Semarnat, Profepa y Sernapam caen en complicidad en perjuicio de la comunidad de Los Aguilares, señala Codehutab
Samuel L. Soto Giles. / gi_les@hotmail.com
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) informa que en septiembre de 2004, la empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología S.A. de C.V (Caresa) inició sus trabajos de tratamiento de lodos extraídos de la perforación de pozos petroleros.
El 20 de abril de 2005, acompañados y asesorados por el Codehutab y la Asociación Ecológica Santo Tomás, un grupo de habitantes de la colonia Los Aguilares presentó la demanda formal del caso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de la citada compañía. A partir de esa fecha comienza la lucha para exigir la clausura y el retiro del material contaminado.
La Semarnat dio a conocer posteriormente que Caresa comenzó a enterrar los lodos contaminados sin haber presentado el estudio de impacto ambiental obligatorio y sin recibir la autorización de esa dependencia para comenzar a operar; lo que quiere decir que comenzó su operación fuera de la ley que regula esta actividad.
Aún así, la Semarnat y Profepa toleraron su arbitrariedad y, por lo tanto, cayeron en complicidad en perjuicio de la comunidad de Los Aguilares.
Ante la fuerza de la lucha social, el 3 de junio de 2005 la Semarnat emitió un resolutivo en contra de Caresa donde consignó que los materiales enterrados allí exceden lo permitido por la norma en cuanto a hidrocarburos.
Asimismo, le ordena la remoción de todo el material utilizado para el relleno del predio, para evitar que queden residuos de hidrocarburos que puedan filtrarse y contaminar los mantos freáticos.
Además le exige que el material depositado en el relleno debería enviarse a tratamiento con una empresa autorizada por la Semarnat, distinta a Caresa.
Y que una vez realizado todo esto debería presentar a la Profepa documentación e información que avale dichos trabajos y demostrar que el sitio se encuentra descontaminado.
Lo grave es que Caresa en ningún momento acató esas recomendaciones y continuó sin ningún contratiempo con el entierro de material contaminado.
Mientras tanto en la delegación de Profepa en Tabasco, su titular, Ramiro Berrón, no paraba de engañar que el caso iba a ser resuelto a favor de la comunidad, todo con la intención de darle largas al caso y así proteger a la empresa denunciada.
PROTECCIÓN DE SERNAPAM
La Codehutab señala que por cambios en las leyes ambientales, el 31 de enero de 2009 el caso fue presentado ante la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), una instancia estatal, a cargo de Silvia Whizar Lugo.
Allí de nuevo se recurrió a la mentira y el encubrimiento. Por ello, el 13 de mayo de 2010 se le hizo un plantón a Silvia Whizar con el fin de exigirle reciba una comisión para plantearle la inconformidad hacia esa dependencia. Ante tal presión, la funcionaria estatal accedió a dar una cita el 14 de junio. Allí se acordó tener reunión cada mes en la que ella estaría presente para dar a conocer avances del caso.
Ante la pasividad y no cumplimiento de su palabra comprometida, el 28 de octubre de 2010 se realizó otro plantón frente a la Sernapam, con apoyo de organizaciones civiles, exigiendo nuevamente la atención de Silvia Whizar en el caso Los Aguilares.
En reunión el 29 de noviembre de 2010, la titular de esta dependencia dio a saber que fue clausurado el 25 por ciento del área de entierro de materiales de Caresa. Esto quedó consignado en el oficio fechado el 29 de noviembre de 2010 y firmado por Octavio Miranda Aguado, Jefe de la Unidad Particular, en donde comunica al señor José Manuel Arias que “con fecha 22 de noviembre (de ese mismo año) se ejecutó la clausura parcial del almacenamiento de residuos de manejo especial a la empresa Caresa.
En reunión del 17 de enero de 2011, Silvia Whizar afirmó que ya se le venció el plazo a Caresa para sus alegatos y habrá que proceder; que está por resolverse el otro 75 por ciento y que habrá una segunda clausura.
En reunión del 9 de marzo de 2011, el Químico Alfredo Cuevas, representando a Silvia Whizar, informó que ya se procedió a la clausura de otro 25 por ciento, por lo que según él, ya estaba clausurado el 50 por ciento del área de entierros contaminantes.
Como Caresa continuaba sin contratiempo los trabajos de entierro, el 4 de octubre de 2011, vía Infomex se solicitó información acerca de las clausuras realizadas por Sernapam en la Colonia Los Aguilares. Fue así como la misma Sernapam, el 25 de octubre de 2011, se vio obligada a contestar que “no ha realizado clausura alguna en Los Aguilares de septiembre de 2010 a octubre de 2011”.
Por lo que se comprueba que Silvia Whizar, titular de esa dependencia, había estado mintiendo durante casi cuatro años.
“Cabe decir, que los funcionarios que llevan el caso de Caresa en Sernapam son funcionarios que estaban en Profepa con Ramiro Berrón, los mismos que allá le dieron protección a Caresa”, informa el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).
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