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Rufián

Durante seis años, las dependencias gubernamentales estatales incurrieron en irregularidades administrativas —compras directas, pasivos de corto plazo no soportados con partidas presupuestales, licitaciones amañadas, sobreprecios en compras, doble contabilidad, etc.—, y año tras año las cuentas públicas del Ejecutivo fueron aprobadas por el Congreso local que, a ciegas, validaba los dictámenes que elaboraba el Órgano Superior de Fiscalización (OSF). 

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

El fiscal superior Francisco Rullán Silva presumía que Tabasco contaba con instrumentos de fiscalización modernos, que la muestra aleatoria para la revisión física y documental de proyectos de inversión garantizaba un trabajo a prueba de fallas, y que cualquier anomalía en el ejercicio del gasto público de los poderes y gobiernos municipales  se detectaría y sancionaría.

En 2010, Rullán quiso vendernos la idea de que había descubierto una operación fraudulenta en contra del erario del municipio de Centro por el ex alcalde Evaristo Hernández Cruz, que para entonces había revelado su intención de ser candidato priista a gobernador, pero sin consentimiento de quien mandaba en la Quinta Grijalva: Andrés Granier Melo.

A Hernández Cruz le reprobaron su cuenta pública del año 2007 —que fue calificada dos veces— porque adquirió un equipo de dos partes conocido como Dragón, consistente en una máquina precalentadora y otra recicladora-asfaltadora, por las que justificó una erogación de 43 millones de pesos en dos facturas, una por cada pieza.

El OSF sólo le aceptó un comprobante por un monto de 13 millones de pesos, que era el valor del equipo precalentador, casualmente el de más bajo precio. Y el fiscal Rullán comenzó a especular de un presunto desvío en la administración presidida por Evaristo Hernández del orden de 30 millones. El ex alcalde se defendió como fiera para demostrar que no hubo ilegalidad y que todo no era más que una artimaña orquestada desde el gobierno granierista por el entonces secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, para frenar sus aspiraciones políticas. Nunca le aplicaron sanción alguna.

Otra supuesta embestida contra la corrupción se emprendió contra el ex alcalde de Jalapa, Antonio Priego Jiménez, por presunto peculado por más de 15 millones de pesos en agravio del erario de ese municipio, por lo que éste fue a parar a la cárcel. Pero la endeble acusación motivo que Priego obtuviera la protección de la justifica federal y se encuentre ahora gozando de su libertad. Se le quiso volver a abrir otro proceso penal, pero la acción contra el ex presidente municipal y ex presidiario nunca prosperó.

En el ejercicio 2011, Rullán Silva detectó supuestas irregularidades en la tienda de souvenirs del parque Yumká que quiso infructuosamente atribuir a su directora Laura Palacios —una mujer de conducta intachable—, y la asignación de bonos millonarios por hasta 345 mil pesos en el subsistema de educación media superior Cecyte, que ni se castigaron ni se recuperó uno solo de los dos millones 676 mil pesos asignados ilegalmente entre 88 funcionarios bajo el mando de Leyci Nury Fernández Izquierdo.

No se ve, con estos datos, la efectividad del trabajo fiscalizador del titular del OSF. En seis años no pudo soportar una queja contundente por presuntos desvíos de recursos públicos. Esto dio pauta a que la oposición lo acusa de encubrir a funcionarios corruptos del régimen granierista y de utilizar dicho órgano para vendettas política o negocios personales. Los diputados de la 60 Legislatura se quejaban de que constantemente los ninguneaba, como lo hizo a fines de noviembre la priista Lorena Beaurregard de los Santos.

‘BOLA DE INÚTILES’

El OSF ha caído en gran desprestigio por actos a ilícitos como chantaje, venta de protección, sobornos o limpia de expedientes en que estaría incurriendo Rullán Silva, para evitar que funcionarios sean sancionados por sus sinvergonzonerías, por incurrir en faltas graves a las leyes que salvaguardan el patrimonio estatal y las que regulan el desempeño de los servidores públicos.

