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“Voy por la cabeza”

¿De verdad se aplicará todo el peso de la ley contra quienes dispusieron indebidamente del patrimonio de los tabasqueños? ¿Contra qué miembros del régimen granierista se ejercerá acción legal? ¿Hasta dónde llegará el poder de la justicia? ¿Juzgará la historia o serán las autoridades actuales las que llamarán a cuentas a los saqueadores? 

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

Estas preguntas, que pareciera no han tenido respuesta en el primer mes del primer gobierno emanado de la oposición, se las hacen tabasqueños de todos los estratos sociales, en todos los círculos de convivencia, en todas partes. Las noticias oficiales que fluyen no satisfacen esa expectativa, y han sido rumores, especulaciones, versiones no confirmadas las que salen al paso.

Sin embargo, el gobernador Arturo Núñez Jiménez maneja sus propios tiempos, sigue su propia estrategia, juega su propio juego. Eso es lo que se intuye, en el entendido que no es tarea sencilla llevar ante la justicia no a uno sino a toda una gavilla de delincuentes de cuello blanco, que harán hasta lo imposible por seguir en la impunidad y disfrutar de sus riquezas mal habidas.

Y el tiempo de aplicar la ley ha llegado. Ya hay pruebas contundentes para proceder. Esa parece ser la señal que envía ahora el mandatario tabasqueño, que el fin de semana se apersonó en el despacho del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, allá en la capital mexicana.

Núñez le llevó diversos planteamientos de su gobierno, apalabrados con el Presidente Enrique Peña Nieto. Pero también consideró propicio enterarlo tanto del desbarajuste en que recibió la administración estatal, como de las acciones penales que habrá de emprender contra su antecesor Andrés Granier Melo y colaboradores que resulten implicados en actos de peculado en agravio al patrimonio de Tabasco, y en enriquecimiento ilícito.

“Vamos por la cabeza”, le habría dicho el perredista Arturo Núñez al responsable de la política interna del país, para adelantarle que el priista Andrés Granier será sentado en el banquillo de los acusados como el principal responsable del daño patrimonial al estado. Y le aclaró que no será un ajuste de cuentas, sino simplemente la aplicación de la ley a quien desde el más alto cargo público en la entidad hizo y permitió el mal uso de los recursos de los tabasqueños.

Núñez entregó en sus manos al hidalguense un grueso legajo con pelos y señales del saqueo de que fue objeto Tabasco los últimos seis años, al tiempo que le acotaba: “Se les pasó la mano. Pero fueron tan burdos que dejaron huella de todo lo que hicieron”. Y le enfatizó: “Vamos con todo contra ellos”.

Antes de partir a la capital del país, el gobernador recibió de sus colaboradores los informes del proceso de entrega-recepción que documentan irregularidades administrativas de todo tipo, desde faltantes en los inventarios hasta evidencias de malversación de recursos presupuestales.

Despachos externos asistieron a la Secretaría de Contraloría estatal en los arqueos realizados en cada una de las dependencias del Ejecutivo, que documentan cómo muchas de las acciones enlistadas en los libros blancos que entregó la anterior administración son inexistentes o adolecen de deficiencias que hacen sospechar que sus costos fueron inflados para sacar provecho económico personal.

El panorama que sigue será distinto al de las primeras semanas de 2013 cuando se dio la impresión que los funcionarios del nuevo gobierno no hallaron elementos para juzgar a sus antecesores, pues salieron a hacer señalamientos nimios que los medios de comunicación magnificaron, lo que incluso dio pauta a que circulara la especie que era puro cuento eso de que se encarcelaría a los saqueadores del erario de Tabasco.

Empero, los últimos mensajes procedentes del inquilino de la Quinta Grijalva —los que no se boletinan pero se comentan en corto— hablan de lo contrario; fortalecen su compromiso de que el latrocinio no quedará impune y que la ley no hará distingos de jerarquías.

