Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
El 28 de marzo, la bancada del PRI que ‘dirige’ la presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Marcela González, con la decisión de convocar a elección del nuevo consejero presidente sólo metió mayor ruido al ya escandaloso proceso electoral que se vivía por acuerdos elaborados por el IEPCT en la etapa presidida por Alfonso Castillo Suárez y su secretario ejecutivo Armando Maldonado.
En lugar de apresurar la designación del nuevo consejero presidente, la bancada del PRI (PAN y PRD se opusieron) se fue por la ruta más larga e insegura para esa decisión legislativa, pues se llevaría casi un mes aprobar el dictamen del nombramiento del sucesor de Castillo Suárez.
Panistas y perredistas han adelantado que votarán en contra de quien pretenda designar el PRI como nuevo consejero presidente del Instituto; incluso, la dirigencia del PRD ha instruido a su bancada de que todos sus integrantes deberán mostrar públicamente su voto para dejar constancia de que nadie vaya sufragar como quiere el PRI.
De no lograrse la mayoría calificada que exige la ley para esa designación —dos terceras partes de los votos de los diputados—, existe la posibilidad incluso de que el Consejo Estatal del IEPCT continúe incompleto y presidido con un consejero presidente provisional.
En la sesión pública respectiva, y desde comisiones, las bancadas del PAN y PRD votaron en contra del dictamen de la convocatoria para la elección del consejero presidente, al considerarla innecesaria pues proponían elegirlo directamente de entre los seis consejeros propietarios restantes y los cuatro suplentes.
Para esta tercera semana de abril, a partir del día 17 establece la convocatoria, la Junta de Coordinación Política iniciará la evaluación de los aspirantes que hayan aprobado con un promedio mínimo de 8.5 de calificación el examen aplicado el jueves 12 por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
Fueron un total de 17 aspirantes al cargo de Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que presentaron el examen de conocimientos en materia electoral, que constó de aproximadamente 110 reactivos de opción múltiple.
El 11 de febrero de 2010, cuando 49 aspirantes a consejeros electorales presentaron el examen aplicado también por la UJAT, sólo cinco —incluido el ahora ex consejero Castillo Suárez— lo aprobaron con más de 8.5 de calificación.
En otra dificultad que se podría presentar, existe la probabilidad de que sea declarada desierta esta etapa de selección si nadie aprueba el test de la UJAT. Si en 2010 de 49 aspirantes sólo lo aprobaron cinco, pues ahora con 17 pretendientes las posibilidades son mínimas también.
ENREDO LEGAL DEL IEPCT
El enredo legal en el que actualmente vive el organismo electoral y el Congreso local prosiguió en el mismo Instituto, pues incumplieron con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Electoral del estado.
Esa norma violada por los consejeros les ordenaba que a “falta absoluta de alguno de los consejeros electorales propietarios, será sustituido provisionalmente por uno de los suplentes generales que acuerde el Consejo estatal a propuesta del presidente”.
De allí el Consejo notificaría al Congreso local para que procediera “en breve plazo a elegir dentro de los cuatro suplentes generales al sustituto, quien concluirá el periodo de la vacante”.
En la orden del día de la sesión del jueves 12, uno de los puntos que incluía era la toma de protesta del consejero electoral suplente para completar a los siete integrantes del Consejo Estatal del IEPCT, pero de última hora fue retirado.
Ante el cuestionamiento de los representantes de los partidos, el consejero presidente provisional, Gustavo Rodríguez, dijo que fue decisión de él retirar ese punto de la orden del día, ya que el consejero suplente que designarían incumplía con los requisitos legales; sin embargo, no se informó la fecha en que se repondría con otro de los cuatro suplentes.
El representante del PRD ante el organismo electoral, Renato Arias, señala que esa organización política desde un principio se opuso a que se realizara todo un proceso de selección, sino que propuso que entre consejeros propietarios y suplentes se nombrara al nuevo consejero presidente.
Incluso, citó que la Constitución invalida cualquier acto legislativo que se realice en la materia cuando se encuentra en pleno proceso electoral, que es lo que realiza el Congreso del estado desde que emitió una convocatoria.
El artículo 105 constitucional establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
SIN SABER QUÉ HACER
El representante perredista en el Consejo del IEPCT dice que “meter a un externo nuevo, simple y sencillamente sería la misma situación, llegan sin saber exactamente qué hacer; entonces, no tendría propiamente una dirección con conocimiento y con experiencia”.
Al señalar que la acción que tomó la mayoría priista en el Congreso local fue sólo para “meterle más ruido” al proceso electoral, Arias Arias reitera que si no rectifican, la bancada del PRD votará en contra de quien se trate de imponer como consejero presidente.
En caso de que en el pleno las bancadas del PAN y PRD no se sumen al PRI, será imposible designar al presidente consejero del organismo electoral, pues no se reunirían los 24 votos para tener mayoría calificada como lo exige la ley.
Renato Arias recuerda que desde un principio hubo un acercamiento al Congreso a petición de la fracción parlamentaria de su partido; “tuvimos una reunión ahí con el director jurídico, el oficial mayor y los asesores del Congreso”.
“Ellos estaban en la dinámica de hacer una convocatoria pública; sin embargo, nosotros fijamos una postura en el sentido de que la convocatoria pública no era la más viable para evitar meterle ruido al proceso electoral, de por sí el proceso electoral está muy cuestionado por la actuación del propio instituto electoral y meterle una convocatoria abierta, pues obviamente eso abonaría a que se empañaran más las actividades del proceso”, expone.
Se planteó que lo que tenían que hacer simple y sencillamente era elegir dentro de los seis consejeros electorales actualmente en funciones. Una vez que se diera la vacante de un consejero electoral al asumir la calidad de presidente, subía uno de los suplentes generales y el Congreso los ratificaba.
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