Post-it

Atole con el dedo 

Como si fuese ‘tablita de salvación’ para el nuevo gobierno, porque supuestamente se le eliminaban conflictos sociales que generarían burócratas cuyas prestaciones de fin de año estaban en riesgo y proveedores a los que les dejaría un cuentonón sin pagar, el Ejecutivo estatal fraguó y convalidó con la complicidad de su mayoría —la de la bancada del PRI— en el Congreso local, el mayor endeudamiento público en la historia de Tabasco: cuatro mil 130 millones de pesos que habrán de pagarse en un lapso de 20 años.

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

El gobierno de Andrés Granier Melo afirma que aplicará el o los empréstitos bancarios que contrate por ese monto en refinanciar siete créditos de corto plazo e inversión en obras en materia educativa, de salud y penitenciaria.

A mes y medio de abandonar el poder, Granier Melo heredará una deuda pública —que en 2006, cuando recibió la estafeta de su antecesor, el también priista Manuel Andrade Díaz, era de 450 millones de pesos— a su sucesor, el perredista Arturo Núñez Jiménez, por más de 10 mil millones.

Se esgrimen como causa de los exorbitantes pasivos los recortes de recursos federales por más de 10 mil millones de pesos que sufrió el estado los seis años del granierismo, las inundaciones que a lo largo de este régimen fueron madre de todos los males, la pandemia de la influenza y hasta la crisis económica iniciada en Grecia.

Para el diputado perredista Juan José Martínez lo que se argumenta no es más que una “marrullería política”, pues se trata de una decisión guardada con sigilo durante los últimos meses, fraguada aun antes de las elecciones del 1 de julio, y que no está basada ni en la transparencia ni en la honestidad, porque a lo largo del año el gobierno estatal se negó a informar sobre la salud de las finanzas públicas y el volumen de sus pasivos financieros.

Aunque no se logró la comparecencia del secretario de Finanzas, José Sáiz Pineda, para que profundizara sobre el nuevo endeudamiento —la bancada del PRI lo impidió—, no hizo falta puesto que la jefa de la bancada tricolor, Marcela de Jesús González, pretextó como defensa que es casi una moda que los gobiernos estatales se endeuden, sobre todo al final de sexenio.

Citó los casos del DF que elevó su deuda de 28 mil 718 millones a 54 mil 866 millones, es decir, 191 por ciento; Michoacán, de 214 millones a 16 mil 472 millones, un aumento de siete mil 708 puntos porcentuales; Chiapas, de 998 millones a 15 mil 88 millones, equivalentes a mil 511 puntos, y Guerrero, de mil 599 millones a tres mil 257 millones, un 204 por ciento más.

El coordinador de los legisladores perredistas, Juan José Peralta, le pidió a la priista que precisara un dato que omitió: el porcentaje que creció la deuda de Tabasco.

Le recordó: “La administración en funciones recibió el capítulo de deuda en 450 millones de pesos, y nos dice hace breves horas el secretario de Finanzas (lo hizo en rueda de prensa), que ya van más de 10 mil millones de pesos. ¿A qué porcentaje de incremento de la deuda equivale eso?”.

Enseguida lanzó otros cuestionamientos: ¿Por qué lo informan hasta ahorita? Siempre se dijo que es transparente el manejo de las finanzas públicas y siempre la respuesta que tuvimos fue: ‘todo está bien’, ‘no hay problemas’, ‘finanzas sanas’, ‘estado competitivo’. ¿Por qué ocultarle al pueblo de Tabasco esa información que debió de haber sido pública hace bastante tiempo? Cuando un gobernante tiene problemas que afectan las finanzas públicas, la obligación es informar al pueblo para que respalde a su autoridad. ¿Por qué hasta ahorita?”.

Antes de que se sometiera a votación del pleno el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto —el viernes 16—, el diputado priista Fernando Morales Mateos le advirtió a quienes se oponían a autorizar la contratación del millonario endeudamiento que si se quería un proceso de transición adecuado para iniciar el nuevo ejercicio constitucional, era necesario terminar esta administración adecuadamente.

Vino el turno de la diputada panista Solange María Soler, quien sentenció que al pueblo de Tabasco no se le ha dado una explicación real, justa y transparente del porqué del endeudamiento, y acusó: “lo que no se le dice es que estos empréstitos servirán de tapadera para los malos manejos y saqueo que durante un sexenio llevó a cabo la administración granierista”.

Cuestionó que con estos recursos crediticios se van a ‘repagar’ obras que se supone ya fueron presupuestadas; se programó su ejecución y su pago.

En cuanto al refinanciamiento de créditos de corto plazo, indicó que de acuerdo a la Constitución local, “estos pasivos debieron liquidarse en 90 días antes del término de esta administración; por lo tanto, si está solicitado que aprobemos recursos para los pasivos, quiere decir que hay la responsabilidad de servidores públicos que no cumplieron con la ley y con los plazos que establece la misma para la liquidación de estos pasivos”.

Señaló que la Ley de Deuda Pública de Tabasco prohíbe al Congreso local autorice endeudamiento público para otra cosa que no sea inversión pública, productiva o restructuración o refinanciamiento de deuda estatal.

Acusó que el PRI vendió la idea que se autorizaba el refinanciamiento de deuda pública, pero los pasivos a corto plazo no lo son, pues la ley define esto como las obligaciones directas e indirectas derivadas de créditos con aprobación del Congreso del Estado, y el listado de empréstitos que se presentó en el dictamen no fue aprobado por el Legislativo.

Ello, advirtió la diputada panista, “sería muy grave para nuestro estado”, pues una Corte pudiera revocar la aprobación que diera —y la dio— el Congreso. “Eso sería muy desafortunado”.

Un día antes de que se aprobara la contratación del endeudamiento, preguntaron al gobernador electo en un programa de radio si estaba molesto por cómo se dieron las cosas. La respuesta de Arturo Núñez dejó pasmados a sus entrevistadores (Gabriel Aysa e Ileana Pineda): “Sí, claro que estoy molesto. Tengo 56 días que estoy dialogando con el gobernador Andrés Granier a partir de que lo visité en Palacio de Gobierno, y sólo dos horas antes que se presentó la solicitud al Congreso del Estado, se me informa de esta nueva operación financiera. Evidentemente, me estaban dando atole con el dedo en el resto de la información”.

Y reiteró su amenaza de que no habrá ni amnistía, ni amnesia a los responsables del pésimo manejo da las finanzas estatales. “Esto es dinero y es dinero de los tabasqueños”, remarcó.

Empero, ni los razonamientos expuestos por la oposición, ni el enojo de Núñez Jiménez valieron para la bancada priista. La autorización salió avante, salpicada por el sospechosismo de la repentina diarrea del panista Alberto de la Cruz Pozo.

Urgía sacarla para que pudieran salvar el pellejo —así sea sólo por ahora— quienes tienen hundido al estado pese a su famosa reingeniería administrativa, que implicó despidos de miles de burócratas y medidas de austeridad para los que se quedaron. Y el cuento de las ‘finanzas sanas’ quedó en eso: un cuento.