Legisladores locales aprobaron por albazo los estados financieros de los 17 Ayuntamientos correspondientes a 2010
En pleno año preelectoral, 34 de 35 diputados de la 60 Legislatura al Congreso estatal aprobaron por mayoría de votos, y por vía rápida, las cuentas públicas 2010 de los 17 ayuntamientos municipales. Lorena Beaurregard de los Santos, por ausencia, no participó en el albazo registrado durante las dos sesiones del lunes 24 de octubre.
En cada una de las votaciones ordinarias, los legisladores antepusieron el interés personal, de grupo o partido político, a la inconformidad ciudadana contra todos los gobiernos municipales del PRI, PRD y PAN. Sordos fueron a la cotidiana descalificación de los gobernados a tales administraciones a través de los medios de comunicación.
Ningún cuestionamiento ciudadano impactó en el ánimo de los representantes populares de los partidos mayoritarios representados en el Congreso local y mucho menos en los monolitos del PVEM, PANAL y PT. Este último todavía, hasta ese lunes, coordinado por Andrés Ceballos Ávalos.
La calificación se presentó en dos paquetes. Al inicio de la primera audiencia, Fernando Valenzuela Pernas pidió la modificación del orden del día para postergar la discusión de los nueve dictámenes presentados por la comisión Segunda Inspectora de Hacienda.
“Hay que darnos tiempo para la discusión”, recomendó tras aclarar que su posición no era “por asunto de solidaridad” sino para crear una “comisión especial” que respondiera a la demanda de los damnificados por la quinta inundación consecutiva que se registra en Tabasco.
La propuesta no trascendió. Por abrumadora mayoría fue rechazada aunque el doctor en derecho por la UNAM regresaría a tribuna a defender su iniciativa. Insensibles, los integrantes de la bancada del PRI hasta celebraron que el diputado Juan José Peralta Fócil refrescara la memoria a uno de sus conspicuos integrantes.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD descalificó la iniciativa de Valenzuela Pernas y, además, le reprochó por qué esa misma actitud no la asumió cuando se discutió la cuenta pública 2010 del Poder Ejecutivo: “¿Dónde estaba su voz?”.
A pesar de su oposición al orden del día, Valenzuela Pernas ejerció el derecho a voto en las dos reuniones de la soberanía. Con la dispensa de la lectura del contenido de los dictámenes, las cuentas públicas fueron sometidas a votación del pleno. A la hora del cómputo, todas fueron aprobadas por mayoría, aunque algunas registraron abstenciones y votos en contra.
Sobresalieron los casos de los ejercicios fiscales de Jalapa, Tacotalpa y Tenosique. En este último, por ejemplo, los diputados Claudia Elizabeth Bojórquez Javier —que es la presidenta de la comisión Segunda Inspectora de Hacienda— y Julio Alonso Manzano Rosas reprobaron la gestión administrativa 2010 de su correligionario del PRD, Raúl Gutiérrez Cortés.
Con ese mismo comportamiento legislativo, transcurrió la segunda sesión ordinaria en la cual se presentaron los dictámenes de la comisión Tercera Inspectora de Hacienda que preside la diputada Elda María Llergo Asmtia. Nada sobresaltó al pleno. Una vez más, el pragmatismo político de los legisladores se impuso al derecho. Y a los electores.
Factura pendiente
A un año y dos meses de que concluya el periodo constitucional de la 60 Legislatura, más de un diputado se preocupa por el futuro. Así también, no son pocos los que anidan la esperanza de continuar en el presupuesto en la trinchera que sea.
Entre los que navegan con la incertidumbre destacan militantes de las seis fracciones parlamentarias. Pero el caso relevante es el de Ceballos Ávalos que, además de perder la coordinación parlamentaria —el martes 25, la oficina de prensa del Poder Legislativo hizo oficial su sustitución por Jesús González—, enfrenta un proceso de expulsión del Partido del Trabajo.
Así es que después del 15 de diciembre de 2012, fecha de clausura del segundo y último periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso local, lo más probable es que esté regresando a su natal Colima.
Otro caso es el de Humberto Villegas Zapata. Este legislador tiene opciones como la de retornar a la cátedra universitaria, mantenerse en la estructura del PRI y, quizá, como premio a su disciplina y lealtad partidista, ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política en una eventual licencia definitiva de su correligionario José Carlos Ocaña Becerra.
Para que eso suceda, el coordinador de la bancada del PRI tendrá que esperar si los vientos al interior de su partido le favorecen y lo llevan como candidato a diputado federal o para presidente municipal de Centro.
En cualquiera de los casos tendrá que empezar a pagar la factura ciudadana. Será la misma situación que enfrentarán los diputados del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Alberto de la Cruz Pozo y Javier Calderón Mena. El primero aspira a una curul federal, en tanto los otros a las alcaldías de Balancán y Emiliano Zapata.
