Proceso electoral, en la incertidumbre

A un mes de que inicien las campañas proselitistas estatales, el Consejo Estatal del IEPCT se encuentra incompleto. Consejeros electorales se le ponen al brinco al Congreso local por el control del Instituto. 

Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com

La dimisión del consejero presidente Alfonso Castillo Suárez, el pasado 21 de marzo, en lugar de desactivar la tensión político que vivía el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), sólo sirvió para meter en mayor aprieto jurídico-legislativo a esa institución y al Congreso local, en plena organización de los comicios para gobernador, alcaldes y diputados.

A menos de un mes de que inicien las campañas proselitistas, actualmente el Consejo Estatal del IEPCT se encuentra incompleto, y en la hipótesis de que tuvieran que votar un acuerdo trascendente, existe el riesgo de que se quede en el limbo jurídico por un empate de sufragios —ni aprobado ni rechazado—, pues sólo hay seis consejeros por la falta del séptimo integrante, que sirve precisamente para evitar ese escenario.

La farragosa y enredada Ley Electoral del estado ha causado que los iletrados diputados y consejeros interpreten a su modo esa legislación, lo que ha ahondado el brete en que se encuentra sumergido el Instituto por el proceso de designación del nuevo consejero presidente.

Existe incertidumbre sobre la elección del titular del organismo, pues no se puede asegurar que se reúnan los 24 votos exigidos por ley para aprobar ese nombramiento, así como también podría quedar sin efecto al ser inconstitucional, pues el artículo 105 de la Carta Magna prohíbe legislar en materia electoral durante y desde 90 días antes de un proceso comicial.

Si ya el Congreso local, en cuestionada decisión, había determinado elegir a su manera al nuevo presidente consejero del IEPCT, también en inesperada actitud los seis consejeros electorales, el 10 de abril, decidieron impugnar el proceso legislativo al acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para reclamar una presunta violación a sus derechos políticos ciudadanos por parte del Poder Legislativo.

Azuzados por el consejero Rosendo Gómez Piedra, de última hora cada uno de los consejeros interpusieron ante la Sala Superior del TEPJF un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano, al sostener que el Congreso de Tabasco equivocó el procedimiento para la designación del nuevo consejero presidente al excluirlos para ocupar ese cargo.

Apenas unos cinco días antes, ante la insistencia de este medio de comunicación, la mayoría de los consejeros, incluido Gómez Piedra —“en lo personal no me afecta, no resiento los efectos”, dijo—, aseguraban que no les interesaba impugnar la convocatoria emitida por el Congreso local.

Todos coincidían en señalar en que “diferían” con la decisión tomada por la bancada del PRI, en el procedimiento que efectuaba para designar al nuevo consejero presidente, en el que se les excluía a ellos y a los suplentes, pero “no impugnaré”, afirmaba al reportero la consejera Elidé Caliz.

Incluso, en el IEPCT circuló la jurisprudencia del Tribunal por casos similares ocurridos en otras entidades y que demostraban el “error” en que incurría el Congreso local, pero reiteraban su negativa a interponer un Juicio para la Protección de los Derechos Ciudadanos, y que finalmente sí realizaron.

“INTERPRETACIÓN ERRÓNEA Y CONTRADICTORIA”

El consejero electoral y doctor en Derecho Rosendo Gómez Piedra sostiene que la 60 Legislatura realizó “una interpretación errónea, equivocada y contradictoria” a la Constitución y la Ley Electoral de Tabasco, pues sólo tenía que designar al nuevo titular del organismo electoral de entre los seis consejeros que quedan y cuatro suplentes generales en el Instituto.

Recuerda que esta misma legislatura, hace dos años, cuando eligió al consejero presidente, lo designó de entre los siete integrantes del órgano colegiado, tal como está establecido en el decreto aprobado y publicado en el Periódico Oficial del estado.

Gómez Piedra asevera que se “están violentando los principios rectores que rigen a nuestro instituto y a nuestra ley electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y autonomía”.

El Juicio para la Protección de los Derechos Políticos- Electorales del Ciudadano fue presentado por los seis consejeros ante el Congreso local para su trámite ante el TEPJF, pero también se dio vista directamente al Tribunal para que a la brevedad posible solicite toda la documentación correspondiente al Congreso y se emita una resolución urgente, pues sólo faltan dos meses para los comicios de gobernador, 17 alcaldes, así como 21 diputados de mayoría y 14 plurinominales.

Gómez Piedra, también ex juez penal y ex magistrado judicial, dice que los actuales seis consejeros del IEPCT demandan que “se salvaguarde el derecho y el principio de legalidad sobre todo, eso es lo que esperamos nosotros”, que sea el TEPJF que decida esta situación.

Insiste que el Congreso primero tuvo que haber convocado a los cuatro consejeros suplentes para designar a un propietario, y al estar completos los siete titulares, nombrar de entre ellos al consejero presidente.