Demanda Codehutab a Silvia Whizar

El jurídico del organismo no gubernamental, Efraín Rodríguez León, argumenta que la titular de Sernapam expidió información falsa presuntamente para solapar irregularidades de la empresa de remediación ambiental Caresa 

Samuel Soto Giles / gi_les@hotmail.com

El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) solicitó a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo inicie el procedimiento para deslindar responsabilidades contra los funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam): Silvia Whizar Lugo, Alfredo Cuevas González, Romeo Valenzuela y quienes resulten responsables por aportar información oficial falsa en el caso Caresa (ver Clip / Reporte Semanal No. 45, 13/06/12)

“Quizá pecamos de inocentes”, reconoce el asesor jurídico Efraín Rodríguez León, en referencia al presunto engaño de que habrían sido víctimas tanto de la dependencia estatal como del Consorcio de Arquitectura y Ecología, Sociedad Anónima (Caresa).

Sin embargo asegura que a los funcionarios de la Sernapam se les pueden tipificar delitos por no concluir el caso y por la falsedad de información que presuntamente vertió con respecto a la empresa de remediación ambiental, en una clara violación a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

“Lo que buscamos es que se les finque responsabilidad administrativa y en caso de que existiera la comisión de un delito se les finque la responsabilidad penal correspondiente”, apunta, en referencia a la querella que interpuso este lunes 5.

Reitera que al tener malas experiencias, no confía plenamente en las instituciones, pero que jurídicamente tiene que acudir a las instancias para agotar el procedimiento de ley.

Indica que la Contraloría tiene que dejar iniciado el procedimiento para cuando llegue la próxima administración continúe y si le diera carpetazo entonces se utilizarían otras instancias.

“La actuación de estos funcionarios está dejando secuelas y no basta el fin de la administración para evadir su responsabilidad. Esos actos tuvieron consecuencias y tienen que ser castigados”, subraya el abogado de Codehutab.

Rodríguez León señala que “por una parte nos mintieron al decirnos que habían clausurado y que dicha clausura era definitiva al haberse vencido los términos para inconformarse, y por otra, en el mismo caso vía Transparencia reconocen que no existe ninguna información que confirme lo que en su momento nos informaron”.

DESDE EL INICIO MARCHÓ MAL

Rodríguez León recuerda que el 30 de enero de 2009 la Codehutab y habitantes de la colonia Los Aguilares, Cunduacán, presentaron por escrito ante la Sernapam, cuya titular es la oceanóloga Silvia Whizar Lugo, una queja contra el Consorcio de Arquitectura y Ecología, S. A de C.V., empresa que llegó a esa colonia en 2004 a realizar trabajos de traslado y manejo de recursos contaminantes que genera la actividad petrolera.

Explica que un año antes, en 2008, se hizo una modificación a la norma y los materiales contaminantes, que eran atendidos por la autoridad federal, dejaron de ser considerados peligrosos y por lo tanto es el estado el que se encarga de regular el proceso de tales desechos.

“Desde que presentamos el escrito —relata Rodríguez León— nos dimos cuenta de que iba a haber problema porque el área correspondiente nos notificó que meses atrás otro particular había denunciado esos hechos, que nuestra queja se iba a acumular a un expediente abierto.

“En un principio eso nos pareció bien, pero donde empezamos a ver que las cosas iban a marchar mal fue cuando nos dijo el ingeniero Romeo Valenzuela, director de Quejas y Verificación, que como había un quejoso anterior no nos iban a reconocer la personalidad en este caso”, apunta.

Tal medida los inconformó porque que tenían que darles el reconocimiento, pues de no hacerlo, argumentaron, entonces se pensaría que el mismo empresario podría mandar a un trabajador a quejarse, a hacer un mal procedimiento, y como es él quien tiene la personalidad, no pasaría nada.

“Entonces interpusimos un recurso, nos reconocieron la personalidad pero ahí también comenzó el peregrinar, porque en marzo de ese 2009 fuimos víctimas de otro engaño cuando nos dijeron que la queja estaba en el área jurídica de la Sernapam, que estaban revisando el proyecto de resolución. Eso nos causó asombro porque ya teníamos experiencia que un caso de esta magnitud no se resuelve en dos meses, que se lleva por lo menos un año”, comenta.