Hay fundadas sospechas que el fiscal superior ha utilizado el cargo para su provecho y hasta para ajustes de cuentas.

En repetidas ocasiones, Lorena Beaurregard le echó en cara que no se hiciera de la vista gorda ante prácticas deshonestas. El 20 de septiembre, la ahora ex diputada solicitó que se exigiera al OSF el avalúo de los colegios de ingenieros civiles y de valuadores al edificio adquirido por el IEPCT, para esclarecer la escandalosa compra del inmueble a un supuesto sobreprecio.

Aprovechó para exhibir que el OSF ya había incurrido antes en errores garrafales, como cuando no detectó en tiempo y forma los desvíos de recursos en el ayuntamiento de Jalapa, presidido por Antonio Priego. “¿Cómo es posible que no haya detectado cargos que posteriormente se le imputaron y no fue precisamente en el tiempo que se debió haber hecho?”, increpó a Rullán.

En la sesión del 26 de septiembre cuestionó que en las comprobaciones de gastos revisados por el OSF “existen sobreprecios en el metro de pavimento, en el metro de banqueta, en la adquisición de insumos de los ayuntamientos, y resulta que los diputados no podemos hacer nada. Nos tenemos que conformar que el OSF nos dice que ya fueron solventados”.

El 28 de noviembre Beaurregard volvió a la carga cuando se discutía el primer dictamen que presentó la Comisión Inspectora II; abordó la tribuna para hacer una revelación. Dijo que “un compañero diputado de esta (60) Legislatura me compartió una grabación de conversaciones con tres presidentes municipales, donde se quejan que el OSF les ha elevado la cuota para limpiar las cuentas públicas”.

Le puso nombres y apellidos a su acusación. Citó a Carlos Ramón Castro, fiscal especial del OSF, y Rafael Gerardo Brito García, director de Auditoría Técnica y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, como “los encargados de ir con los alcaldes para cobrarles la limpieza de las cuentas públicas y, además, como ya es uso y costumbre del Órgano Superior de Fiscalización, cobran como asesores en diferentes municipios”.

Criticó que por el hecho de estar a merced de lo que el OSF les quiere informar, “somos una bola de inútiles, porque ni siquiera estamos haciendo bien el trabajo para el que nos pagan”.

En efecto, los miembros de la 60 Legislatura quedaron como una bola de inútiles. La queja de la polémica ex legisladora no hizo más que exhibir a sus compañeros como una caterva de ineptos, improductivos e inoperantes, porque fallaron en una de sus tareas primigenias, que es la revisión del desempeño de funcionarios de los órdenes estatal y municipales, y porque se conformaron con que se les proporcionara a cuentagotas la información que necesitaban como insumo básico para su labor calificadora.

Hoy nadie le da el beneficio de la duda a Francisco Rullán. Ni él, ni los resultados de su trabajo son confiables. Y cómo va a tener credibilidad si pesan sobre el fiscal superior denuncias que van desde irregularidades y omisiones graves en su tarea fiscalizadora, hasta presuntas prácticas deshonestas al hacer negocios con funcionarios a los que estaría encubriendo corruptelas para evitar que enfrenten acciones legales por desvíos de recursos.

¿Cómo es que en seis años no detectó fallas o irregularidades en las adquisiciones directas en todo la administración, como las que a fines de 2012 motivaron la destitución de directores de tres hospitales de alta especialidad  —a los que el granierismo quiso ensuciar con su propia miasma para tratar de endosarles la crisis hospitalaria de diciembre—, ni los pasivos de corto plazo que hoy tienen al gobierno estatal con adeudos por más de 10 mil 135 millones de pesos?

Esperemos que el nuevo gobernador Arturo Núñez Jiménez no vaya a apechugar con esa enorme deuda pública; haga realidad el compromiso asumido el 31 de diciembre de que “nunca más habrá fiscalización a modo, ni revisión selectiva con criterios político partidistas de las cuentas públicas”, y lleve a saqueadores y encubridores al sitio que merecen.