En breve dará inicio otra etapa y se prevén más desalojos en comunidades de Centro, Cunduacán y Nacajuca, advierte Codehutab
Samuel L. Soto Giles / gi_les@hotmail.com
Samuel L. Soto Giles / gi_les@hotmail.com
El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) exigió el 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, que los tres órdenes de gobierno dejen de ocultar información sobre las comunidades que serán impactadas por el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), transparenten en qué consiste ese 80% de obras de infraestructura, que negocien con los afectados privilegiando el respeto a los derechos humanos y un manejo serio y responsable del agua sobre todo en época de lluvias.
Al conocer que está por iniciarse otra etapa del Plan Hídrico y con ello continuarán los desalojos en al menos tres municipios: Centro, Cunduacán y Nacajuca, el asesor jurídico del Codehutab, Efraín Rodríguez León, dijo en conferencia de prensa que por esa razón, vía INFOMEX, solicitaron a diversas dependencias que operan el PHIT, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la relación de las comunidades que serán afectadas en esta segunda etapa.
La dependencia federal respondió que esa información no era de su competencia, remitiendo al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) que también contestó no ser la responsable de entregar dicha información.
Por ese motivo se interpusieron recursos de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), y el Instituto Federal de Acceso a la Información, respectivamente.
Expresó que esa actitud muestra cómo los responsables de operar el Plan Hídrico niegan la información para evitar que los próximos afectados se organicen para defender su patrimonio.
Consideró que se prevé la intención de actuar como en 2009 y 2010: desalojar sin previo aviso con antimotines, Ejército y maquinaria pesada, sin explicar y mucho menos entregar una justa indemnización por su patrimonio.
Rodríguez León demandó a los gobiernos de los tres niveles a centrar la atención sobre el crecimiento urbano, el manejo del agua y su relación con las inundaciones.
“Más de mil comunidades de Tabasco han enfrentado riesgos e incertidumbre provocados por inundaciones no naturales, donde los más vulnerables han sido los campesinos, los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños, quienes vivían tranquilamente antes de los rellenos de vasos reguladores y el manejo irresponsable de las presas”, alertó.
En Tabasco, dijo, el agua ha causado destrozos e innumerables pérdidas económicas en los últimos cinco años, pero no por ello se le debe considera como enemigo.
“Hay que reconocer que el daño en el Estado ha sido producto de la corrupción, la omisión y perversidad de los malos gobernantes que han encontrado una mina de oro en las inundaciones anuales ya que reportan haber invertido cerca de seis mil millones de pesos. Es detestable como las autoridades pretenden hacernos ver al agua como un enemigo y no como un aliado para el desarrollo del estado”, remarcó.
Las autoridades de los tres niveles de gobiernos han declarado a las comunidades afectadas como “zonas de riesgos”, para desalojar a las personas e implementar “infraestructuras del Plan Hídrico Integral de Tabasco”, el cual, según el gobierno federal, lleva un avance del 80% y que los ciudadanos no ven por ninguna parte.
Rodríguez León informó que la Codehutab le ha dado su respaldo a muchas de estas familias desalojadas de las comunidades de las márgenes del Río Carrizal, durante el 2009 y 2010.
Al conocer que está por iniciarse otra etapa del Plan Hídrico y con ello continuarán los desalojos en al menos tres municipios: Centro, Cunduacán y Nacajuca, el asesor jurídico del Codehutab, Efraín Rodríguez León, dijo en conferencia de prensa que por esa razón, vía INFOMEX, solicitaron a diversas dependencias que operan el PHIT, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la relación de las comunidades que serán afectadas en esta segunda etapa.
La dependencia federal respondió que esa información no era de su competencia, remitiendo al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) que también contestó no ser la responsable de entregar dicha información.
Por ese motivo se interpusieron recursos de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), y el Instituto Federal de Acceso a la Información, respectivamente.
Expresó que esa actitud muestra cómo los responsables de operar el Plan Hídrico niegan la información para evitar que los próximos afectados se organicen para defender su patrimonio.
Consideró que se prevé la intención de actuar como en 2009 y 2010: desalojar sin previo aviso con antimotines, Ejército y maquinaria pesada, sin explicar y mucho menos entregar una justa indemnización por su patrimonio.
Rodríguez León demandó a los gobiernos de los tres niveles a centrar la atención sobre el crecimiento urbano, el manejo del agua y su relación con las inundaciones.
“Más de mil comunidades de Tabasco han enfrentado riesgos e incertidumbre provocados por inundaciones no naturales, donde los más vulnerables han sido los campesinos, los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños, quienes vivían tranquilamente antes de los rellenos de vasos reguladores y el manejo irresponsable de las presas”, alertó.
En Tabasco, dijo, el agua ha causado destrozos e innumerables pérdidas económicas en los últimos cinco años, pero no por ello se le debe considera como enemigo.
“Hay que reconocer que el daño en el Estado ha sido producto de la corrupción, la omisión y perversidad de los malos gobernantes que han encontrado una mina de oro en las inundaciones anuales ya que reportan haber invertido cerca de seis mil millones de pesos. Es detestable como las autoridades pretenden hacernos ver al agua como un enemigo y no como un aliado para el desarrollo del estado”, remarcó.
Las autoridades de los tres niveles de gobiernos han declarado a las comunidades afectadas como “zonas de riesgos”, para desalojar a las personas e implementar “infraestructuras del Plan Hídrico Integral de Tabasco”, el cual, según el gobierno federal, lleva un avance del 80% y que los ciudadanos no ven por ninguna parte.
Rodríguez León informó que la Codehutab le ha dado su respaldo a muchas de estas familias desalojadas de las comunidades de las márgenes del Río Carrizal, durante el 2009 y 2010.
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