El Ejecutivo estatal enviará al Congreso
local una iniciativa de Ley para regular las actividades públicas de esas entidades
local una iniciativa de Ley para regular las actividades públicas de esas entidades
La aparición de asociaciones civiles enrarece el año preelectoral. Ninguna de ellas está obligada legalmente a informar la procedencia del financiamiento con los cuales desarrolla actividades de altruismo, sociales o políticas y, por tanto, podrían estar utilizando recursos ilegales.
Bajo el amparo del Código Civil de Tabasco, en este año han surgido alrededor de 25 nuevas organizaciones civiles cuyo patrón general radica en promover a sus creadores o disponerse a respaldar a cualquier aspirante a los cargos de elección popular que se disputarán en 2012.
Dos casos distinguen a esas nuevas y no tan viejas asociaciones civiles creadas al fragor de la efervescencia político preelectoral en el estado:
Políticos como Evaristo Hernández Cruz, Jaime Mier y Terán Suárez, Humberto de los Santos Bertruy, José Manuel de la Cruz Castellanos, entre otros casos notables, evidentemente que las utilizan para promoverse como pretendientes de las candidaturas de gobernador, alcalde o diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
También por ese camino va el Consejo de Asociaciones Civiles Productivas de Tabasco pero con un añadido: convertirse en el pilar ciudadano del ex secretario de Gobierno Humberto Mayans Canabal en la disputa por la candidatura del PRI a la elección de gobernador del año próximo.
Esta percepción ciudadana nace porque al frente de esas agrupaciones (que aglutina a una diversidad de personajes como Zaragoza Rodríguez Rivera, cuya fama pública cuestionan sus ex correligionarios de la izquierda tabasqueña) aparece Ventura Moguel Pérez, ex funcionario de la Secretaría de Gobierno que dirigió Mayans Canabal.
A diferencia de las organizaciones civiles no gubernamentales con actividad permanente en la entidad como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), que fundara en 1988 el sacerdote católico Francisco Goitia Martínez, las neoasociaciones civiles no se dan abasto para promoverse en los medios de comunicación.
Comúnmente eluden responder sobre el origen de su financiamiento bajo el argumento de que sus actividades sociales, altruistas y políticas las llevan a cabo con “recursos propios” producto de la cooperación convenida con sus integrantes.
Regular actividades
El subsecretario de Atención a Instituciones Políticas y Sociales, Manuel Rodríguez González asegura que las asociaciones civiles obtienen personalidad jurídica por el Código Civil de Tabasco y anuncia que para regular las actividades públicas de esos organismos, pronto el Ejecutivo estatal enviará al Congreso local la iniciativa de Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
A la fecha, la Secretaría de Gobierno tiene un padrón de 750 asociaciones civiles en todo el estado pero con actividad relativa, “permanente y consistente”, identifica a menos de cien. Alrededor del 80 por ciento de éstas últimas, concentran su labor en Villahermosa.
Rodríguez González aclara que las estadísticas referidas son extraoficiales porque “no existe una ley que nos faculte para tener el registro confiable” y, además, las asociaciones informan de su constitución diciendo que son organizaciones no gubernamentales».
Entrevistado en sus oficinas el martes 13, afirmó que para garantizar la autonomía de esos organismos ciudadanos, el gobierno estatal no dispone de financiamiento para fomentar sus actividades. Sin embargo, el 16 de agosto, al acudir a la inauguración de un torneo deportivo en el Fraccionamiento
“Las Mercedes”, a invitación del presidente de la Asociación “Liga Futbol 7”, Carlos Genesta, el funcionario estatal declaró:
“...Todas las asociaciones y grupos sociales que buscan fomentar el deporte entre los niños y jóvenes, y la gestión social, cuentan con el respaldo del gobierno y la atención a través del área a mi cargo”.
—¿Y con la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil habrá presupuesto? —se le pregunta.
—No hay presupuesto estatal ni habrá con la ley para atender las necesidades de las organizaciones civiles no gubernamentales porque la Subsecretaría de Gobierno es una institución facilitadora de servicio.
“Si se tuviera presupuesto de alguna manera se pervertiría la naturaleza de las asociaciones civiles. Y eso sería engañarse así mismo”, puntualiza.
Para subsanar la deficiencia con la cual funcionan en la entidad las asociaciones civiles, en breve el Ejecutivo estatal enviará la propuesta de Ley de Fomento a las Organizaciones Civiles para que sea calificada en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso local.