Ninguno de los tres tendrá tantas dificultades para acceder a una postulación como sí la tendrán Armando Beltrán Tenorio, Miguel Ángel Moheno Piñera y Fernando Valenzuela Pernas. Los tres disputan la candidatura al ayuntamiento de Cárdenas por el PRI. Una opción lejana para el perredista Christian Salvador Aquino Mena, cuyo paso por la legislatura ha sido intrascendente.
Comalcalco será el otro territorio en donde los aspirantes a primer regidor tendrán que pagar el costo electoral por omitir la inconformidad ciudadana contra el gobierno municipal vigente. Si bien les va al interior del PRD y PRI, Lorena Méndez Denis, Jaime Hernández Córdova y Agustín Somellera Pulido se verán las caras el 1 de julio de 2012.
Oscar Castillo Moha en Centla, Fernando Enrique Gómez Ascencio en Jonuta, Fernando Morales Mateos en Macuspana, Bernardo Barrada Ruiz en Paraíso, Elda María Llergo Asmitia en Teapa y hasta en Huimanguillo Luis Felipe Madrigal Hernández, sólo si no son candidatos de sus partidos librarían el rechazo electoral.
Con menos posibilidad de continuar en cargos de representación popular aunque no fuera del presupuesto público estatal, aparecen Lorena Beaurregard de los Santos, José Dolores Espinoza May, Carlos Manuel de la Cruz Alcudia, Marcela de Jesús González García, Juan José Martínez Pérez, Jesús Selván García, Aurora Piñera Fernández, Julio Alonso Manzano Rosas, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Jesús González González, Lucila Domínguez Sánchez y Alterio Ramos Pérez…
Pero si por alguna circunstancia cualquiera de los mencionados fueran candidatos, en la jornada electoral van a saber si la ciudadanía tiene memoria.
Manuel Antonio Ulín, coordinador parlamentario del PANAL, no está lejos de la quema electoral si es candidato, como lo fue en 2009 de la alianza de su partido con el PRI, para competir por la presidencia municipal de Jalpa de Méndez.
Lejos de esas preocupaciones podrían quedar Pascual Bellizzia Rosique y Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. De todas maneras, tendrán que esperar si en la inminente alianza PRI-PVEM aparecen entre los primeros lugares de la lista a diputados federales plurinominales.
Sea como sea, cada uno de los diputados que resulten candidatos a los cargos de elección popular que estarán en disputa el próximo año, encontrará la realidad social que no quisieron ver a la hora de aprobar las cuentas públicas de los 17 ayuntamientos municipales. Será el cobro de la factura ciudadana.
En cada una de las votaciones ordinarias, los legisladores antepusieron el interés personal, de grupo o partido político, a la inconformidad ciudadana contra todos los gobiernos municipales del PRI, PRD y PAN. Sordos fueron a la cotidiana descalificación de los gobernados a tales administraciones a través de los medios de comunicación.
Ningún cuestionamiento ciudadano impactó en el ánimo de los representantes populares de los partidos mayoritarios representados en el Congreso local y mucho menos en los monolitos del PVEM, PANAL y PT. Este último todavía, hasta ese lunes, coordinado por Andrés Ceballos Ávalos.
La calificación se presentó en dos paquetes. Al inicio de la primera audiencia, Fernando Valenzuela Pernas pidió la modificación del orden del día para postergar la discusión de los nueve dictámenes presentados por la comisión Segunda Inspectora de Hacienda.
“Hay que darnos tiempo para la discusión”, recomendó tras aclarar que su posición no era “por asunto de solidaridad” sino para crear una “comisión especial” que respondiera a la demanda de los damnificados por la quinta inundación consecutiva que se registra en Tabasco.
La propuesta no trascendió. Por abrumadora mayoría fue rechazada aunque el doctor en derecho por la UNAM regresaría a tribuna a defender su iniciativa. Insensibles, los integrantes de la bancada del PRI hasta celebraron que el diputado Juan José Peralta Fócil refrescara la memoria a uno de sus conspicuos integrantes.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD descalificó la iniciativa de Valenzuela Pernas y, además, le reprochó por qué esa misma actitud no la asumió cuando se discutió la cuenta pública 2010 del Poder Ejecutivo: “¿Dónde estaba su voz?”.
A pesar de su oposición al orden del día, Valenzuela Pernas ejerció el derecho a voto en las dos reuniones de la soberanía. Con la dispensa de la lectura del contenido de los dictámenes, las cuentas públicas fueron sometidas a votación del pleno. A la hora del cómputo, todas fueron aprobadas por mayoría, aunque algunas registraron abstenciones y votos en contra.
