¿Fin de una era democrática?
Con el anuncio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se da fin a un nuevo pasaje democrático en donde se privilegia la decisión de las mayorías ante lo infundado de las pretensiones planteadas por las izquierdas mexicanas.
Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com
Las reacciones no se hicieron esperar entre los simpatizantes y militantes de Andrés Manuel López Obrador, y así, los magistrados electorales son tildados de corruptos, vende-patria, entre muchos calificativos negativos más, para lo cual el ingenio de nuestros paisanos tiene un menú amplísimo a escoger.
La pregunta obligada es: ¿cuántos de esos indignados conocen sobre el fondo del fallo resuelto por el máximo tribunal y tienen la capacidad para ENTENDER cada uno de los razonamientos en que se sustenta?
La materia electoral ha evolucionado al tenor de las necesidades y la voluntad política de quienes tienen la capacidad de modificar las leyes de este país; por ende, lo que resulta en la práctica durante los procesos electorales son actos consentidos en corresponsabilidad de los partidos políticos que confluyen en los recintos legislativos.
Los procesos electorales, a su vez, conllevan el triunfo de alguien y la derrota de otros, ante la participación pluripartidista. Y todo el que se enrola en estas lides sabe perfecto cuáles son las reglas del juego; mismas que se generan a partes proporcionales, según sus posibilidades económicas.
Para nadie es un secreto que la democracia mexicana es imperfecta a propósito. Sin embargo, el esfuerzo institucional por dar credibilidad a estos descalabros políticos es digno de crédito, pese a la también imperfecta forma en que las fuerzas políticas controvierten los resultados electorales.
Anular una elección presidencial, pasando por encima de la voluntad popular de las mayorías, amerita una seria labor demostrativa de cada una de las causales que consideren actualizadas.
En materia electoral, el que acusa está obligado a probar, lo que se traduce a ofrecer medios de prueba idóneos para demostrar fehacientemente que cualquier hecho fue cierto o consumado.
Así, por ejemplo, para acreditar la compra del voto, no basta que ofrecieran objetos que el PRI distribuyó como propaganda electoral; ello debió perfeccionarse con la declaración de aquéllos millones de ciudadanos que sufragaron en dicha circunstancia, existentes en las listas de electores; suficientes en número como para hablar que una gran mayoría no sufragó con LIBERTAD. No fue el caso.
En este contexto, basta decir que la acción promovida por AMLO y compañía se tradujo a una serie de afirmaciones subjetivas; suposiciones, sospechosismos que pudieron tener un viso de verdad, pero la pericia de los que estuvieron tras la fina labor de controvertir la decisión del 1 de julio dejó mucho que desear, a propósito o por desconocimiento, para el caso fue lo mismo.
Seguro que la indignación subsistirá en aquéllos que se apasionaron ante la idea de que el sistema cambie a favor de los mexicanos, no obstante que los trapos sucios de las izquierdas se han descubierto, como que miembros de HONESTIDAD VALIENTE se han hecho de obras del Gobierno del DF y con ello financiaron ilícitamente la campaña del famoso tabasqueño.
Ante esto, uno termina por preguntarse: ¿Cuánto es verdad y cuanto farsa? Entre que son peras y manzanas, queda esperar que el resultado de todo esto, sea en nuestro provecho y por vergüenza, ahora cambie radicalmente el escenario electoral. ¿Apostamos a que no sucederá?
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