La militancia partidista es la afiliación organizacional de los individuos a un partido político, con lo cual se les asignan derechos y obligaciones; siendo el modo en que los partidos políticos administran su militancia.
Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com
Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com
Los partidos tienen dos tipos de militantes: los que les importa su ideología, principios, estatutos, pero no tienen interés en involucrarse en las tareas del partido, y los que esperan remuneración, cargos, oportunidades de ascenso social.
Ambos grupos adolecen de lealtad y un real compromiso hacia el partido, pues pueden variar sin mayor complicación. En la medida que los avances del partido se reflejan en éxitos personales se interesan en lo que ocurre en la organización; se alejan si tienen retrocesos electorales o son marginados de los cargos o candidaturas.
Esto sucede con mucha frecuencia, donde vemos brincar de un partido a otro a los actores políticos por la oligarquía que les distingue, al mantener el poder en unos cuantos.
Uno de los derechos de su militancia dimana de lo previsto por el artículo 35 correlativo al 45 Constitucional, referente al derecho a ser votado y participar en elecciones constitucionales, mediante postulación de partidos políticos.
Cada partido establece las formas de selección de candidatos; deben atender procedimientos cuya observancia es obligatoria; lo inédito de esto es que, los procesos internos del PRI son cuestionados por la vía legal y desde la designación de su dirigencia estatal, hubo que reponer el procedimiento, con un mismo final, claro está.
Los derechos de la militancia no son letra muerta en los estatutos partidistas, y hoy las impugnaciones de Mier y Terán y Evaristo Hernández contra el proceso de selección del candidato para contender por el Gobierno del Estado sientan un importante precedente por la consecución de tales derechos, con independencia de sus resultados.
El PRI se distingue por capacitar a sus cuadros, lo cual lo hace contar con actores políticos aptos para exigir el respeto a sus estatutos, que implica una necesaria evolución en las formas de hacer política a su interior, constituyendo un marco de referencia, incluso, a los militantes de otros partidos.
Representa la oportunidad —invaluable— para que, paso a paso, las imposiciones sean cosa del pasado. Se presenta la enorme posibilidad para que la ciudadanía reciba mejores ofertas y no solo aquéllas que se prestan a los intereses de unos cuantos.
Preocupa que estos exabruptos pongan en grave riesgo la legalidad del proceso electoral local; que lo mediático de la información, polarice la participación del abanderado del tricolor y la ciudadanía no sea capaz de valorar objetivamente su oferta. También el pueblo tiene ese derecho.
El desaseo y la torpeza del modo de conducir el proceso interno del tricolor, lleva a preguntar: ¿quién puede tener tanto interés de que su abanderado, pierda credibilidad y fuerza en esta justa electoral? ¿Con qué fin?...
Sin ánimo de caer en el “sospechosismo”, se genera suspicacia que pareciera que al interior del tricolor hay interés por “congelar” el paso del virtual abanderado, sin importar que con ello, se pierda la elección de Gobernador… o usted, ¿qué opina?
Ambos grupos adolecen de lealtad y un real compromiso hacia el partido, pues pueden variar sin mayor complicación. En la medida que los avances del partido se reflejan en éxitos personales se interesan en lo que ocurre en la organización; se alejan si tienen retrocesos electorales o son marginados de los cargos o candidaturas.
Esto sucede con mucha frecuencia, donde vemos brincar de un partido a otro a los actores políticos por la oligarquía que les distingue, al mantener el poder en unos cuantos.
Uno de los derechos de su militancia dimana de lo previsto por el artículo 35 correlativo al 45 Constitucional, referente al derecho a ser votado y participar en elecciones constitucionales, mediante postulación de partidos políticos.
Cada partido establece las formas de selección de candidatos; deben atender procedimientos cuya observancia es obligatoria; lo inédito de esto es que, los procesos internos del PRI son cuestionados por la vía legal y desde la designación de su dirigencia estatal, hubo que reponer el procedimiento, con un mismo final, claro está.
Los derechos de la militancia no son letra muerta en los estatutos partidistas, y hoy las impugnaciones de Mier y Terán y Evaristo Hernández contra el proceso de selección del candidato para contender por el Gobierno del Estado sientan un importante precedente por la consecución de tales derechos, con independencia de sus resultados.
El PRI se distingue por capacitar a sus cuadros, lo cual lo hace contar con actores políticos aptos para exigir el respeto a sus estatutos, que implica una necesaria evolución en las formas de hacer política a su interior, constituyendo un marco de referencia, incluso, a los militantes de otros partidos.
Representa la oportunidad —invaluable— para que, paso a paso, las imposiciones sean cosa del pasado. Se presenta la enorme posibilidad para que la ciudadanía reciba mejores ofertas y no solo aquéllas que se prestan a los intereses de unos cuantos.
Preocupa que estos exabruptos pongan en grave riesgo la legalidad del proceso electoral local; que lo mediático de la información, polarice la participación del abanderado del tricolor y la ciudadanía no sea capaz de valorar objetivamente su oferta. También el pueblo tiene ese derecho.
El desaseo y la torpeza del modo de conducir el proceso interno del tricolor, lleva a preguntar: ¿quién puede tener tanto interés de que su abanderado, pierda credibilidad y fuerza en esta justa electoral? ¿Con qué fin?...
Sin ánimo de caer en el “sospechosismo”, se genera suspicacia que pareciera que al interior del tricolor hay interés por “congelar” el paso del virtual abanderado, sin importar que con ello, se pierda la elección de Gobernador… o usted, ¿qué opina?
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