Caresa elude normas ambientalistas: Santo Tomás

La empresa presume capacidad de tratamiento de residuos y de crecimiento a futuro, pero desde 2005 arrastra vicios y sanciones que no ha solventado

Samuel Soto Giles / gi_les@hotmail.com

La planta Caresa, ubicada en Los Aguilares, está asentada sobre una superficie de 10 hectáreas, de las cuales dos están dedicadas a operaciones; las demás, para el crecimiento futuro.

En su página de internet, Caresa asegura también que sus laboratorios están completamente equipados para análisis químicos y físicos de agua, suelo y lodos; además cuanta con cromatografía de gas para el análisis exacto de hidrocarburos en 12 minutos.

Detalla que el área de tratamiento de materiales contaminantes consiste en cuatro presas de concreto, tres de las cuales tienen capacidad de mil 200 metros cúbicos y uno de 600 metros cúbicos.

De esta manera, asegura, tiene suficiente espacio para descargar al mismo tiempo dos pipas con agua residual y dos góndolas con lodos o recortes, o doscientos metros cúbicos de materiales por hora.

Caresa hace notar que su meta es ofrecer métodos avanzados, económicos y eficaces para remediación de suelos y tratamiento de materiales contaminantes.

Así, con su amplio rasgo de procesos, permisos, equipo y experiencia, puede diseñar o modificar sus procesos para cumplir con los requisitos exactos del cliente en los servicios de: lodos de perforación base aceite, recortes contaminados con lodo base aceite, lodos de perforación base agua, suelos contaminados con hidrocarburos, con metales pesados y con solventes y orgánicos, así como aguas residuales de todo tipo, lodos de tanques de almacenamiento y lodos de los separadores API.

Sin embargo, esta empresa es acusada por la Asociación Ecológica Santo Tomás y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, junto con pobladores de la colonia Los Aguilares, Cunduacán, de llevar seis años de impunidad ambiental.

El 20 de abril del año 2005 esas organizaciones interpusieron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para denunciar el vertido de lodos de perforación por parte de la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología, S.A. de C.V. (Caresa), transportados en camiones a un predio que se ubica en la colonia Los Aguilares, del municipio de Cunduacán, sobre la Carretera Federal Cárdenas-Villahermosa, kilometro 153 (Denuncia  expediente PFPA/TAB/DQ/78/0055-05. GUADALUPE AGUILAR del 21 de abril de 2005).

En su página web, Santo Tomás informa que el 3 de junio del mismo año, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el resolutivo de Evaluación de Impacto Ambiental en donde reconoce que la empresa Caresa viola la norma ambiental en virtud de que en el considerando X de dicho resolutivo menciona que dos de las muestras analizadas en el laboratorio de Profepa rebasaron los parámetros de concentración de hidrocarburos permitidos por la norma, por lo que en el mismo resolutivo de la Semarnat le impone una serie de condicionantes, que la empresa se negó a cumplir.

Como consecuencia del incumplimiento de las medidas de urgente aplicación impuestas a Caresa, la Profepa emitió el 11 de agosto de 2006 la resolución administrativa número 013/2006 en la que se determinó imponer a dicha empresa una multa de un millón 658 mil 673 pesos, por haber violado la legislación ambiental, por lo que la Profepa ordena la realización de medidas correctivas para la remediación del sitio.

Posterior a la sanción impuesta a Caresa, la dependencia federal realizó varias inspecciones en donde se constata el incumplimiento de la empresa, por lo que el 15 de enero de 2007 emitió una nueva resolución administrativa aumentando la multa económica impuesta por la cantidad de un millón 719 mil 380 pesos.

Dos meses después, el 23 de abril de 2007, la Profepa realizó una tercera visita de inspección a la empresa en la que se comprobó el incumplimiento de las medidas correctivas establecidas.

Ante el incumplimiento de Caresa y la falta de atención por parte de Profepa para sancionar administrativa y económicamente a la empresa, en julio de 2007 la Asociación Ecológica Santo Tomás y el Codehutab recurrieron al mecanismo de petición ciudadana para la aplicación efectiva de la legislación ambiental instrumentada por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), y el gobierno mexicano presentó su informe sobre el caso en mayo de 2008, en donde señala que la Profepa tenía algunos recursos pendientes de resolver, por lo que la petición presentada fue detenida.

A pesar de los resolutivos de la Profepa, la empresa continuó realizando actividades en el predio que relleno con materiales contaminados y sin ninguna autorización ambiental al respecto.

A raíz de la modificación de la norma federal en el año 2008, los materiales utilizados por Caresa pasaron a ser de competencia estatal, de ahí que a principios de 2009 las organizaciones y la comunidad presentaron denuncia ante la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), el órgano ambiental del estado.

A pesar de haber encontrado irregularidades en los trabajos que realiza Caresa, la Sernapam le renovó su permiso de trabajo a principios de 2010, situación que indignó a los habitantes de la comunidad, quienes decidieron hacer presencia en las oficinas de la Sernapam en dos ocasiones, para exigirle cumpla con su trabajo.