martes, 5 de febrero de 2013

Punta Fina


Deudas y riesgos


Se ilusionaron. Les prometieron un nuevo trato y ellos, buenos para tender la mano pero malos para llenar las arcas porque cobrar impuestos desagrada y aleja a los votantes, creyeron estar al final de sus angustias.

José Ureña / primercirculo@hotmail.com


Por eso se ofrecieron gustosos al reconocimiento del ganador cuando las leyes y los tribunales dieron por cerrado el proceso electoral de 2012 y sentenciado el nuevo rumbo de la patria.
Pero llegó el nuevo gobierno y la noticia helada la leyeron en los periódicos:
—El gobierno no rescatará a estados y municipios —definió el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Al contrario, pretende limitarlos a través de una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.
La iniciativa está lista para presentarse en el período ordinario de sesiones recién iniciado.
¿Por qué lo hace la federación?
La respuesta la dio el 16 de enero el propio Videgaray:
—El problema es que estamos viendo en algunos casos una tendencia de endeudamiento muy acelerada que implicó que, en el agregado, el nivel de deuda y municipios con respecto al PIB se duplicará en tan sólo tres años.
No es una tendencia generalizada, pero por los abusivos pagan todos.

FRENTE DE ENOJOS
El desencanto sí es generalizado.
Con un agravante: varios actores han pasado del enojo al reclamo airado.
Los más exigentes han sido alcaldes.
En la oficina de Luis Videgaray se tiene el registro del insistente reclamo de Mario Villlanueva Tenorio, de Othón P. Blanco (Chetumal), porque se siente ahorcado.
Cómo no, si le fue degradada su calificación por incumplimiento de pagos y el Congreso de Quintana Roo no le ha autorizado nuevos créditos para sobrevivir.
Otro ejemplo es Luis Walton, de Acapulco.
Videgaray ha tomado una determinación inteligente, de resultados inmediatos, pero falta ver si le da tiempo en tanto está la nueva norma o para encontrar una salida definitiva.
Los trata individualmente y de momento ha evitado un frente amplio.
Pocos lo saben, pero simultáneamente a esas negociaciones Hacienda se negó a tener tratos con supuestos representantes de grupos de alcaldes en gran pelea por recibir supuestos retrasos de participaciones, algunas federales y en la mayoría escamoteadas por gobernadores.
Coyotes a cambio de comisión debido a una grave realidad: si los gobiernos locales no tienen equipos profesionales para elaborar un proyecto viable ingreso-gasto, menos para cubrir el largo camino de la burocracia y sustentarlo ante regateadores de alto tecnicismo.
No van por migajas: si la deuda acumulada supera los 400 mil millones —a septiembre era de 406 mil 764 y tiene una media trimestral de dos mil 500—, es fácil imaginar las ganancias de esos asesores.
De cualquier forma, el intercambio de información entre estados y municipios se ha incrementado y en cualquier momento pudieran alzar su voz en forma colectiva.
En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de febrero en Chihuahua, por ejemplo, a donde el chihuahuense César Duarte ha invitado al presidente Enrique Peña.

CON CARGO AL CENTRO
Es llamativo, en ese contexto, el anuncio conjunto de Luis Videgaray y el coordinador senatorial perredista Miguel Barbosa.
El secretario de Hacienda accedió a instalar una mesa de análisis con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para buscar salida a la deuda de estados y municipios.
Si Videgaray impone su criterio, se estudiarán mecanismos de acceso a mercados menos costosos, pero no pasaría de ahí.
Pero si cede, la única salida es la asunción federal de obligaciones.
Un nuevo Fobaproa, como lo han denominado algunos.
Porque las participaciones han dejado de ser la salida.
Un dato:
Durante el último año de Vicente Fox la deuda de estados y municipios sumaba 160,093 millones de pesos y representaba únicamente 48.7 por ciento de las participaciones federales.
En el penúltimo año de Felipe Calderón, en 2011, las cifras se habían movido significativamente: 390,777 millones de deuda y representaban 79.2 por ciento de las participaciones.
Y si los gobiernos locales viven de cuanto les da el centro, está descrita su situación y poco vale el argumento de las retenciones con fines políticos en tiempos de Calderón.  

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