Gran actividad mediática ocurrida en la entidad, en la semana que concluye, ante la renuncia del Consejero Presidente del IEPCT, Alfonso Castillo Suárez.
Mucho ruido, pocas nueces. Todos hablan de ilegalidades, de imposiciones, de corruptelas. Se llenan la boca para señalar con un dedo al de enfrente, sin fijarse que tres de esos dedos apuntan hacia ellos mismos.
Todos sabemos que el proceso electoral se ajusta a una normatividad, de observancia obligatoria para todos. Así, los partidos políticos son considerados garantes de la misma, en sus actuaciones y las de sus militantes.
La materia electoral se ventila en tres instancias: la administrativa ocurrida en el Instituto en cuestión y dos en el ámbito judicial: una a nivel local y la última ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De ahí que cualquier decisión adoptada por el árbitro electoral local será escrutada, en caso de inconformidad.
Sin embargo, no se puede soslayar que existe un constante desafío en los partidos políticos y candidatos que de modo insistente han desarrollado cualquier cantidad de eventos tendentes a quebrantar la Ley Electoral.
Para nadie es un secreto que hemos visto desfilar, anticipadamente y desde comienzos del año pasado, a quienes hoy se quejan de irregularidades en su contra, desarrollando actos anticipados de precampañas que finalmente fueron sancionados en algunos casos.
Incluso nuestros actores políticos han sido declarados responsables de infracciones al COFIPE y hay la orden para el IFE, por parte del TEPJF, de imponer la sanción atinente a ello; caso específico el de Oscar Cantón Zetina, por hacer proselitismo a favor de Andrés López.
No obstante, se alzan en pie de guerra cuando consideran se les perjudica en sus derechos y si las sentencias no les favorecen —así hayan sido ellos los causantes— descalifican al órgano electoral, como si ahí se les hubiese instigado para actuar ilegalmente.
Se cacarea que está en peligro la legalidad del proceso local, adjudicando toda la responsabilidad al árbitro, cuando éste interviene en aquéllas irregularidades denunciadas y cometidas por los partidos y sus actores políticos, corresponsables de la debacle del proceso.
Se genera un escenario de “sospechosismo” en el cual hemos contribuido todos, cuando lo cierto es que en un acto responsable todos los que hoy caminan hacia la justa del 1 de Julio deberían sujetarse a las reglas del juego. Impensable, imposible. El chiste es ganar.
La posible anulación del proceso será corresponsabilidad de todos los que han contribuido para ello; por eso no sorprende la partida del hoy ex consejero presidente; a nadie le pagan lo suficiente para perjudicar de tal manera su impecable trayectoria como jurista y su seguro, brillante futuro.
No en una contienda donde lo que menos se ha hecho es respetar el principio de legalidad por quienes, mediáticamente, enderezan las más duras críticas, sin asumir su propia culpa. Es fácil acusar, pero qué imposible es actuar en lo correcto. ¿O no?
Todos sabemos que el proceso electoral se ajusta a una normatividad, de observancia obligatoria para todos. Así, los partidos políticos son considerados garantes de la misma, en sus actuaciones y las de sus militantes.
La materia electoral se ventila en tres instancias: la administrativa ocurrida en el Instituto en cuestión y dos en el ámbito judicial: una a nivel local y la última ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De ahí que cualquier decisión adoptada por el árbitro electoral local será escrutada, en caso de inconformidad.
Sin embargo, no se puede soslayar que existe un constante desafío en los partidos políticos y candidatos que de modo insistente han desarrollado cualquier cantidad de eventos tendentes a quebrantar la Ley Electoral.
Para nadie es un secreto que hemos visto desfilar, anticipadamente y desde comienzos del año pasado, a quienes hoy se quejan de irregularidades en su contra, desarrollando actos anticipados de precampañas que finalmente fueron sancionados en algunos casos.
Incluso nuestros actores políticos han sido declarados responsables de infracciones al COFIPE y hay la orden para el IFE, por parte del TEPJF, de imponer la sanción atinente a ello; caso específico el de Oscar Cantón Zetina, por hacer proselitismo a favor de Andrés López.
No obstante, se alzan en pie de guerra cuando consideran se les perjudica en sus derechos y si las sentencias no les favorecen —así hayan sido ellos los causantes— descalifican al órgano electoral, como si ahí se les hubiese instigado para actuar ilegalmente.
Se cacarea que está en peligro la legalidad del proceso local, adjudicando toda la responsabilidad al árbitro, cuando éste interviene en aquéllas irregularidades denunciadas y cometidas por los partidos y sus actores políticos, corresponsables de la debacle del proceso.
Se genera un escenario de “sospechosismo” en el cual hemos contribuido todos, cuando lo cierto es que en un acto responsable todos los que hoy caminan hacia la justa del 1 de Julio deberían sujetarse a las reglas del juego. Impensable, imposible. El chiste es ganar.
La posible anulación del proceso será corresponsabilidad de todos los que han contribuido para ello; por eso no sorprende la partida del hoy ex consejero presidente; a nadie le pagan lo suficiente para perjudicar de tal manera su impecable trayectoria como jurista y su seguro, brillante futuro.
No en una contienda donde lo que menos se ha hecho es respetar el principio de legalidad por quienes, mediáticamente, enderezan las más duras críticas, sin asumir su propia culpa. Es fácil acusar, pero qué imposible es actuar en lo correcto. ¿O no?
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