Con esa iniciativa que estará armonizada con la ley en la materia a nivel federal, el Ejecutivo pretende no generar “una norma restrictiva, mucho menos inhibitoria, pero sí una que, por un lado, ponga orden para que esos organismos se dediquen exclusivamente a asuntos vinculados con su objeto social; que no invadan el campo de las agrupaciones políticas”, explica Rodríguez González.
Asimismo, la iniciativa pretende que las asociaciones civiles se dediquen a prestar un servicio pero sin involucrarse en temas políticos. “Es decir, sin politizar el servicio que ofrecen”, enfatiza.
Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene una relación “de buena voluntad” con esos organismos. A las asociaciones que tienen claro que representan a la sociedad civil, dice el funcionario, se le pueden abrir puertas para obtener permisos, desarrollar actividades, para afianzar alianzas estratégicas que les permitan abarcar mayor territorio en sus actividades. Es decir sumar esfuerzos.
“Quienes no tienen claro que las asociaciones civiles son organizaciones no gubernamentales, esas vienen a pedir dinero y se van muy decepcionadas porque no se les da.
“La culpa no es necesariamente de ellos. En el pasado, con la idea quizá equivocada de querer estimular que se crearan asociaciones civiles, existían apoyos gubernamentales para pagar la renta de inmuebles, de telefonía, secretarias, etcétera.
“¿Qué nos arrojaba esto? Que se sostenían artificialmente, que mucha gente lo volvió como un modus vivendi y no cumplían con su verdadero objeto social.
“La iniciativa de crear el marco jurídico es, además de poner orden, procurar atender lo que piden las pocas organizaciones que sí trabajan: la queja de que las asociaciones patito que se crean con otro fin las desprestigian”.
Señaló que una vez que entre en vigor la nueva legislación se aplicará la ley a los organismos que se dediquen a actividades políticas y no sociales hasta con la suspensión del registro.
—¿Quién garantiza que el próximo año no exista un financiamiento oficial para las asociaciones civiles? —se le cuestiona.
—El gobierno estatal garantiza que no financiara ni hoy ni mañana a ninguna de las organizaciones civiles no gubernamentales…
Rodríguez González, explica:
“El gobierno estatal no garantiza que veamos a las asociaciones civiles apoyando candidatos el próximo año, pero sí garantiza que no va a financiar ni mucho menos va a dar línea de apoyar a candidato alguno.
“La función del gobierno es que haya estabilidad política y garantías de participación a todos los partidos y a todos los actores políticos en el marco de la ley”.
Bajo el amparo del Código Civil de Tabasco, en este año han surgido alrededor de 25 nuevas organizaciones civiles cuyo patrón general radica en promover a sus creadores o disponerse a respaldar a cualquier aspirante a los cargos de elección popular que se disputarán en 2012.
Dos casos distinguen a esas nuevas y no tan viejas asociaciones civiles creadas al fragor de la efervescencia político preelectoral en el estado:
Políticos como Evaristo Hernández Cruz, Jaime Mier y Terán Suárez, Humberto de los Santos Bertruy, José Manuel de la Cruz Castellanos, entre otros casos notables, evidentemente que las utilizan para promoverse como pretendientes de las candidaturas de gobernador, alcalde o diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
También por ese camino va el Consejo de Asociaciones Civiles Productivas de Tabasco pero con un añadido: convertirse en el pilar ciudadano del ex secretario de Gobierno Humberto Mayans Canabal en la disputa por la candidatura del PRI a la elección de gobernador del año próximo.
Esta percepción ciudadana nace porque al frente de esas agrupaciones (que aglutina a una diversidad de personajes como Zaragoza Rodríguez Rivera, cuya fama pública cuestionan sus ex correligionarios de la izquierda tabasqueña) aparece Ventura Moguel Pérez, ex funcionario de la Secretaría de Gobierno que dirigió Mayans Canabal.
A diferencia de las organizaciones civiles no gubernamentales con actividad permanente en la entidad como el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), que fundara en 1988 el sacerdote católico Francisco Goitia Martínez, las neoasociaciones civiles no se dan abasto para promoverse en los medios de comunicación.
Comúnmente eluden responder sobre el origen de su financiamiento bajo el argumento de que sus actividades sociales, altruistas y políticas las llevan a cabo con “recursos propios” producto de la cooperación convenida con sus integrantes.
