Al invalidar el fuero militar, el máximo órgano judicial del país abre la posibilidad de que se haga justicia a los deudos de dos inocentes acribillados en 2009 por las fuerzas castrenses
Luis Enrique Martínez / luisenriquemarh@hotmail.com
La invalidación del fuero militar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permite a los familiares de los jóvenes abatidos el 14 de noviembre de 2010 en Jalpa de Méndez por integrantes de un comando mixto de policías y militares, confiar en que la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZSS-XII/205/2010 sea consignada a un juez para castigar a los responsables de tal asesinato.
Con la votación histórica de 8 a 2 con la cual el pleno de la SCJN determinó, el lunes 20, la inconstitucionalidad del párrafo segundo, inciso a, del artículo 57 del Código de Justicia Militar que permitía al fuero de guerra juzgar a soldados que cometieran delitos en contra de civiles con el argumento de que los ilícitos eran “contra la disciplina militar”, los familiares de Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, esperan encontrar la justicia que vienen reclamando a las autoridades federales por alrededor de dos años.
En ese tiempo, Ramón Pérez Hernández y Víctor Manuel Chan Uicab, padres de los jóvenes asesinados, no han dejado de reclamar justicia en todos los foros posibles, inclusive en actos políticos y electorales como los que han ocurrido en la entidad de noviembre de 2010 a julio de 2012.
En compañía del abogado Rosendo Valenzuela Martínez, por ejemplo, el pasado 12 de marzo Chan Uicab acudió al acto en que el presidente Felipe Calderón inauguró obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la capital del estado. Ante el pasmo de la guardia presidencial, el tutor de Víctor Manuel Chan Javier exhibió una manta en la que demandó la justicia federal para el caso de asesinados en Jalpa de Méndez.
Calderón escuchó la inconformidad del padre de familia por la dilación en las indagatorias y el incumplimiento de la recomendación 59/2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) pero el mandatario pidió paciencia a los deudos de los jóvenes para castigar a sus asesinos.
Más adelante, en el acto de inicio de campaña del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a gobernador Gerardo Priego Tapia, amigos y familiares de los jóvenes abatidos en la periferia de la cabecera municipal de Jalpa de Méndez expusieron la impunidad del caso a la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota. La respuesta fue similar a la presidencial.
LOS HECHOS
En el Reporte Semanal 19, la revista Clip publicó la crónica de los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2010. A continuación un extracto de la publicación de esa narración:
—¡Son ellos…!
Entre la penumbra de la madrugada, la voz identifica al convoy operativo mixto que acribilló a los jóvenes Víctor Manuel Chan Domínguez y Ramón Pérez Román al norte del periférico de la cabecera municipal de Jalpa de Méndez.
Apenas eran las primeras horas del 14 de noviembre de 2010. El ruido de los disparos trastornó el sueño de los vecinos de la zona. Ingenuos pero atrevidos, algunos limpiándose las legañas, salieron de sus casas. En la calle esperaban encontrar la respuesta al desconcierto que enrarecía la atmósfera pueblerina.
No demoró mucho la realidad. A 100 metros del motel Paso Real, la luz intermitente de torretas y patrullas iluminaban el desplazamiento de elementos uniformados aún irreconocibles. Imponiéndose la curiosidad al miedo, hombres y mujeres corrieron al sitio donde lo negro del alba se había perdido.
Nadie sabía nada. Cuando intentan indagar, los uniformes delatan la presencia de elementos del ejército, la armada y de la policía estatal que impiden el paso. Empezaron a acordonar la zona ante los ojos desorbitados y gritos de angustia de la población.
A pesar del cordón de seguridad, algunos jóvenes identificarían una camioneta. Percibieron la tragedia del propietario. Sin dudar, regresaron sus pasos a velocidad. Se dirigieron a la casa de don Víctor Manuel Chan Huicab. Eran las tres de la mañana.
Despierto por los violentos gritos y golpes a la puerta, el comerciante escucha a sus vecinos: “Su hijo Víctor Manuel sufrió un accidente…”
Atribulado por la noticia, lo primero que pensó don Víctor Manuel fue en un accidente carretero. Cada ocho días, su hijo solía viajar a la ciudad de México de compras. Esa rutina semanal lo llevó a imaginar que algún día podría ocurrirle un incidente por lo peligroso de la comunicación terrestre del país. Para un caso de esa naturaleza se había preparado. Nunca sospechó en una circunstancia diferente.
Repuesto de la primera impresión, en seguida se encaminó al lugar de los hechos. Cuando llegó, el sitió estaba herméticamente acordonado. Sin éxito intentó librar el cordón de seguridad. En todos los tonos pidió tres veces a la autoridad permiso para pasar. Insensibles, con armas largas a la cintura, amenazantes, el grupo de uniformados omitió incluso el reclamo de la población para atender la petición del angustiado progenitor.
No había otra opción que resignarse a esperar el amanecer. Cuando empezó a despuntar el alba, sacó fuerzas del dolor. Invitó a quienes tuvieran telefonía celular a tomar fotografías de la zona acordonada y presionar para despejar el camino hasta donde se encontraba la camioneta de su hijo. En un momento, creyó que los soldados cederían a su ruego. Sin embargo, cuando la comunidad obturaba sus artefactos, el convoy operativo mixto se abrió paso entre la muchedumbre. Detrás de las patrullas, iba una grúa cargando la camioneta de Víctor Manuel.
Y con ellos, los cuerpos de los jóvenes abatidos.
Sin información oficial, don Víctor Manuel volvió a ver a su hijo 24 horas después. El día 15 de noviembre, en el panteón municipal.
LA CORTE
El viernes 20, la SCJN invalidó el fuero federal. Consideró inconstitucional el párrafo segundo, inciso a, del artículo 57, que establecía que los delitos contra la disciplina militar son: “los que fueren cometidos por militares en momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo”.
La votación de la mayoría del pleno tiene lugar después de una larga lucha de organizaciones defensoras de derechos humanos que habían advertido que el contenido de tal precepto facilitaba la opacidad e impunidad en el fuero de guerra.
Es de recordar que en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Mexicano por el caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido a manos de militares, en razón de que la indagatoria del caso la llevó a cabo la justicia militar en lugar de la justicia del orden común.
Por esa razón, la CIDH estableció que el artículo 57, párrafo segundo, inciso a, iba en contra de la Constitución, porque la víctima era civil y el procedimiento debió desarrollarse en éste ámbito.
La votación histórica de los magistrados de la Corte genera esperanzas a los familiares de los jóvenes abatidos —según documentó la CNDH, por elementos de la Sedena, Marina y policías estatales— encuentre la justicia que han demandado ante diversas autoridades penales y en diversos lugares del país.
Todo ello porque no hace mucho, el abogado Valenzuela Martínez denunció a la revista Proceso que la averiguación penal del caso fue enviada al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), que, a su juicio “no tiene facultades para realizar pesquisas judiciales”.
“El gobierno federal y particularmente el presidente Felipe Calderón están protegiendo a los asesinos, porque tienen archivada la averiguación en el Cenapi y no se ha consignado a juez para castigar a los responsables”, declaró don Ramón Pérez Hernández, padre del joven Ramón Pérez Ramón, cuyo cuerpo recibió 18 impactos de bala.
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