Un cuento de nunca acabar

La corrupción es mucho más que una palabra trillada; es un mal que corroe a la sociedad y es la cuna de muchos de los males de nuestro país. Tal vez sea el mal mayor.

Tiene su principal veta en el servicio público, desde los que se clavan los dineros del pueblo que se les encomiendan, pasando por los que hacen negocios al amparo del presupuesto, hasta los que cobran su mochada por algún trámite o por hacerse de la vista gorda.
No ha habido leyes ni gobernantes que puedan combatirla; vamos, ni siquiera contenerla.
Mucho se acusó a los regímenes priistas de haber instaurado a la corrupción como una forma de vida, y se creía que la alternancia en el gobierno era la forma de erradicarla.
Recuerdo que en 1982 un candidato presidencial —del PRI, obviamente— recorría el país prometiendo la renovación moral de la sociedad.
Era Miguel de la Madrid Hurtado, quien fue el primer presidente de la era tecnocrática de México y que, llegando al poder, creó un nuevo aparato burocrático: la Secretaría de la Contraloría, y hasta nos apantalló encarcelando a uno de los políticos prototipos de la corrupción de esa época, el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano.
Tres décadas después del arribo de De la Madrid al poder federal, nadie se acuerda de moralizar o de renovar la moral social de los mexicanos, sobre todo, de quienes detentan los cargos públicos.
Los panistas echaron al PRI de Los Pinos y desde hace doce años se instalaron en el gobierno federal, y los perredistas llegaron a administrar la urbe más grande del país: la Ciudad de México, y la corrupción sigue presente en todas las esferas del servicio público.
Ni la democracia, que ya dejó de ser sueño en este país de la dictadura perfecta o del partido único, ni las reformas legales ni la creación y modernización de instituciones —desde las contralorías y contadurías mayores de hacienda hasta la Secretaría de la Función Pública y los órganos superiores de fiscalización— han podido frenar la enorme fuga de recursos públicos que va a parar a fortunas personales.
Es más, ahora que el PRI amenaza con regresar a la Presidencia de la República, será ingenuo el que crea que, ahora sí, los políticos que arribarán a los cargos públicos del Poder Ejecutivo federal llegarán con una nueva moral.
Se mantiene vigente la definición del viejo caudillo potosino Gonzalo N. Santos, El Alazán Tostao, de que ‘la moral es un árbol que da moras’.
Esta reseña la hacemos porque la semana pasada estuvo en Tabasco el secretario de la Función Pública federal, Rafael Morgan, y dijo una frase que llamó la atención de los medios y que nos da una dimensión de lo logrado por el régimen de Felipe Calderón Hinojosa en materia de control y transparencia del gasto público.
“La persecución de la corrupción es cuento de nunca acabar”, sentenció el responsable de evitar y sancionar los desvíos de recursos y programas del gobierno federal, así como el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
La frase dice mucho y no nos dice nada, y nos sugiere que la misma corrupción es un ‘cuento de nunca acabar’.
Se confirma cuando el funcionario federal que debe combatirla, confiesa que —ya en las postrimerías del régimen calderonista y tal vez último del panismo— “tenemos que buscar fórmulas de prevención para prevenirla, y cerrar las ventanas que haya de oportunidades para actos de corrupción”.
Lo único seguro que tiene el gobierno federal son mecanismos para obstruir y retrasar la fluidez de los recursos públicos, para que éstos no aterricen en los momentos que se requieren; le doy de ejemplos comunes en zonas como Tabasco: los fondos que se necesitan para obras de protección hidráulica, y los destinados al campo, llegan a destiempo.
En la población pervive la sensación de que los gobiernos y quienes los administran son corruptos, sin importar el partido que esté en el poder.
Tabasco es víctima de prácticas deshonestas del quehacer público. Y aquí el concepto honestidad va mucho más allá al manejo escrupuloso de los dineros del pueblo; abarca también su aplicación oportuna y eficiente.
Daré otros dos ejemplos de corrupción evidente que afecta a los tabasqueños:
El primero tiene que ver con los retrasos en la aplicación de recursos y las obras inconclusas del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), empezando por los presuntos desvíos de fondos federales en la gestión de Omar Celín Kumakai Puga, como director local de Conagua, hasta las asignaciones sospechosas de contratos de su sucesor, Jorge Octavio Mijangos Borja.
El segundo parece hasta insignificante: las fallas en la edificación del distribuidor vial Tabascoob —recién inaugurado por el Presidente Felipe Calderón—, cuya apertura se retrasó por hundimientos en uno de sus puentes, debido a que no se previó que se trabajaba en terreno pantanoso o, en su caso, no se hicieron o se realizaron mal los estudios de mecánica de suelos.
Como esos, existen muchos más casos que nos permiten asegurar que, sea panista, priista o perredista la filiación del gobierno, la corrupción es un cuento de nunca acabar.
Es tiempo de empezar a revisar la utilidad de dependencias como la Secretaría de la Función Pública, las contralorías y hasta de los órganos de fiscalización, que ni evitan prácticas deshonestas, ni persiguen a los corruptos. Al contrario, se ha convertido en una gran tapadera. Y tiene un alto costo económico para los mexicanos.
Ya es tiempo de hacer algo, porque como dijo en Guanajuato el Papa Benedicto XVI, muchas familias mexicanas padecen a causa de la pobreza, la corrupción, la violencia doméstica, el narcotráfico, la crisis de valores o la criminalidad.