Los migrantes han sido víctimas del crimen organizado que tiene tomada la frontera, de todos los cuerpos de seguridad y autoridades sumidas en la corrupción, y de la sociedad que los ha discriminado
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
“Bien lo dijo el gobernador en su discurso de toma de protesta: Tabasco es zona de desastre, no hay lugar por donde uno vaya que no sea visible el desorden que ha dejado la clase política en el poder, sea del partido que sea”, destacan los activistas Rubén Figueroa y Tomás González.
La economía del estado está en ruinas y la carrera por el poder político en las elecciones pasadas ha dejado una división profunda. El tejido social está pulverizado y se han disparado las enfermedades sociales. Por el estado se trafica todo, droga, armas, madera, seres humanos.
En su denuncia pública, los dirigentes de la ONG señalan que en los años pasados, pero especialmente en los seis que acaban de pasar, “Tabasco convirtió el bendito sueño de miles de transmigrantes provenientes de Centroamérica, en una maldita pesadilla”.
Los cientos de seres humanos, hombres, mujeres, niños, ancianos que ingresan por la frontera sur de México, en Tenosique, Tabasco, han sido en su mayoría víctimas del crimen organizado que tiene tomada la frontera, víctimas de todos los cuerpos de seguridad, de las autoridades sumidas en la corrupción y de la sociedad que los ha discriminado.
González Castillo, sacerdote católico y párroco de la Iglesia Cristo Resucitado, recuerda que su labor también ha sido perseguida y criminalizada, pues tiene varias denuncias penales en su contra por parte del INM, y ha recibido amenazas tanto del Ejército mexicano como de la Policía Federal Ministerial. Además de la indiferencia de los gobiernos estatal y municipal.
“No conformes con las denuncias en nuestra contra, hemos sido víctimas de la calumnia, la difamación y la criminalización de nuestro trabajo. Desafortunadamente, con el aval de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco y/o con el silencio de la CNDH”.
Los promotores y defensores de los derechos humanos de los migrantes aseguran que la violencia estructural y regional en torno a los migrantes sólo se resolverá de la misma manera, cuando se atienda estructural y regionalmente a la población migrante.
Destacan que el flujo migratorio proveniente de Centroamérica ha aumentado considerablemente; con ello aumenta también la violencia hacia ellos y ellas por parte de muchos actores de la sociedad. Pero “no es con políticas desde la perspectiva de seguridad nacional como se resolverá el problema”.
ATENDER TRAGEDIA HUMANITARIA
Al gobierno del Estado pidieron “tender redes desde el gobierno del Estado hacia Centroamérica para iniciar políticas binacionales de cooperación y atender la tragedia humanitaria en torno a los migrantes”.
Igual, desencadenar una política migratoria estatal que dé seguridad a las personas migrantes a través de la creación de un Instituto propio para las migraciones del Estado.
Propusieron revisar el aparato encargado de la procuración de justicia en el estado, pues en muchas ocasiones se ignoran los derechos de los migrantes, se les discrimina, “se les hace culpables”.
“Si el crimen organizado se ha estancado en puntos bien identificados en la ruta ferroviaria: Tenosique, Apasco (La cementera), Estación Chontalpa, es gracias a la infiltración que el mismo crimen ha hecho de las autoridades correspondientes o a la indiferencia por parte de las mismas”, acusan.
Por ello urge acudir interinstitucionalmente a los puntos mencionados y limpiar la ruta tanto del crimen organizado como de las autoridades corruptas.
RECHAZO A POLÍTICA MIGRATORIA
Los promotores de derechos humanos rechazaron la creación de lo que en materia migratoria ha anunciado el gobierno federal, a saber: el ‘sello de la frontera’, la creación de la ‘policía fronteriza’ y la construcción de más garitas de detención. Estas tres medidas no sólo no respetan los derechos humanos, sino que van contra la seguridad de las personas.
Mientras que al alcalde de Tenosique le urgieron a establecer también una política migratoria municipal que construya una conciencia colectiva de ayuda, solidaridad y respeto a las personas migrantes en tránsito.
También piden que el edil del municipio fronterizo realice “una estricta vigilancia al cuerpo de la policía municipal, pues son de los más represivos del estado; además de que nos hacen culpables de la inseguridad en el municipio pues expresan que en ‘La 72’ y su equipo nos dedicamos a proteger delincuentes”.
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