El organismo defensor de los derechos humanos renta un inmueble que fue hecho para vivienda, pero se ha adaptado para las oficinas de la institución; es un espacio reducido e inadecuado
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) destaca la necesidad de fortalecer la presencia y el trabajo de la institución con mayores recursos para infraestructura y personal, con los que puedan desempeñar con mayor amplitud y eficacia la promoción y defensa de la población que vea vulnerada sus garantías individuales.
Actualmente, la CEDH recibe de la CNDH el apoyo técnico en las investigaciones, con sus peritajes, “pero sería muy importante que nosotros pudiéramos crecer en esa materia”.
Incluso, señala Jesús Manuel Argáez de los Santos, la CEDH carece de instalaciones propias y renta un inmueble que está adecuado para vivienda, pero se ha adaptado para las oficinas de la institución; ese espacio es reducido e inadecuado. Igual, en los municipios cuentan con oficinas rentadas, modestas y limitadas.
Se requieren peritos en diversos rubros. Por ejemplo, en el caso de tortura, el personal de la CEDH realiza la revisión física y psicológica para conocer los efectos postraumáticos por violencia.
“Pero cuando se requiere un dictamen más profundo, entonces reciben el apoyo de la CNDH”. Y cuando la Comisión Nacional está saturada de trabajo, se tienen que contratar a peritos en determinados temas, incluso de otros estados, para resolver algunos asuntos.
El año pasado, la Comisión Estatal recibió más de cien quejas relacionadas con tortura. “¿Se pueden imaginar la cantidad de trabajo que eso significa?”, pregunta.
“Requerimos mayores recursos” para poder sacar adelante la labor que crecerá con la reforma legislativa en materia de derechos humanos, insiste.
“Está contemplado que se requiere adecuar presupuestalmente, para llevar a cabo las tareas de la institución”, añade.
La CEDH es la que opera con menos recursos económicos del país, “pero eso no ha sido óbice para la productividad, pues somos en ese sentido, de las más productivas; hay personal muy comprometido, dinámico. Esa es una riqueza fundamental, pues la gente tiene ‘la camiseta puesta’, y si se cuenta con mayores recursos podremos dar mejores resultados”, enfatiza.
Argáez de los Santos señala que con la nueva administración estatal se ha hablado del tema de los derechos humanos en el aspecto de cada uno de los rubros detectados como urgentes de atender.
Se han entregado (al gobierno estatal) los informes especiales sobre migración, atención a víctimas, salud y el sistema penitenciario.
“LOS PEORES RECLUSORIOS DEL PAÍS”
Se han emitido 16 recomendaciones relacionadas con migrantes, y también se generó un informe especial relacionado con el tema de seguridad pública, de manera concreta sobre reclusorios, expone.
Igual, se han generado 47 recomendaciones a Seguridad Pública, donde la mayoría tiene que ver con el sistema penitenciario. Existe un diagnóstico muy completo de lo que ocurre en esa materia, acota.
En este tema estamos en el penúltimo lugar a nivel nacional. “Somos de los peores reclusorios que existen en el país; nosotros participamos a través de la Federación Mexicana de Organismos Públicos con este tema, en visitas periódicas realizadas a los centros de internamiento, y se da a conocer la calificación”, refiere.
Existe una serie de indicadores que señala los problemas que en cuanto a infraestructura penitenciaria, básicamente hay sobrepoblación. En el Creset —destaca— es tremenda.
Algunos informes señalan que esa cárcel fue construida con capacidad para mil reos, otros mencionan que fue para 700 presos. Pero ahora, en una celda diseñada para dos personas, hay diez.
SOBREPOBLACIÓN “BÁRBARA”
“Algo que era para 700, y entre comillas se hizo una ampliación para mil, ahora hay dos mil 500 presos. Vemos que la sobrepoblación es verdaderamente bárbara”, lamenta.
El tema de infraestructura está por los suelos; son indicadores muy concretos, y en lo que tiene que ver con la reinserción social, la forma en cómo se llevan a cabo los programas, manifiesta el ombudsman.
Afirma que realmente para poder reinsertar a la sociedad, que es el sentido primigenio que marca la ley, no es la pena por la pena, para hacer sufrir, sino para reinsertar socialmente a la persona.
“¿Cuáles son los programas?, ¿qué realizará esa persona cuando salga de la cárcel?”, se pregunta. Él mismo responde: “(el sujeto) no tiene otra opción distinta que a la delincuencia. Entonces el cumplimiento de esos programas son completamente un fracaso”.
ADOLESCENTES… UN CONFLICTO
Inclusive en el ámbito donde se puede tener mayores posibilidades de éxito en la reinserción social, es en el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que es un problema creciente.
El ombusdman refiere que en 2008 no se llegaba a 100 internos; hoy en día se tienen casi 200 jóvenes.
Rechaza que sea a través del castigo al adolescente la solución, “ponle más penalidad y ya resuelves la problemática”. No se ha ido al fondo del asunto con el problema de la delincuencia juvenil, que tiene que ver también con las causas que la están generando, y qué hacer con los que ya cometieron delitos, están purgando una condena y van a salir, apunta.
Se reformó para aumentar la penalidad, pero la mayor parte de los que están internos tienen sentencias cortas. ¿Qué pasará con ellos cuando salgan si realmente vienen de hogares disfuncionales, desintegrados, con ausencia de padres o están pero tiene problemas de alcoholismo, drogadicción y otros?”.
“Si no hay un programa real. Concreto que permita darles una alternativa de vida distinta a la que ya conocen que es la delincuencia, pues cuando salgan de allí van a volver a realizar lo mismo que hacían antes”, reitera.
UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL
Asegura que es en esta etapa es donde se pueden tener mayores de éxito, “pero hasta el momento no hemos logrado y encontrado un camino, y una voluntad política para que realmente se transforme de un centro de castigo, cárcel o granja, a un centro de reinserción social donde los adolescentes puedan contar con una alternativa distinta de vida, que incluye educación, por supuesto”.
Argáez de los Santos también se pronuncia contra la figura penal del arraigo: “tiene que desaparecer, pues se presta para la comisión de abusos, viola el principio de presunción de inocencia consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y además a nivel nacional existen datos de que las personas que son arraigadas, el 70 por ciento finalmente quedan absueltos”.
Esto habla que existe un abuso de la figura del arraigo y que va en contra de los derechos humanos.
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