Sobresalieron los casos de los ejercicios fiscales de Jalapa, Tacotalpa y Tenosique. En este último, por ejemplo, los diputados Claudia Elizabeth Bojórquez Javier —que es la presidenta de la comisión Segunda Inspectora de Hacienda— y Julio Alonso Manzano Rosas reprobaron la gestión administrativa 2010 de su correligionario del PRD, Raúl Gutiérrez Cortés.
Con ese mismo comportamiento legislativo, transcurrió la segunda sesión ordinaria en la cual se presentaron los dictámenes de la comisión Tercera Inspectora de Hacienda que preside la diputada Elda María Llergo Asmtia. Nada sobresaltó al pleno. Una vez más, el pragmatismo político de los legisladores se impuso al derecho. Y a los electores.
Factura pendiente
A un año y dos meses de que concluya el periodo constitucional de la 60 Legislatura, más de un diputado se preocupa por el futuro. Así también, no son pocos los que anidan la esperanza de continuar en el presupuesto en la trinchera que sea.
Entre los que navegan con la incertidumbre destacan militantes de las seis fracciones parlamentarias. Pero el caso relevante es el de Ceballos Ávalos que, además de perder la coordinación parlamentaria —el martes 25, la oficina de prensa del Poder Legislativo hizo oficial su sustitución por Jesús González—, enfrenta un proceso de expulsión del Partido del Trabajo.
Así es que después del 15 de diciembre de 2012, fecha de clausura del segundo y último periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso local, lo más probable es que esté regresando a su natal Colima.
Otro caso es el de Humberto Villegas Zapata. Este legislador tiene opciones como la de retornar a la cátedra universitaria, mantenerse en la estructura del PRI y, quizá, como premio a su disciplina y lealtad partidista, ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política en una eventual licencia definitiva de su correligionario José Carlos Ocaña Becerra.
Para que eso suceda, el coordinador de la bancada del PRI tendrá que esperar si los vientos al interior de su partido le favorecen y lo llevan como candidato a diputado federal o para presidente municipal de Centro.
En cualquiera de los casos tendrá que empezar a pagar la factura ciudadana. Será la misma situación que enfrentarán los diputados del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Alberto de la Cruz Pozo y Javier Calderón Mena. El primero aspira a una curul federal, en tanto los otros a las alcaldías de Balancán y Emiliano Zapata.
Ninguno de los tres tendrá tantas dificultades para acceder a una postulación como sí la tendrán Armando Beltrán Tenorio, Miguel Ángel Moheno Piñera y Fernando Valenzuela Pernas. Los tres disputan la candidatura al ayuntamiento de Cárdenas por el PRI. Una opción lejana para el perredista Christian Salvador Aquino Mena, cuyo paso por la legislatura ha sido intrascendente.
Comalcalco será el otro territorio en donde los aspirantes a primer regidor tendrán que pagar el costo electoral por omitir la inconformidad ciudadana contra el gobierno municipal vigente. Si bien les va al interior del PRD y PRI, Lorena Méndez Denis, Jaime Hernández Córdova y Agustín Somellera Pulido se verán las caras el 1 de julio de 2012.
Oscar Castillo Moha en Centla, Fernando Enrique Gómez Ascencio en Jonuta, Fernando Morales Mateos en Macuspana, Bernardo Barrada Ruiz en Paraíso, Elda María Llergo Asmitia en Teapa y hasta en Huimanguillo Luis Felipe Madrigal Hernández, sólo si no son candidatos de sus partidos librarían el rechazo electoral.
Con menos posibilidad de continuar en cargos de representación popular aunque no fuera del presupuesto público estatal, aparecen Lorena Beaurregard de los Santos, José Dolores Espinoza May, Carlos Manuel de la Cruz Alcudia, Marcela de Jesús González García, Juan José Martínez Pérez, Jesús Selván García, Aurora Piñera Fernández, Julio Alonso Manzano Rosas, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Jesús González González, Lucila Domínguez Sánchez y Alterio Ramos Pérez…
Pero si por alguna circunstancia cualquiera de los mencionados fueran candidatos, en la jornada electoral van a saber si la ciudadanía tiene memoria.
Manuel Antonio Ulín, coordinador parlamentario del PANAL, no está lejos de la quema electoral si es candidato, como lo fue en 2009 de la alianza de su partido con el PRI, para competir por la presidencia municipal de Jalpa de Méndez.
Lejos de esas preocupaciones podrían quedar Pascual Bellizzia Rosique y Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. De todas maneras, tendrán que esperar si en la inminente alianza PRI-PVEM aparecen entre los primeros lugares de la lista a diputados federales plurinominales.
Sea como sea, cada uno de los diputados que resulten candidatos a los cargos de elección popular que estarán en disputa el próximo año, encontrará la realidad social que no quisieron ver a la hora de aprobar las cuentas públicas de los 17 ayuntamientos municipales. Será el cobro de la factura ciudadana.
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