El adeudo por más de mil mdp que mantenían con proveedores había causado que dejaran de surtir a los nosocomios; a ello se sumaba el adeudo de más de diez quincenas a médicos y paramédicos
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
En pleno cierre de año y de sexenio, el sistema hospitalario se vio inmerso en una crisis financiera, de insumos, salariales y de atención, casi al grado del colapso, como nunca antes en la historia del sector salud.
El 17 de diciembre estalló la bomba en el sistema sanitario estatal, cuando los directores de los principales hospitales de la entidad acudieron a la Secretaría de Salud para analizar la insostenible problemática por la que atravesaban los nosocomios.
El adeudo por más de mil millones de pesos, incluso de facturas con tres años de atraso, que mantenían con los proveedores de los principales insumos con los que pueden funcionar los nosocomios, había causado que les dejaran de surtir y por cuya situación ya no podían trabajar.
A ello se sumaba el adeudo de más de diez quincenas a gran parte del personal médico y paramédico, que laboraba bajo contrato en los hospitales y centros de salud.
Por ello, los hospitales de Alta Especialidad de la Mujer, del Niño, de Salud Mental, Dr. Juan Graham Casasús y Dr. Gustavo A. Rovirosa, se encontraban casi en paro técnico al carecer de insumos para alimentación de enfermos, cirugías, material quirúrgico, combustible para la esterilización, oxígeno medicinal y hasta medicamentos.
Todo ello por el incumplimiento de la Secretaría de Finanzas con el atraso desmedido en el pago a los proveedores de estas áreas tan sensibles del sector salud, y cuyo dinero se desconoce su paradero.
El domingo 6 de enero, el gobernador Arturo Núñez se refirió nuevamente a los problemas financieros por los que atraviesa la administración estatal, al señalar que la entrega-recepción continúa avanzando en cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo, por lo que una vez que tenga un “panorama completo” de la situación administrativa se dará a conocer a la opinión pública.
Dijo que en el caso específico del sector salud, el gobierno de la República efectuará las indagatorias correspondientes sobre el ejercicio de recursos federales, en tanto que por la parte estatal corresponderá a la Secretaría de Planeación y Finanzas hacer lo conducente sobre el manejo de aportaciones etiquetadas para los programas.
ASPIRINAS PARA EL COLAPSO
En diciembre y principios de este año finalmente los hospitales pudieron sortear las emergencias y atender a los pacientes que ya tenían hospitalizados, sólo gracias a la movilización de sus patronatos que pidieron el apoyo de la sociedad civil con donativos en especie y algunos recursos, con los que pudieron salir adelante momentáneamente, al recibir: alimentos, diesel, gas, oxígeno y todo tipo de insumos necesarios para el funcionamiento de los nosocomios.
También, con recursos que adelantó el gobierno federal, milagrosamente salvaguardaron la vida de los pacientes internados de emergencia, aunque se pospusieron y reprogramaron casi todas las cirugías.
EXTRAÑO ‘DESPIDO’ DE DIRECTORES
Cuando la sociedad médica y la población en general pensaban que el tema de la emergencia hospitalaria había concluido, entonces se sorprendió por la información difundida por el nuevo gobierno, el miércoles 2 de enero, donde se involucraba a tres directores de hospitales.
Ese 2 de enero, el nuevo gobierno informó que por “violación clara y directa” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, al realizar compras sin estar soportadas con un techo presupuestal, fueron destituidos tres directores del mismo número de hospitales generales de Alta Especialidad.
Un comunicado de prensa en el segundo día de la administración estatal encabezada por Arturo Núñez Jiménez, destacaba que los tres ex directores de los hospitales incurrieron en irregularidades “por compras directas” en los procesos de adquisición de insumos y servicios, acciones que conllevaron a un adeudo con proveedores que rebasa los 221 millones de pesos.
Aclaraba que la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría establece que “si bien no hubo desvío de recursos ni se cometió daño patrimonial”, sí se violó la normatividad correspondiente al realizar “compras directas”.
“Sin embargo, independientemente de que exista justificación de la actuación desplegada, no pasa inadvertida la transgresión directa al artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ya que si bien obraron por una causa incluso establecida en la Constitución Federal en su numeral 4, la normatividad exige que las conductas de los servidores públicos se ajusten a las Leyes en la materia”.
Informaba que por esa “violación clara y directa de la Ley de Adquisiciones” se destituía a Humberto Azuara Forcelledo, director del Hospital de Alta Especialidad Juan Graham Casasús; Luis A. Ojeda Jiménez, director del Hospital Gustavo A. Rovirosa, y Gonzalo Neme Díaz, director del Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón.
