lunes, 13 de agosto de 2012

Post-it


Nadie sabe, nadie supo… 


Una discusión que se ha prolongado demasiado es la que se relaciona con la situación de la operación de compra-venta del edificio que sería la nueva sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), y no es tanto porque el inmueble haya costado demasiado sino porque ahora resulta que es inadecuado para las funciones de ese organismo, cuyo desempeño ha dejado mucho que desear, con todo y que fue garante —más allá de los cuestionamientos por su actuación— de la transición democrática en la entidad.

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com



Tras su adquisición —en 32 millones 600 mil pesos—, el IEPCT nunca se pudo mudar a ese edificio localizado en Periférico Carlos Pellicer; ni siquiera se hizo la mudanza de las áreas administrativas, y ahora que ya han corroborado que el inmueble no es lo que esperaban —pese a que pretendieron invertir en la construcción de un anexo otros ocho millones—, sus compradores piensan en devolverlo a su antiguo propietario.
No será sencillo conseguir el rembolso de lo pagado, como ahora pretenden los consejeros electorales, pues nadie vende un inmueble para que, si el comprador no se satisface, devuelva el dinero a la primera de cambios.
Aunque sea ‘largo, complicado y costoso’ el proceso para intentar recuperar esos 32.6 millones, como indica el presidente de la Barra Tabasqueña de Abogados, José Luis González Martínez, debe hacerse y revisar también es si el costo pagado por el IPECT es razonable y si no hay irregularidades que deriven en una sanción legal.
Hay que acotar que si se consigue cancelar dicha operación regida por el derecho civil, el comprador absorberá todos los gastos que ello genere, sobre todo si, como señala el abogado González, “no le logran comprobar situaciones que puedan ser atribuibles al vendedor”.
El argumento que el edificio no es funcional, como expuso el presidente del IEPCT, Gustavo Rodríguez Castro, no es válido ni aquí ni en China. Se supone que antes de que se expidiera el cheque por 32.6 millones de pesos se revisaron las cláusulas del contrato de compra-venta y se verificaron las condiciones físicas del inmueble.
Si es o no funcional, ello despierta sospechas que motivan a pensar que se pagó de más y que pudiera haber uno o más implicados en una operación fraudulenta.
Si el proceso electoral obligó a posponer todo lo relacionado con ese edificio, no se justifica que a más de un mes de celebradas las elecciones estatales, el órgano electoral siga desembolsando 85 mil pesos mensuales por el alquiler de sus actuales oficinas en calle Eusebio Castillo.
Unos dicen que fue un ‘negocio redondo’ del anterior presidente del IEPCT, Alfonso Castillo Suárez, quien al hacer el anuncio de la compra-venta afirmaba que a la nueva sede se trasladarían en el corto plazo las áreas de administración, contraloría, órgano técnico de fiscalización y comunicación social. Esto nunca se hizo.
Ahora que el presidente —en calidad de interino— es Gustavo Rodríguez, el IPECT no ha emitido una posición convincente. Se habla de que se revisará la operación; que se llamará a los implicados (del Instituto) a comparecer al Congreso local, y que se exigirá al vendedor a devolver el importe.
Si llegase a darse la comparecencia, no será más que un burdo teatro. Nunca, que recuerde, de esos eventos en el Legislativo se ha derivado alguna acción legal sancionadora cuando las irregularidades están a flor de tierra.
¿De qué servirá que el presidente provisional del IEPCT ‘comparezca’ ante el Congreso local, si sólo irá a repetir que “no podemos asumir culpas ajenas”?
¿Qué facultad —que no le hayamos visto— tiene el Poder Legislativo para llamar a cuentas a quienes pudieran haber incurrido en irregularidades en esta operación que sería ilegítima para los tabasqueños que con sus impuestos sostienen a nuestras instituciones y a quienes las dirigen?
¿Qué autoridad tiene injerencia? “Yo creo que más que el Congreso, tendría que ser el Órgano Superior de Fiscalización (OSF); él es el que nos hace observaciones o nos sanciona en un momento dado”, indicó Rodríguez Castro.
Muchas preguntas, dudas, cuestionamientos, y nadie asume su responsabilidad. En el Consejo Estatal Electoral unos dicen que no tienen conocimiento de lo que sucede; otros le tiran la bolita a la Junta Estatal Ejecutiva que, según el consejero Héctor Aguilar, debió haber hecho estudios técnicos para determinar si el edificio está en condiciones de utilizarse por el IEPCT.
El secretario Ejecutivo del IEPCT, Armando Maldonado, quien es ave de todas las tempestades, se deslindó de este embrollo. “Yo lo único que te digo es que tengo libre la conciencia en ese aspecto”, sostuvo.
En este caso ¿qué procede?, preguntan reporteros. No hay respuestas; sólo lavatorio de manos. El consejero Rosendo Gómez Piedra es la expresión viva de ello: “No sé nada nuevo; no sé nada”.
La dirigencia estatal del PRD plantea que debe destituirse a quienes se vieron involucrados en la compra del edificio del IEPCT. Pero, ¿quiénes son?
El planteamiento más sensato de todo este merequetengue lo dio el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, quien se pronunció por sancionar a quienes hayan incurrido en irregularidades.
“Si hubo alguna falta administrativa, la presunción de algún ilícito, pues hay que aplicar la ley. Sí hubo negligencia, también esa es una falta administrativa que debe sancionarse en términos de ley”, expuso.
La duda campea, aunque se diga que “nosotros revisamos al 100 por ciento la situación financiera del IEPCT. Lo que es el edificio checamos que se cumpliera con la norma, con una licitación y el avalúo que nos presentaron. Solventaron, desde nuestro punto de vista, todo”, como afirmó el fiscal superior Francisco Rullán, cuya palabra no es garantía de nada.
Ahora tenemos que el IEPCT contrató a un grupo de ingenieros para que constaten el estado físico del inmueble que se compró. ¿No se supone que esto debió hacerse antes del millonario desembolso?
Si se pagó de más, una explicación no basta. Hay que determinar si incurrió en actos ilícitos y proceder contra los responsables y sus encubridores. Esperemos que ese sea uno de los primeros frutos de la alternancia.  

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