Enojo verde olivoEn mala ahora aparecieron las declaraciones de testigos protegidos contra militares. Se van a empalmar muchos hechos. Primero los antecedentes:
José Ureña / primercirculo@hotmail.com
Varios militares, entre ellos el subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, fueron acusados de nexos con el crimen. En el proceso abierto se incluyen muchas cosas: protección, tratos económicos, convivencia y otros pecados.
La cúpula castrense se cimbró con la detención de todos ellos y con su arraigo, pero la semana pasada llegó al enojo por la orden de aprehensión.
Su suerte se decidirá esta semana. Como esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá leyes alusivas al papel del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico y otras bandas delincuenciales.
Todo ello se empatará con la eventual decisión judicial de dar formal prisión a los generales y a un teniente coronel.
Puede suceder aunque el principal testigo, el general de División en retiro Ricardo Escorcia, habló de tortura de la Procuraduría General de la República. “Fui obligado a firmar”, dijo al juez.
Dos capos se sumaron después a estos desmentidos: Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vásquez, El Indio, negaron haber tenido tratos con Ángeles Duahare.
Hasta aquí lo sabido.
SIN ESTRATEGIA
La élite militar está en shock.Nunca se imaginó ver cuanto ha sucedido. No se trata de tropa, sino de generales de una, dos y tres estrellas; generales de brigadieres, de brigada y de división en alarma por cuanto viene y ésta es la noticia.
Ellos han hablado con muchos —Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la procuradora Marisela Morales y el candidato triunfador, Enrique Peña— en busca de orientación.
¿Qué han tratado? En el análisis dicen cuanto no puede expresar en voz alta y menos ante la superioridad.
Un resumen:
1.- La decisión de sacar al Ejército a la calle se hizo sin haber medido al enemigo.
2.- Fue precipitada y faltó estrategia.
3.- Los soldados no están preparados para labores de seguridad pública.
4.- Por ello se han registrado actos lamentables y no se dispone de un marco legal para determinar dónde empieza y dónde termina la función de la milicia.
5.- Ha habido muchos cuestionamientos y tal vez apenas empieza el juicio a la participación castrense.
6.- Si hubo fecha de salida, debe haber fecha de acuartelamiento.
7.- Las aprehensiones bajo análisis pueden ser el principio de algo mucho más grave: el juicio a todo el Ejército.
Y 8.- ¿qué sigue? ¿Un secretario o un presidente en la cárcel?
REVANCHAS PÚBLICAS
El más receptivo, aunque usted no lo crea, ha sido Enrique Peña.
—Estoy pendiente de todo —les contestó— pero esperemos el veredicto de la justicia.
En las pláticas han salido algunos datos poco conocidos. Por ejemplo, el pasado de Rubén Pérez Ramírez. Fue miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP) y en tal calidad se encargó de cartografía y labores de inteligencia y protección en varios sexenios.
En esa posición recibió sus grados de general en reconocimiento a sus servicios.
¿De verdad en manos ligadas al crimen estaba la seguridad de Ernesto Zedillo y Vicente Fox?
¿Hasta la residencia presidencial de Los Pinos se metió el crimen, los cárteles de los Hermanos Beltrán Leyva o de otras características?
Los generales, algunos en activo, muchos en retiro, se han ido de sus encuentros con Peña con una promesa: todo se aclarará.
O se demuestra, o se reivindicará a los mandos hoy bajo juicio.
Lo peor, deslizaron, es la presencia de revanchas.
“Se estaría inaugurando una nueva etapa de venganzas públicas y eso no debe pasar en las fuerzas armadas”, me dijo uno de esos generales de tres estrellas.
Remata: “Sería el deterioro de un ejército de raigambre popular”.
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