“¿Qué va a ocurrir en el caso de Armando Xavier Maldonado? La renuncia se la demanda el PRD, la segunda fuerza política de la entidad”.
Alfonso Castillo Suárez ya esperaba la pregunta. La respuesta ya la tenía preparada:
“Los que trabajamos en el órgano electoral —expresa— estamos sujetos a las responsabilidades que tenemos; entonces, tenemos que hacer uso de los ordenamientos legales como lo ha hecho en este caso el PRD: está usando las vías correctas, la Contraloría, y se tiene que dirimir este procedimiento a través de ésta, y será quien tome la determinación correspondiente, y también dará al señalado su derecho a defenderse”.
Subraya que “el tema es jurídico y no político, y en ese campo tiene que dirimirse. La vía que está usando este partido es la adecuada y, en su momento, hay que esperar la determinación final para saber si hay que fincarle alguna responsabilidad, en este caso, al secretario ejecutivo”.
—¿Qué tiempo se tiene que esperar para saber si hay elementos para la procedencia o no de la demanda; qué plazo tiene la autoridad, la Contraloría interna para resolver?
Expone que la ley da una serie de elementos, plazos y términos para iniciar los procedimientos, para presentar las pruebas y demás; de manera que se va a cumplir con los plazos. “Se busca que se cumpla con la ley, para que la persona indiciada, en este caso Armando Xavier, pueda defenderse”, dice.
LAS DECISIONES LAS TOMA EL CONSEJO
—Este caso en particular, el del secretario ejecutivo, ¿no vendría a convertirse en un ‘agente contaminante’, que ponga en riesgo el desarrollo del proceso electoral?
“Yo conozco bien a Armando Xavier; es una persona que tiene mucha experiencia en esta materia; puede mejorar su trabajo, pero no creo que sea determinante en el proceso como tal”, señala.
Enseguida, apunta: “para mí no es determinante que la salida de un funcionario pueda ser motivo para que se pueda ‘contaminar’ un proceso; hay que recordar que las decisiones las toma el Consejo Electoral, no el secretario ejecutivo, en base a lo que le señala la ley en la materia”.
Y lo enfatiza: “El Consejo es el que toma las decisiones al final de lo que va a suceder”.
Anota que se han presentado casos que ha proyectado el secretario ejecutivo, “y el Consejo los ha votado en contra”.
NO HAY CULPABLES… SON CRITERIOS
—Las últimas resoluciones que han emanado del Instituto Electoral y que han sido revocadas por el Tribunal Electoral, ¿qué son entonces: culpa del Consejo o de la mala integración de los proyectos de resolución presentados por el secretario ejecutivo?
“No, no, no. No hay culpables. Quiero comentarte que hay criterios del Tribunal Electoral; es como cuando impugna un resolutivo del Tribunal del Poder Judicial de la Federación; entonces, podríamos decir que el de la autoridad estatal está ‘mal hecho’ y no es así. “Por eso digo que hay criterios a nivel jurisdiccional, y en materia electoral va cambiando”, expone.
Añade que “tenemos casos en el Tribunal Federal que se resuelven con cuatro votos a favor y tres en contra; las resoluciones, incluso ahora, pueden tener un criterio y mañana lo cambia. Entonces, no podemos ver desde esa generalidad, sino como ‘criterios’, y al final nosotros tenemos que respetarlo”.
Y afirma que el trabajo (de Armando Xavier Maldonado) es muy profesional. Está el antecedente de 2006 y de 2009, “y no pasó nada que afectara esos procesos”, resalta.
Agrega que muchas veces la gente se confunde con los criterios, como cuando dicen: ‘es que se lo rebotó el Tribunal’, y no, no es así. Lo que se pide es que se integre nuevamente; que haya una nueva determinación, no significa una revocación. De manera que lo que te pide es que revises a fondo, no es así; simplemente son criterios distintos y nosotros tenemos que respetarlos”.
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