lunes, 23 de julio de 2012

Peña gobernará México aunque la mayoría no votó por él



Por cuarta elección consecutiva ningún candidato presidencial obtuvo mayoría absoluta; en el Congreso habrá equilibrio de fuerzas políticas 

Ernesto Sanabria A. / netosanabria@hotmail.com



A casi un mes de haberse celebrado los comicios más controvertidos en la historia política de nuestro país, al margen del resolutivo que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación para la invalidez del proceso, saltan a la vista dos hechos irrefutables que evidencian la necesidad de una profunda reforma al marco constitucional de la materia, a fin de garantizar la gobernabilidad en elecciones futuras.
De confirmarse el triunfo legal del priista Enrique Peña Nieto, será el cuarto presidente que llega de manera consecutiva al poder sin haber sido elegido por la mayoría de los mexicanos, ya que los resultados oficiales indican que votaron por él menos del 40% de quienes participaron en la jornada del domingo 1 de julio; más aún: no lo eligió el 75.81% de los ciudadanos empadronados en el listado nominal del Instituto Federal Electoral.
En efecto, tras el recuento final de los votos para la elección de Presidente, el IFE dio a conocer que el candidato de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), Enrique Peña Nieto, obtuvo un total de 19 millones 226 mil 784 mil sufragios, que representan el 38.21 por ciento de los votantes. En tanto, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por México (PRD-PT-MC), Andrés Manuel López Obrador, alcanzó 15 millones 896 mil 999 votos, con el 31.59% del total sufragado.
Por su parte, Josefina Vázquez Mota, candidata del partido en el poder, Acción Nacional, alcanzó una votación de 12 millones 786 mil 647; es decir, el 25.41% del total de mexicanos que acudieron a las urnas. Y finalmente, el representante del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, se agenció un millón 150 mil 662 sufragios, para superar con el 2.29% de votos el porcentaje mínimo requerido para garantizar su registro y con ello la obtención de prerrogativas y posiciones en el Senado y la Cámara de Diputados federal.
Lo anterior revela que la dispersión del voto impidió por cuarta vez consecutiva que el candidato triunfador alcance la mayoría absoluta, lo que implica una cierta desventaja para construir un poder Ejecutivo sólido, legitimado por la mayoría de los gobernados.
En efecto, el último presidente que obtuvo la mayoría absoluta (más del 50% de los votos) fue Carlos Salinas de Gortari, triunfador en 1988 con el 50.7% (9 millones 687 mil 926 sufragios). A partir del siguiente sexenio, ninguno ha alcanzado siquiera la mitad del total.
En los comicios de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León inauguró la etapa de presidentes ganadores como primera minoría, al alcanzar el 48.69% de sufragios, contra el 25.92% del panista Diego Fernández de Cevallos y el 16.59% del perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (el 8.8 por ciento restante se fraccionó en partidos satélites).
Seis años después, en 2000, el candidato del PAN-PVEM, Vicente Fox Quesada, obtuvo la Presidencia con el 42.52% de los votos, mientras Francisco Labastida Ochoa, del PRI, llegó a 36.11% y Cuauhtémoc Cárdenas, en su tercera candidatura, alcanzó el 16.64 por ciento.
Y finalmente, en los comicios de 2006 el panista Felipe Calderón Hinojosa logró un 35.89% del total de votos; Andrés Manuel López Obrador, del PRD-PT-Convergencia, se agenció el 35.31%; y Roberto Madrazo Pintado, del PRI, obtuvo el 22.26% del total.
Como se puede apreciar, en los últimos cuatro sexenios los mexicanos hemos sido gobernados por presidentes que no alcanzaron el consenso absoluto y, por tanto, si bien accedieron al poder por la vía legal, su legitimidad (que emana del pueblo) siempre estuvo en entredicho porque no fueron convalidados por las mayorías.
Lo anterior obliga a poner en la mesa de discusión la viabilidad de establecer en el marco jurídico la figura de una segunda vuelta electoral a fin de garantizar la gobernabilidad, o restringir la proliferación de partidos satélites para evitar la fragmentación del voto.
El tema ofrece mucha tela de donde cortar pero el espacio disponible en este medio no alcanza para desarrollarlo. Queda, pues, la aportación para que gobernantes, políticos, analistas, periodistas, investigadores y ciudadanos interesados lo retomen y le den seguimiento, si así lo consideran pertinente.  

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