COMPRAS SIN TECHO PRESUPUESTAL
Los adeudos por insumos en el Hospital de Alta Especialidad Juan Graham Casasús ascienden a 72 millones 425 mil 439 pesos; en el Hospital Gustavo A. Rovirosa suman 83 millones 743 mil 7 pesos, y en el Hospital del Niño Rodolfo Nieto Padrón la deuda es de 64 millones 922 mil 927 pesos.
El gobierno estatal señaló que en congruencia con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen la nueva vida pública de Tabasco, se asume con decisión el compromiso de informar a la opinión pública sobre actos relacionados con la crisis financiera y administrativa que enfrenta el Sector Salud.
Las irregularidades de las compras en los tres hospitales están detalladas en el expediente D-060/2012 emitido el día 31 de diciembre de 2012 por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría, y que conoció el nuevo secretario de Salud, Ezequiel Toledo Ocampo, este 1 de enero.
“Conforme a las auditorías aplicadas por la instancia correspondiente, en la adquisición de insumos y servicios”, los ex directores de las tres instituciones hospitalarias quebrantaron lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado, e hicieron compras sin que estuvieran soportadas con un techo presupuestal.
La resolución establece que las operaciones se efectuaron sin apegarse a los procesos correspondientes, toda vez que se asignaron bajo la denominación “de compra directa”, lo que es contrario a lo que establece la norma en la materia.
El Gobierno del Estado reiteraba su compromiso “con la legalidad y pone de manifiesto su firme interés de resolver la situación adversa que atraviesa el Sector Salud”, señalaba el comunicado emitido la noche de ese miércoles.
POLÉMICO COMUNICADO OFICIAL
La difusión del comunicado, de inmediato generó polémica entre la sociedad, que reprobaba el escándalo mediático y la exhibición realizada contra los tres prestigiados médicos.
Igual los involucrados tuvieron que salir a explicar la situación en que se habían visto involucrados, por culpa del secretario de Finanzas del estado, José Sáinz Pineda, quien desde un principio había tomado y retenido los recursos destinados a hospitales.
La situación en el sistema de salud del estado tenía su origen en el desorden y posible corrupción en el área financiera de la Secretaría de Salud de Tabasco, y que llevó incluso a la Contraloría del estado a separar al director de Administración de esa dependencia, Adalberto Vázquez Gómez.
El propio secretario de Salud de entonces, Carlos de la Cruz Alcudia, culpaba a la Secretaría de Finanzas del estado de ser la responsable del problema al no entregar los recursos, y a pesar de las reiteradas peticiones no daba solución a ese problema económico para el abasto hospitalario y pago de sueldos del personal.
ADALBERTO VÁZQUEZ, SIN SANCIÓN
Pero lo ocurrido el 12 de diciembre, era un aviso de que no tardaba en estallar el problema en el sistema de salud de Tabasco.
Esa fecha, la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco (Secotab), informaba que, en cumplimiento de las funciones que le son encomendadas en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se inició un procedimiento administrativo de responsabilidad al contador público Adalberto Vázquez Gómez, quien se desempeñaba como director administrativo de la Secretaría de Salud, “por motivo de no presentar los estados financieros de la dependencia ante este órgano de control”.
Aclaraba también que “la suspensión en la que se encuentra Adalberto Vázquez Gómez obedece solamente a una medida cautelar contemplada en la misma Ley y no prejuzga sobre su responsabilidad, por lo que al momento en que se emita la resolución se determinará si es responsable o no de la omisión que se le está imputando”.
Aún se está en espera de esa resolución contra Vázquez Gómez, de quien se señaló que su incumplimiento, está dispuesto en el artículo 34 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que establece que las entidades que realicen el ejercicio del gasto público estatal, proporcionarán a las secretarías de Planeación y Desarrollo Social (Seplades), de Administración y Finanzas (SAF), y de Contraloría, con la periodicidad que coordinadamente determinen, la información presupuestal, contable, financiera y de cualquier otra índole que les sea requerida”.
El entonces director Administrativo de la Secretaría de Salud, incumplió con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues la documentación a que se refiere el artículo 34 de la Ley, deberá ser enviada a la Secotab, dentro de los primeros quince días siguientes al mes que corresponda.
Presuntamente, la suspensión del director administrativo fue para evitar que obstaculizara “las investigaciones, así como para eficientar la administración en la Secretaría de Salud”.
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