Asombrado por la inmediatez con que la dependencia estaba actuando, cuando les dijeron que regresaran en 15 días para que les notificaran el resolutivo “fuimos en esa fecha y nos dejaron que ya merito, que regresáramos a la semana siguiente. Así nos fueron llevando y el dichoso resolutivo nunca llegó”, recalca.

Hasta que en julio, demasiado molestos por la dilación, exigieron que les atendiera el ingeniero Romeo Valenzuela, el responsable de esa área, “y fue grande nuestro enojo cuando él nos reveló que no era cierto de que nuestra queja se había acumulado al otro expediente, tampoco era verdad que ya se estaba trabajando el resolutivo”.

“—Discúlpenos, hubo una confusión —nos pidió, cuando era algo totalmente increíble porque por escrito nos habían notificado que se había acumulado el expediente”, cita.

MENTIRA TRAS MENTIRA

Rodríguez León reitera su molestia con el funcionario de la Sernapam: “Le dije algunas cuestiones que no le gustaron, me alzó el tono de voz, también se lo alcé y decidimos romper el diálogo con él y buscar a la titular, a la secretaria Silvia Whizar Lugo, que nos dio respuesta hasta noviembre de 2009 y nos dijo que el 25 de octubre habían hecho la primer diligencia que consistía en ir a inspeccionar y que habían encontrado grandes irregularidades”.

Relata que a partir de ahí, “esta señora nos asigna al químico Alfredo Cuevas González quien es subsecretario de Gestión Ambiental, que con él nos íbamos a entender, que él le iba a dar seguimiento a nuestra queja, que éste era un funcionario de mayor jerarquía”.

Y agrega: “Con el químico Cuevas sostuvimos un sinfín de reuniones, en las que en todo momento nos brindaba agua, café, galletitas, pero nunca resultados, que era lo que nosotros pedíamos”, rememora Rodríguez León.

Esto originó que la organización no gubernamental hiciera manifestaciones ante la Sernapam exigiendo que la secretaria los atendiera personalmente, ya que sus subalternos se dedicaban a realizar prácticas demagógicas.

“Fue así como nos reunimos con ellos el 26 de noviembre y nos notificaron que el 22 de noviembre habían realizado una clausura temporal a Caresa en un 25 por ciento de los trabajos que venían realizando.

“En la reunión del 10 de enero de 2010 nos informaron que ya habían emitido otra clausura y que respecto a la anterior, la empresa no había interpuesto ningún recurso de inconformidad”, informa Rodríguez León.

Para ese entonces se estaba hablando de que la obra en Los Aguilares tenía un 50% clausurado, algo que a simple vista debería notarse, pero lo raro es que no veían por ninguna lado sellos ni listones, y en cambio sí veían que la empresa continuaba trabajando.

Continúa relatando: “En febrero nos reunimos y nos notifican que el 25 por ciento de la clausura ya había causado ejecutoria en virtud de que el término que tenía la empresa para inconformarse había fenecido.

“A la siguiente reunión ya no se apareció Silvia Whizar, sólo Alfredo Cuevas González y nos dijo sobre la clausura considerada como definitiva que siempre no lo era, que la empresa todavía iba a ofrecer pruebas documentales para defenderse, cuando por escrito nos habían informado que el término había fenecido.

Por esa razón, el 4 de octubre de 2011 solicitaron a la Sernapam vía Infomex, amparados por la Ley de Transparencia, les rindiera cuentas clausuras sobre las sanciones que habían hecho a Caresa en Los Aguilares, en qué consistía esa clausura, que tipos de clausura y la duración de tales acciones.

Curiosamente, el 29 de octubre les respondieron que no había ningún tipo de información al respecto; es decir, que todo lo que les manejaron en esas reuniones de seguimiento fue “una brutal mentira; todo lo que nos notificaron por escrito en documentación oficial es falso”.

Al asegurar el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que nunca hubo tal clausura, vio la Codehutab —hasta entonces— que hubo grandes violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque manejaron documentación oficial para verter información falsa y esto hace suponer que hay cierta complicidad entre la Sernapam, de estos funcionarios mencionados, y la empresa que está trabajando en la colonia Los Aguilares.

“Aparte, hasta hoy no se ha concluido el caso que va a cumplir cuatro años en enero próximo”, concluye Rodríguez León, quien podría darle a la Codehutab una histórica victoria en contra de funcionarios de una dependencia estatal presuntamente coludida con particulares en actos de corrupción.