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Algo imperdonable 

Da la impresión que los hombres del régimen del cambio verdadero no dejan de sorprenderse del estado de caos en que les dejaron la administración y las finanzas estatales. “Las cosas estaban verdaderamente mal”, resumió el nuevo secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, a escasas tres semanas de que Arturo Núñez Jiménez asumió las riendas del estado. 

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

¿Estuvimos cerca de la ingobernabilidad?, se le inquirió en Telerreportaje al responsable de la política interna del estado, y lo admitió: “A un tris de ella; eso sin duda”.

Por eso, el gobernador Núñez expresó el lunes 14 al Presidente Enrique Peña Nieto su agradecimiento por sus apoyos “eficaces y oportunos” que permitieron al nuevo gobierno estatal sortear la crisis hospitalaria y disponer de recursos para cubrir la primera quincena de la nómina burocrática.

El apoyo dispuesto por el mandatario nacional y la intervención de Núñez —antes de asumir la gubernatura— en medio de la crisis del fin de sexenio de Andrés Granier Melo, propiciada por el desorden, incapacidad y corrupción, evitaron que los conflictos se salieran de cauce, como lo apuntó Ojeda.

“Lo que estaba pasando en el sector salud no tiene referente en este país… es algo imperdonable; fue lo que más lastimó a los tabasqueños”, indicó el secretario de Gobierno.

Y si lo ocurrido en la Secretaría de Salud y en sus hospitales de alta especialidad es ‘algo imperdonable’, lo menos que debe esperarse del nuevo régimen es que se castigue con rigor ejemplar a quienes lo propiciaron.

Estamos a unos días de que el jefe del Ejecutivo estatal rinda a la población un informe en que dé detalles del desbarajuste encontrado en todo el aparato gubernamental y del tamaño de los pasivos con que el gobierno anterior prácticamente hipotecó a Tabasco.

Pero lo que más ansían escuchar los tabasqueños es que se les diga cuáles serán las medidas que se aplicarán en contra de los presuntos responsables de actos de latrocinio y de irregularidades administrativas, porque lo que se prometió es meter a la cárcel a quienes dispusieron indebidamente del patrimonio de Tabasco.

Los auditores que practican arqueos en cada dependencia del Ejecutivo acumulan evidencias para probar los ilícitos que dieron pauta a que el gobierno estatal se encuentre hoy con una deuda pública que debe andar rondando los 20 mil millones de pesos, sin que se sepa en qué se invirtieron.

Poco se sabe de líneas de investigación iniciadas —tal vez por la reserva en que se debe mantener esa información que dará pauta a procesos penales—, y es que lo único que ha trascendido hasta ahora es la indagatoria iniciada por el gobierno federal sobre el destino que tuvieron aportaciones por mil millones de pesos, etiquetadas para salud y que no aterrizaron en ese sector.

La secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López —quien vino a apagar las llamas de la crisis hospitalaria de diciembre— no deja de manifestar su asombro porque Tabasco es, hasta el momento, el único caso en que tiene conocimiento de que recursos del Seguro Popular no llegaron al personal médico, a las enfermeras, y para la compra de medicamentos e insumos.

Y lo que se dice en muchas oficinas centrales del gobierno federal no es que ese dinero lo haya tomado Andrés Granier para otros rubros igual de importantes que el sector salud, sino que se trató de un descarado desfalco.

Esta situación no se había presentado nunca cuando los recursos del Seguro Popular llegaban directamente a la Secretaría de Salud, pero ocurrió a partir de que comenzaron a bajar al estado vía Secretaría de Finanzas, donde al anterior titular José Sáiz Pineda se le hizo fácil disponerlo para otros fines.

“En Tabasco hubo mil millones de pesos que no llegaron y por eso se hizo el paro”, admitió hace una semana la secretaria Mercedes Juan.

“El caso de Tabasco tiene dimensiones superlativas por la magnitud de la crisis de sobreendeudamiento irresponsable. A fines de año, la crónica de quienes visitaron la entidad comparaba la circunstancia con la de Grecia. Y es que había inconformidad manifiesta de proveedores, personal administrativo y tremendo desconcierto y descontento social”, apunta en su columna Ricos y Poderosos el periodista Marco A. Mares (El Economista, 18/Ene/13)

Sobreendeudamiento, arcas vacías y descontento social eran los ingredientes de un coctel de ingobernabilidad que amenazaba el inicio del nuevo régimen estatal.

A un tris de eso se estuvo. Y se evitó por el oficio político del nuevo gobernante, que ahora deberá mostrar su mano dura para castigar a quienes dejaron a Tabasco en bancarrota.

EL JUNIOR FABIÁN

Da pena ajena cómo el ex gobernador Granier es tratado por analistas de la prensa capitalina. De saqueador no bajan a quien en su sexto y último informe presumía haber dejado un estado con finanzas sanas y con gobernabilidad. Era un cuento que ni él se tragaba. Pero muchos que ahora lo cuestionan, le aplaudieron.

El analista Manuel Ajenjo, en su columna El privilegio de opinar (El Economista, 17/Ene/13) expone con dureza la tragedia de Tabasco bajo el granierismo.

“El ex gobernador de Tabasco —asienta— pasará a la historia por unir a la entidad... en su contra. Granier hundió en la pobreza a Tabasco. Incrementó la deuda del estado de 400 millones a 10 mil millones de pesos. Los tabasqueños ocupan el último lugar nacional en desarrollo social y viven una crisis hospitalaria —no hay ni jeringas—, generada por la corrupción en el sector salud durante el gobierno del químico farmacéutico…”.

Llama la atención los datos que revela Ajenjo: “El director administrativo de la Secretaría de Salud, Adalberto Vázquez Gómez, recomendado de Elena Celorio, comadre de Granier, empleaba recursos de esa dependencia en los casinos de Las Vegas —¡qué asco de cabrón!--. Pero el que no se midió fue el junior Fabián Granier Calles, quien adquirió en 50 millones de dólares el hotel El Pueblito, en Quintana Roo. También, según el diario Despierta Tabasco, Fabiansito compró terrenos en la Riviera Maya, una clínica en Mérida, Yucatán, y departamentos de lujo en Miami y Cancún. ¿Ladrónde sacó tanto dinero?”.

El tema del saqueo al patrimonio de los tabasqueños tampoco podía estar ausente en el discurso del máximo líder del nuevo partido: Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En su reciente gira por la entidad López Obrador le pidió al gobernador Arturo Núñez que aplique la justicia y no la venganza contra quienes saquearon las arcas estatales en el recién terminado sexenio del priista Andrés Granier, así como vigilar que los nuevos funcionarios no incurran en actos de corrupción y cumpla con una auténtica justicia social al pueblo tabasqueño.

Y nos quedamos con lo dicho el viernes 18 en Telerreportaje por Raúl Ojeda: “No hay ningún propósito de persecución, no hay ningún afán de venganza, pero no hay ningún afán de perdón”.

A ver a qué tanto se atreven, que tan capaces son para llamar a cuentas a quienes hoy disfrutan riquezas mal habidas y para hacerlos que devuelvan lo que hurtaron.