Regular actividades
El subsecretario de Atención a Instituciones Políticas y Sociales, Manuel Rodríguez González asegura que las asociaciones civiles obtienen personalidad jurídica por el Código Civil de Tabasco y anuncia que para regular las actividades públicas de esos organismos, pronto el Ejecutivo estatal enviará al Congreso local la iniciativa de Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
A la fecha, la Secretaría de Gobierno tiene un padrón de 750 asociaciones civiles en todo el estado pero con actividad relativa, “permanente y consistente”, identifica a menos de cien. Alrededor del 80 por ciento de éstas últimas, concentran su labor en Villahermosa.
Rodríguez González aclara que las estadísticas referidas son extraoficiales porque “no existe una ley que nos faculte para tener el registro confiable” y, además, las asociaciones informan de su constitución diciendo que son organizaciones no gubernamentales».
Entrevistado en sus oficinas el martes 13, afirmó que para garantizar la autonomía de esos organismos ciudadanos, el gobierno estatal no dispone de financiamiento para fomentar sus actividades. Sin embargo, el 16 de agosto, al acudir a la inauguración de un torneo deportivo en el Fraccionamiento
“Las Mercedes”, a invitación del presidente de la Asociación “Liga Futbol 7”, Carlos Genesta, el funcionario estatal declaró:“...Todas las asociaciones y grupos sociales que buscan fomentar el deporte entre los niños y jóvenes, y la gestión social, cuentan con el respaldo del gobierno y la atención a través del área a mi cargo”.
—¿Y con la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil habrá presupuesto? —se le pregunta.
—No hay presupuesto estatal ni habrá con la ley para atender las necesidades de las organizaciones civiles no gubernamentales porque la Subsecretaría de Gobierno es una institución facilitadora de servicio.
“Si se tuviera presupuesto de alguna manera se pervertiría la naturaleza de las asociaciones civiles. Y eso sería engañarse así mismo”, puntualiza.
Para subsanar la deficiencia con la cual funcionan en la entidad las asociaciones civiles, en breve el Ejecutivo estatal enviará la propuesta de Ley de Fomento a las Organizaciones Civiles para que sea calificada en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso local.
Con esa iniciativa que estará armonizada con la ley en la materia a nivel federal, el Ejecutivo pretende no generar “una norma restrictiva, mucho menos inhibitoria, pero sí una que, por un lado, ponga orden para que esos organismos se dediquen exclusivamente a asuntos vinculados con su objeto social; que no invadan el campo de las agrupaciones políticas”, explica Rodríguez González.
Asimismo, la iniciativa pretende que las asociaciones civiles se dediquen a prestar un servicio pero sin involucrarse en temas políticos. “Es decir, sin politizar el servicio que ofrecen”, enfatiza.
Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene una relación “de buena voluntad” con esos organismos. A las asociaciones que tienen claro que representan a la sociedad civil, dice el funcionario, se le pueden abrir puertas para obtener permisos, desarrollar actividades, para afianzar alianzas estratégicas que les permitan abarcar mayor territorio en sus actividades. Es decir sumar esfuerzos.
“Quienes no tienen claro que las asociaciones civiles son organizaciones no gubernamentales, esas vienen a pedir dinero y se van muy decepcionadas porque no se les da.
“La culpa no es necesariamente de ellos. En el pasado, con la idea quizá equivocada de querer estimular que se crearan asociaciones civiles, existían apoyos gubernamentales para pagar la renta de inmuebles, de telefonía, secretarias, etcétera.
“¿Qué nos arrojaba esto? Que se sostenían artificialmente, que mucha gente lo volvió como un modus vivendi y no cumplían con su verdadero objeto social.
“La iniciativa de crear el marco jurídico es, además de poner orden, procurar atender lo que piden las pocas organizaciones que sí trabajan: la queja de que las asociaciones patito que se crean con otro fin las desprestigian”.
Señaló que una vez que entre en vigor la nueva legislación se aplicará la ley a los organismos que se dediquen a actividades políticas y no sociales hasta con la suspensión del registro.
—¿Quién garantiza que el próximo año no exista un financiamiento oficial para las asociaciones civiles? —se le cuestiona.
—El gobierno estatal garantiza que no financiara ni hoy ni mañana a ninguna de las organizaciones civiles no gubernamentales…
Rodríguez González, explica:
“El gobierno estatal no garantiza que veamos a las asociaciones civiles apoyando candidatos el próximo año, pero sí garantiza que no va a financiar ni mucho menos va a dar línea de apoyar a candidato alguno.
“La función del gobierno es que haya estabilidad política y garantías de participación a todos los partidos y a todos los actores políticos en el marco de la ley”.
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