Parafraseando un poco al hoy ausente y gran humorista blanco Gaspar Henaine “Capulina”, se aligera un poco el drama que vivimos en torno al manejo de las cuentas públicas.
Octubre trae el consabido ruido que se genera al interior del Congreso Local y las versiones que ostenta la mayoría legislativa sobre el uso del erario público: ¡todo bien, perfectísimo, los números de ingresos coinciden con los egresos! ¡Ni un peso más, ni uno menos!
En contraste, los legisladores de oposición alzan la voz indignados, pues aseveran que del monto total del dinero dispuesto y utilizado sólo se auditaron siete pesos de cada cien. Es decir, 93 por ciento de los recursos no fueron verificados, comparados, cuantificados, cotejados, revisados y como se le quiera entender en términos contables. Nadie sabe, nadie supo, y por lo que se alcanza a ver tampoco se sabrá.
No es secreto que uno de los motivos principales por el cual se generan grandes luchas por el acceso a los cargos de elección popular, particularmente al del Ejecutivo local, es el acceso a sumas de dinero nada despreciables como los 34 mil 850 millones 452 mil 338 pesos que manejó casi en su totalidad en este último ejercicio institucional (quedaron como cien pesos de cambio).
Más sabroso es pensar que habiendo mayoría absoluta en el poder, tal dinero se maneje con total opacidad, porque no hay argumento que valga ni oposición que trascienda cuando la mayoría de los legisladores dan el visto bueno.
La Constitución Política local establece en el artículo 26: “El Congreso declarará al examinar y calificar la cuenta pública, si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, si los gastos están justificados o ha lugar a exigir responsabilidades. Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las investigaciones que considere procedentes. La resolución que emita el Congreso, al calificar la cuenta pública, es inatacable”.
Bien dicen que el último párrafo encuadra, protege y tutela el paraíso de la impunidad. Nada puede estar por encima de la Constitución, es sabido; de ahí que esto sea utilizado por quienes detentan el poder para que cualquier clase de irregularidad e ilegalidad no pueda ser sancionada, ante la declarada actitud de encubrimiento que esa artificiosa mayoría realiza al interior del Congreso.
Hoy, todos los aspirantes a cargos de elección popular dicen ser los buenos para cambiar lo que ha impedido el desarrollo de la entidad. La alternancia del poder para el 2012 esperanza a muchos que erradique los viejos vicios institucionales. Sólo que en 2003 la oposición tuvo mayoría legislativa y la Constitución quedó intocada. ¿Qué no hay voluntad política?
¿No les parece que ya es hora que en Tabasco aplique el dicho “Cuentas claras, amistades duraderas”?
En contraste, los legisladores de oposición alzan la voz indignados, pues aseveran que del monto total del dinero dispuesto y utilizado sólo se auditaron siete pesos de cada cien. Es decir, 93 por ciento de los recursos no fueron verificados, comparados, cuantificados, cotejados, revisados y como se le quiera entender en términos contables. Nadie sabe, nadie supo, y por lo que se alcanza a ver tampoco se sabrá.
No es secreto que uno de los motivos principales por el cual se generan grandes luchas por el acceso a los cargos de elección popular, particularmente al del Ejecutivo local, es el acceso a sumas de dinero nada despreciables como los 34 mil 850 millones 452 mil 338 pesos que manejó casi en su totalidad en este último ejercicio institucional (quedaron como cien pesos de cambio).
Más sabroso es pensar que habiendo mayoría absoluta en el poder, tal dinero se maneje con total opacidad, porque no hay argumento que valga ni oposición que trascienda cuando la mayoría de los legisladores dan el visto bueno.
La Constitución Política local establece en el artículo 26: “El Congreso declarará al examinar y calificar la cuenta pública, si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, si los gastos están justificados o ha lugar a exigir responsabilidades. Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las investigaciones que considere procedentes. La resolución que emita el Congreso, al calificar la cuenta pública, es inatacable”.
Bien dicen que el último párrafo encuadra, protege y tutela el paraíso de la impunidad. Nada puede estar por encima de la Constitución, es sabido; de ahí que esto sea utilizado por quienes detentan el poder para que cualquier clase de irregularidad e ilegalidad no pueda ser sancionada, ante la declarada actitud de encubrimiento que esa artificiosa mayoría realiza al interior del Congreso.
Hoy, todos los aspirantes a cargos de elección popular dicen ser los buenos para cambiar lo que ha impedido el desarrollo de la entidad. La alternancia del poder para el 2012 esperanza a muchos que erradique los viejos vicios institucionales. Sólo que en 2003 la oposición tuvo mayoría legislativa y la Constitución quedó intocada. ¿Qué no hay voluntad política?
¿No les parece que ya es hora que en Tabasco aplique el dicho “Cuentas claras, amistades duraderas”?
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