Ante el incremento de la extorsión telefónica, el procurador de Justicia, Gregorio Romero Tequextle, presentó en julio pasado la metodología para prevenir ese delito e informó que para atenderlo se capacitaron a 28 elementos en la Ciudad de México, con el fin de presentar los exámenes de rigor e integren la Fiscalía Especializada contra Secuestros.
Romero Tequextle advirtió que los extorsionadores se hacen de información de sus posibles víctimas obteniéndola de manera ilícita de instituciones bancarias, tiendas comerciales o de redes sociales, como Twitter, Facebook o Hi5.
Previno que los nombres más comunes que usan los extorsionadores son: Zetas, Comandante Pedro Torres, Ingeniero Jaime Torres, Z-14, Z-20, Z-6, Z-40, Ingeniero Lazca o Lazcano, Bruno López o Bruno Martínez, Licenciado Téllez, Isidro Lara, Ingeniero Marcos Briseño, Oscar Sánchez, Z-13, Comandante Treviño y Comandante Avilés.
Indicó que durante las investigaciones se han encontrado cuentas que utilizan los extorsionadores en los bancos Banamex, Banco Azteca y Coppel, a nombre de Lucía Núñez Aguilar, Arturo Gómez González, Natividad Félix Hernández, Zoila Elizabeth Cáceres Arteaga, Julia I. Hernández Bustos y Edgar Osvaldo Pérez Durán, entre otros.
Recomendó como medidas preventivas conversar entre familiares y amistades el tema, evitar proporcionar a desconocidos o contestar encuestas telefónicas, actualizar el directorio telefónico de familiares, crear un código o clave familiar, contar con identificador de llamadas, y concientizar principalmente a jóvenes, pues son un blanco fácil para los extorsionadores.
También, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, desarrolla desde hace cuatro años el programa Prevenir para Vivir Seguros mediante la promoción de la cultura de la denuncia, la legalidad y la participación ciudadana.
Dicho programa ha diseñado una campaña estatal que capacita sobre Valores para Vivir Seguros, Prevención de la Violencia Familiar y de Género, Prevención de las Adicciones, Prevención de Delitos Sexuales, Derechos y Deberes de los Niños y las Niñas, Medidas de Seguridad para Niños y Adolescentes, Prevención y Atención de la Extorsión Telefónica, Seguridad en Internet, Trata de Personas, incluso Seguridad en Vacaciones de Semana Santa, Verano e Invierno.
Sobre esta campaña se han realizado 267 encuentros ciudadanos para la prevención del delito y la promoción de la cultura de la denuncia y la legalidad.
La PGJ expone que un encuentro ciudadano consiste en visitar una colonia o comunidad, previo acuerdo con el delegado local o líder, en donde se capacita a la población sobre las medidas que debe llevar a cabo para evitar ser víctima de un delito y los medios a través de los cuales denunciar en caso de serlo.
Como parte del impulso a la participación ciudadana se creó el Consejo Consultivo de Procuración de Justicia y Participación Ciudadana; se integraron 115 Comités de Colaboración Comunitaria en 9 de los 17 municipios. Estos Comités congregan a 690 miembros.
En tanto, el director de Prevención del Delito, Freddy Chablé Torrano, señaló que sólo con la participación social se inhibirá la comisión de delitos porque “no habrá cárcel ni policías suficientes para combatir a los delincuentes”.
Romero Tequextle advirtió que los extorsionadores se hacen de información de sus posibles víctimas obteniéndola de manera ilícita de instituciones bancarias, tiendas comerciales o de redes sociales, como Twitter, Facebook o Hi5.
Previno que los nombres más comunes que usan los extorsionadores son: Zetas, Comandante Pedro Torres, Ingeniero Jaime Torres, Z-14, Z-20, Z-6, Z-40, Ingeniero Lazca o Lazcano, Bruno López o Bruno Martínez, Licenciado Téllez, Isidro Lara, Ingeniero Marcos Briseño, Oscar Sánchez, Z-13, Comandante Treviño y Comandante Avilés.
Indicó que durante las investigaciones se han encontrado cuentas que utilizan los extorsionadores en los bancos Banamex, Banco Azteca y Coppel, a nombre de Lucía Núñez Aguilar, Arturo Gómez González, Natividad Félix Hernández, Zoila Elizabeth Cáceres Arteaga, Julia I. Hernández Bustos y Edgar Osvaldo Pérez Durán, entre otros.
Recomendó como medidas preventivas conversar entre familiares y amistades el tema, evitar proporcionar a desconocidos o contestar encuestas telefónicas, actualizar el directorio telefónico de familiares, crear un código o clave familiar, contar con identificador de llamadas, y concientizar principalmente a jóvenes, pues son un blanco fácil para los extorsionadores.
También, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, desarrolla desde hace cuatro años el programa Prevenir para Vivir Seguros mediante la promoción de la cultura de la denuncia, la legalidad y la participación ciudadana.
Dicho programa ha diseñado una campaña estatal que capacita sobre Valores para Vivir Seguros, Prevención de la Violencia Familiar y de Género, Prevención de las Adicciones, Prevención de Delitos Sexuales, Derechos y Deberes de los Niños y las Niñas, Medidas de Seguridad para Niños y Adolescentes, Prevención y Atención de la Extorsión Telefónica, Seguridad en Internet, Trata de Personas, incluso Seguridad en Vacaciones de Semana Santa, Verano e Invierno.
Sobre esta campaña se han realizado 267 encuentros ciudadanos para la prevención del delito y la promoción de la cultura de la denuncia y la legalidad.
La PGJ expone que un encuentro ciudadano consiste en visitar una colonia o comunidad, previo acuerdo con el delegado local o líder, en donde se capacita a la población sobre las medidas que debe llevar a cabo para evitar ser víctima de un delito y los medios a través de los cuales denunciar en caso de serlo.
Como parte del impulso a la participación ciudadana se creó el Consejo Consultivo de Procuración de Justicia y Participación Ciudadana; se integraron 115 Comités de Colaboración Comunitaria en 9 de los 17 municipios. Estos Comités congregan a 690 miembros.
En tanto, el director de Prevención del Delito, Freddy Chablé Torrano, señaló que sólo con la participación social se inhibirá la comisión de delitos porque “no habrá cárcel ni policías suficientes para combatir a los delincuentes”.
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