Lo planteó muy claro el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, cuando garantizó: “Que la sociedad no tenga duda: en cuanto se comprueben las irregularidades y se tengan los recursos sólidamente hechos, se van a presentar las denuncias y se va a llegar hasta donde se tenga que llegar”. 

En los siguientes 30 días, los funcionarios del granierismo que sean implicados en ‘actos atípicos’ serán citados a comparecer ante la Contraloría estatal, a fin de que aporten elementos en descargo de los señalamientos u observaciones que se les hagan. Pero lo verdaderamente relevante será cuando entre en acción la Procuraduría General de Justicia y gire órdenes de presentación a muchos ex funcionarios, inclusive a aquellos que se daban el lujo de rehuir a comparecencias en el Congreso local o la misma ‘cabeza’.

Todo esto sucedía en momentos en que circulaba una noticia que cimbró a los tabasqueños y que daba cuenta que una de las hijas del ex gobernador, Mariana Granier Calles compareció al juzgado cuarto de distrito, en el Palacio de Justicia federal de Gaviotas, donde se ventiló una audiencia por la petición que interpuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se congelaran sus cuentas bancarias. Ésta se habría amparado para evitar la acción legal que le impediría hacer uso de una fortuna personal que —según la versión— ascendería a tres mil millones de pesos.

Si esto se confirma —pues no es un hecho aislado—, se fortalecerá también la posición de que se va ‘con todo’ y ‘por todos’. Y no sólo el papá, sino también Fabiancito Granier Calles habrán de poder sus barbas a remojar.

¿PERMITIRÁ PRI ENJUICIAMIENTO?

Ante la posibilidad, inédita, que un ex gobernador de Tabasco sea presentado ante la justicia para que responda por sus actos violatorios de la ley, se ha generado un debate en el que cunde la incredulidad, la vacilación de quienes se resisten a creer que el PRI vaya a permitir que Andrés Granier —no así ‘algunos’ de sus ex colaboradores— sea encarcelado. Y arguyen que en mano de la dirigencia del tricolor hay un argumento de peso para impedirlo: su participación en el Pacto por Tabasco, o que sería cobijado desde Los Pinos.

Digo que quienes piensan o sostienen eso podrían llevarse un chasco. He escuchado versiones que me perecen muy sensatas de destacados cuadros de ese partido que no ven inconveniente en que, si hay pruebas que lo demuestren, el ex ‘primer priista’ de Tabasco pueda ser enjuicio por peculado o los delitos que el resulten.

Una de esas voces es la del ex diputado federal Federico Madrazo Rojas, quien consideró que no es solamente la historia la que deberá juzgar. “La gente con su voto le dio autoridad al nuevo gobierno para que sea él, en el uso exclusivo de la ley, quien la aplique. Yo soy de la idea de que la ley se debe aplicar para todos, sin distingo y por parejo”, subrayó el presidente de la fundación Carlos A. Madrazo en la capital tabasqueña.

Considerado un personaje que se lleva bien con todo mundo, Florizel Medina Péreznieto señaló que quien haya dispuesto del erario de manera indebida, se le debe aplicar la ley. “Yo creo que nadie está contra eso. A mí me parece que lo mejor que le puede ocurrir al PRI, es que se actúe conforme a derecho y el que haya cometido un error, pues que se atenga a las consecuencias”, expresó.

Cuando se le preguntó a Florizel Medina: ¿Coincide con quienes dicen que la de Granier fue la peor administración que ha tenido Tabasco?, no titubeó en decir: “Pues parece ser que sí”.

Y por lo que hace al PRI y al Pacto por Tabasco —para lo que ya entregó su pliego de propuestas—, su dirigente estatal Francisco Herrera León está en la misma tesitura.

“El PRI no puede abogar por quien, siendo o habiendo sido servidor público, sabe perfectamente bien cuáles son sus facultades y cuáles son sus obligaciones, y responsabilidades. Todo servidor público sabe perfectamente bien que debe de sujetarse y ceñirse a lo que establece la ley; quien no lo hace tiene que pagar sus consecuencias”, puntualizó.

¿Alguna otra duda?