erario estatal existió un problema de función administrativa, donde nunca siguieron los manuales de Organización, con normas y reglas presupuestales que realizaban pero no las seguían, y funcionarios con estructuras duplicadas.
Tampoco hubo ninguna especie de supervisión a los procesos de planeación y de administración, añade.

JOSÉ SÁIZ, EL MÁS 
GRIS Y OPACO

López Hernández, de profesión contadora, explica que en la dependencia más cuestionada de la administración pasada se abrieron dos frentes: “La ineficiencia y falta de conocimiento en materia presupuestal tributaria, y la ineficiencia o dolo y mala fe de crear procedimientos administrativos que nunca siguieron”.
Para rematar, en el manejo de las finanzas prevaleció la opacidad y tampoco se le sometió a procesos de auditorías para conocer lo que allí pasaba.
A pesar de que el gobierno cuenta con tres órganos reguladores, como son la Secretaría de la Contraloría del estado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —para efectos de programas federales—, y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), en la Secretaría de Finanzas se hizo y deshizo con los recursos públicos.
Sólo la ASF hizo observaciones muy delicadas en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, en el manejo de recursos del Seguro Popular y dinero federal en materia de salud y antes en educación.

“SIN VER” LO QUE ESTABA PASANDO
En el reducido muestreo que se logra realizar en un trabajo de auditoría, salvo  la ASF, el órgano técnico del Congreso local y la Contraloría actuaron “de no ver, ni entender lo que estaba pasando” en la administración pasada, sostiene la ex senadora.
Deplora que ni siquiera una observación de tipo administrativo efectuara el OSF y la Secretaría de la Contraloría del estado.
Recuerda algunas anomalías detectadas en noviembre del año pasado, durante el proceso de entrega-recepción, donde salvo dos dependencias, que si entregaron sus estados financieros con fechas de 30 de septiembre —Sedeco y Sernapam—, el resto carecía de esos documentos.
“Salvo esas dos Secretarías que tenían sus estados financieros actualizados, el resto no tenía nada. No existían estados financieros”, pero ni siquiera esa observación mereció de las dos entidades fiscalizadoras del estado, subraya López Hernández.
“¿Qué pasaba? Pues que todo se manejaba en la Secretaría de Finanzas, pues la integración de la cuenta pública, por ley la concentra esa dependencia.
Así que cada Secretaría mandaba sus estados financieros y la concentraba Finanzas. Al final, en esa dependencia podían acomodar las cifras de las Secretarías a como quisieran y las mandaba directamente al OSF”, explica.
Las dependencias desconocían al final qué estados financieros habían acabado de presentar en sus cuentas públicas, indica.

CENTRALIZABA TODO EL DINERO
López Hernández, quien también cuenta con un despacho contable propio, destaca que otra anormalidad con que se condujo la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Granier Melo, fue la desmedida concentración de las operaciones financieras, sin informar nada al resto de las dependencias, pues disponía del erario a su libre albedrío y ocasionó el crecimiento de la deuda a proveedores. Todos los pagos se centralizaban en Finanzas.
Si a determinada Secretaría estatal se le autorizaba su suficiencia presupuestaria para realizar determinado programa o compra de equipos, se seguían los trámites y Finanzas autorizaba.
En las dependencias se licitaba, compraba, verificaba la factura y se mandaba a Finanzas; de allí la dependencia ya no le daba seguimiento, pues se creía que en teoría se contaba con el dinero. Allí acaba el ‘círculo’ de una operación económica.
En las dependencias no le daban seguimiento para descargar cuando le habían pagado la factura de su proveedor. El titular de la dependencia se daba por ‘entendido’ que a los 45 días ya le habían pagado a su proveedor.
“Pero en la Secretaría de Finanzas —prosigue— lo que fueron haciendo fue sacando dinero, y de repente fueron llenando la panza de proveedores. Eso llega a ser más de mil millones de pesos de deudas a proveedores pendientes”.
Había Secretarías que tenían deudas por pagar, pero lo peor es que no tenían una cantidad certera, porque tampoco Finanzas le mandaban copia del ‘corte de caja’ para que supieran las órdenes de pago que faltaban.  

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