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Normando

¿Cuál es la tarea o responsabilidad del director jurídico de una institución pública? ¿Acaso su papel es únicamente representarla en alguna querella judicial y presentarse a cobrar, puntualmente, cada quincena? ¿O debe ver, cuidar y garantizar que todas las acciones de dicha entidad se apeguen siempre a derecho, y hacer observaciones puntualmente, dejando constancia escrita, cuando detecte alguna irregularidad? 

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

Estas preguntas las planteo porque me llama mucho la atención la serie de barbaridades con que el ex director jurídico del Cecyte, Normando Granados Maldonado, salió a defender y defenderse del escándalo que desató la Dirección de dicha institución por una presunta malversación de 5.1 millones de pesos que en 2011 se distribuyeron —como compensaciones— en cantidades que fluctúan entre 200 mil y 345 mil pesos a altos funcionarios de ese subsistema educativo.

Con ese caso y el de las minucias detectadas en el Cobatab —la institución que ahora dirige Normando Granados—, en el Injudet y en el parque ecológico Yumká, el Congreso local y el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del estado tendrían los chivos expiatorios suficientes para justificar un supuesto combate a prácticas deshonestas en el ejercicio de recursos público y estarían encubriendo irregularidades mayores en el manejo del presupuesto estatal de 2011, como alegan legisladores de las actuales bancadas opositoras.

Aunque el Congreso local instruyó al OSF para que ejercite las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la hacienda pública estatal en éste y los otros casos, el ex abogado del Cecyte sostuvo que “no hay ningún problema”, y sus siguientes palabras fueron prácticamente para mofarse de la 60 Legislatura local: “Nada más que me digan cuánto debo y se los devuelvo, sin problemas”.

Esas palabras que se difundieron por radio el fin de semana son una joya para una tesis jurisprudencial o, de plano, exhiben un refinado cinismo, pues según Granados “todo aquello que haya detrimentado el patrimonio del estado sin una causa justificada, el servidor público tiene que devolverlo. Si a mí me corresponde devolver algo que me pagaron por mi trabajo, no tengo ningún problema. De hecho, te digo que trabajo por gusto; no trabajo por el emolumento”.

Arguye que cuando ingresó a la nómina del Cecyte los pagos eran mayores a los que ahora cuestiona y sanciona el OSF, y la Junta Directiva acordó reducir lo que “ahora resulta en un daño patrimonial”.

Enseguida pretexta que, pese a ser empleado de confianza, el tiempo trabajado más allá de las ocho horas que estipula la Ley Federal del Trabajo equivaldría a horas extras, y que en días feriados el pago representa 200 ó 300 por ciento por encima de la cantidad “que ganábamos diariamente”.

Explicó que para otorgar esas compensaciones se hicieron asignaciones por la función y el tiempo que se entregaba en horas extras. “Pero eso —señaló— se puso a consideración de la Junta Directiva, explicando las razones y motivos, los cuales consideraron que era pertinente”.

Y considera que “precisamente porque se encontraba dentro de la normatividad, de la lógica lo que es costo-beneficio y lo que son los derechos del trabajador, se hizo una propuesta como tal”.

Su defensa es que, a diferencia de los sindicalizados que sólo laboran jornadas de ocho horas, para los empleados de confianza “a trabajo igual, salario igual; a trabajo diferente, salario diferente”.

Sacó entonces el expediente de la fatiga: “los que trabajábamos 20 horas al día teníamos que ganar mucho más; sin embargo, por las condiciones económicas del Cecyte tenía que ser mucho más bajo”.

Relató que la propuesta se presentó a la Junta Directiva, “ésta la aprobó, ¡adelante! Si nos pagan, ¡adelante! Que tenemos qué devolverlo, ¡lo devolvemos!”.

No sabíamos de algún caso en que un empleado de confianza argumentara que, por los horas extras o presentarse a laborar en días festivos, debía percibir ingresos superiores más allá de los estipulados en la nómina.

Si la compensación era una percepción legal, ¿cómo es que hay que devolverla? ¿Y si es ilegal por qué no se señaló en el pasado ni se obligó a quienes la recibieron a retribuir ese dinero al erario?

El problema, sin embargo, no es que él y otros hayan cobrado por un servicio agotador que supuestamente prestaron al Cecyte, sino que Normando Granados debió advertirle a la Dirección de la institución que estaban recibiendo un recurso de manera anómala. Si no fuese así, tiene todo el derecho de refutarle al OSF la acción que los estaría desprestigiando.

Un dato que nadie ha percibido es que al Cecyte lo cachó el OSF por estas compensaciones del escándalo. Pero el fiscal superior Francisco Rullán Silva nunca dijo nada cuando salieron a relucir aquellos bonos de fatiga. ¿O éstos sí son ‘legales’ y aquellos no? No vaya a ser que las irregularidades en el Cecyte sea la paja en el ojo de Rullán.

HOSPITALES ENFERMOS

Tabasco se destacó mucho tiempo por su liderazgo en salud en diversos rubros; desde la medicina preventiva hasta los avances en su infraestructura hospitalaria.

A menos de tres meses de dejar el cargo, el gobernador Andrés Granier Melo aseguró que “la transformación de Tabasco se consolida con servicios de salud más cercanos y modernos, con nueva infraestructura hospitalaria”.

El 3 de octubre, Granier inauguró el 13° Congreso Académico del Hospital Regional Juan Graham Casasús, y presumió que en su administración se pusieron en servicio 80 obras médicas. “Lo hemos hecho, a pesar de las cinco inundaciones consecutivas que dañaron buena parte de nuestra infraestructura de salud”, recalcó.

Ese día, sin embargo, como si fuese un grito de auxilio de alguien a punto de ahogase, el director del hospital Juan Graham, Humberto Azuara Forcelledo, confirmó que solicitaron una ampliación presupuestal de 119 millones de pesos para resolver problemas financieros que ya están provocando la suspensión de servicios de algunas áreas, como los laboratorios.

Esta carencia de recursos provoca además que no se cubran al ciento por ciento las recetas que expide el hospital a los pacientes. “Tenemos un abasto de 78 por ciento en medicamentos de hospitalización y para consulta externa del Seguro Popular, el 75 por ciento”, precisó.

Hasta el oxígeno para intervenciones quirúrgicas o pacientes en terapia intensiva ha escaseado. Y parece que quienes pronto lo requerirán serán los funcionarios de Finanzas y de Salud, que no hallan cómo encontrar una salida al problema que se extiende día a día y que afecta a todos los nosocomios.