Roberto Barboza Sosa. / rbarbozasosa@hotmail.com
El líder cenopista describe que se trata de ilegal la integración y determinación por parte del Comité Directivo Estatal (CDE) y la Comisión Política Permanente del CPE del PRI, de un listado de candidatos propietarios y suplentes plurinominales a diputados al Congreso del Estado por la vía de la representación proporcional.
Se realizó —puntualiza el político huimanguillense— en franca violación a las constituciones federal y estatal, la Ley Electoral del Estado, los propios Estatutos y los Reglamentos del Consejo Político Estatal, de la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, así como el Reglamento Interior de la Comisión de Procesos Internos.
“Se conculcaron los derechos político-electorales del ciudadano, al designarse personas que incumplen los requisitos constitucionales y legales para ser postulados como candidatos a diputados y diputadas, así como haberse efectuado indebidamente la asignación de lugares a los diversos candidatos en ambas circunscripciones del estado, sin respetarse los principios básicos del derecho electoral de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia, equidad de los órganos electorales intrapartidarios”, manifiesta.
Como se recordará, en la sesión extraordinaria del 9 de mayo, en la sala Emiliano Zapata del edificio del PRI estatal, apenas se logró el quórum legal y se desarrolló en medio del malestar de los asistentes, y uno de los puntos que mayor conflictos generó fue el hecho de colocar en el primer lugar de la lista de la segunda circunscripción a uno de los líderes del Panal y del SNTE, Pedro Antonio Estrada Almeida.
En esa reunión apenas había la mitad de los 97 consejeros que integran la Comisión Política Permanente, los asistentes recuerdan que nunca se había efectuado una sesión con tan reducida cifra de sus integrantes.
Pero los errores en ese cónclave partidista se cometieron uno tras otro. De acuerdo al reglamento del Consejo Político Nacional, aplicable para la comisión estatal, es al presidente estatal del PRI a quien corresponde conducir la sesión, o en su ausencia a uno de los vicepresidentes que es cualquiera de los dirigentes de sectores; a falta de éstos es a la secretaria general, y si también existe inasistencia de ella, es al secretario técnico.
En este caso todos estaban presentes, pero fue el secretario técnico, Fernando Rosas, sin ninguna atribución legal, quien condujo la sesión extraordinaria.
En una segunda violación a los procedimientos de la reunión se presentó una lista de candidatos propietarios que nunca tuvo el aval de los miembros del CDE. Además era requisito legal presentar ante los integrantes de la Comisión Política Permanente, la propuesta completa de abanderados propietarios y suplentes.
Félix Sarracino rememora que allí, en plena sesión, objetó el listado, al que se sumaron otros consejeros, pues Estrada Almeida no es priista y no cumple con los criterios y requisitos establecidos en los artículos 166 y 195 para ser candidato plurinominal del PRI.
El dirigente del sector popular del tricolor hizo la propuesta particular que se sometiera la lista a votación para quitar al líder de la sección 29 del SNTE del primer lugar, y en su lugar subiera Francisco Herrera.
Varios consejeros respaldaron ese planteamiento, pero el dirigente estatal del PRI se opuso, y cuando observó que la sesión se salía de control argumentó que se había convocado para someter la propuesta del CDE.
NUNCA SE CONVOCÓ A SECTORES
El CDE priista nunca se reunió para elaborar y aprobar ese listado, pues nunca fueron convocados los sectores y organización, ni otros integrantes, lo cual se lo hicieron ver los consejeros. Por eso, ahora Herrera León, presenta otro oficio simple como acta, con falta de firmas y por lo cual carece de validez. “Es un acta ficticia”, subraya.
Es inexistente el procedimiento que establece criterios y métodos aprobados por el CDE, de cómo se iban a asignar cada uno de los lugares a los candidatos plurinominales. Nadie sabe por qué se colocaron en cada una de las posiciones, pero todo indica que fue una decisión discrecional y antidemocrática.
En la convocatoria jamás se señala que el “Comité Directivo Estatal” iba a asignar las posiciones en que irían los candidatos a diputados plurinominales.
En estos casos, en la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente, correspondía someter a votación por cédulas secretas para elaborar la lista y asignarle el lugar en que se les iba a registrar ante el IEPCT. El uso de cédulas secretas para la votación de personas es una condición establecida como parte de la cultura democrática, sostiene Sarracino Acuña.
Otro de los errores garrafales cometidos en esa sesión extraordinaria fue que en el punto de la discusión el secretario técnico elaboró la lista de los oradores que pidieron intervenir y les dio la palabra, cuando el reglamento señala que es a la secretaria general que le corresponde esa tarea.
Además, con varios votos en contra y abstenciones, ese acuerdo fue aprobado con una cifra ínfima de votos en comparación al total de miembros que integran la Comisión Política Permanente.
Igualmente se cometió la violación de votar la lista a mano alzada, sin preguntar al pleno que tipo de votación se realizaría, pero era por cédula secreta.
Francisco Herrera se apresuró para declarar elegida y aprobada la lista de candidatos, sin desahogar los votos en particular a pesar de que existía oposición de consejeros por violaciones al procedimiento.
A diferencia del PAN y PRD, donde militantes activos y consejeros, respectivamente, eligieron por votación la posición de sus candidatos a diputados plurinominales, el PRI lo efectuó de una forma más que obscura.
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