¿Conviene o no la reforma?

Muy discutido ha sido el tema de la homologación de las elecciones federales con las locales. Integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local se han dado un tiempo más que prudente para estudiar de fondo la conveniencia o no que en una misma fecha se efectúen los comicios federales y locales, en forma parcial o total...

Se han venido manejando diversos enfoques o perspectivas, que van desde lo político, lo social y económico, con el propósito de generar un escenario jurídico en la ley electoral en que predomine el interés publico, sobre el de determinados sectores; sin embargo, en las discusiones se ha dado preponderancia al aspecto económico y social más que al político, al hablarse de economizar los gastos que implican la logística para desarrollar un proceso que incluya una jornada electoral en donde se elegirán todos los cargos de elección popular; y que la sociedad, a su vez, se vea beneficiada, al ser menor el tiempo en que estuviera expuesta al bombardeo publicitario electorero; esto por supuesto en el caso que se decidieran por la homologación integral de todas las elecciones locales con las federales.
Difícil la tienen nuestros congresistas, pues los tiempos son inexorables y entre discusiones y debates camerales tenemos ya a la vuelta de la esquina el comienzo del 2012 y la gran obra a la norma electoral se presume apurada para implementarla el próximo año, al involucrarse muchísimos factores de orden operativo y/o administrativo entre el IEPCT y el IFE.
Especialmente porque ello originaría el escenario propicio para las clásicas echadas a perder propias de cualquier innovación legal, ante la inexperiencia del personal de las instituciones electorales y el poco tiempo que habría para recibir una adecuada capacitación para tratar de modo adecuado y al unísono ambas elecciones, lo cual, doble contra sencillo, propiciaría un terreno fértil para que las irregularidades alegadas en procesos pasados se incrementen en grado superlativo, poniendo en riesgo los principios rectores de la materia; dando incluso, margen a una nulidad de elección, como en el 2000 y con lo cual se viene abajo cualquier argumento del ahorro significativo.
Todo lo anterior cobra especial relevancia, por la tensión social que se palpa en la actualidad, y que sólo la historia podrá cuantificar en sus alcances, al estarse encauzando una fuerte lucha de poder entre Felipe Calderón y su renuencia a perder el monopolio del Ejecutivo nacional, pero del cual aún se especula sobre el posible candidato que permita una lucha digna con Enrique Peña Nieto, quien se avizora como el candidato favorito a nivel nacional del PRI, respaldado por los grupos de mayor poder en el país y porque dicho instituto político cuenta con la mejor estructura a nivel nacional y con la mayoría de las administraciones de los estados del país.
Y por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, quien a la fecha lleva dos sexenios en plena campaña política, con una presencia constante en la vida publica nacional, lo cual crea un influjo de enorme trascendencia por el sólo alcance de vida publica que ha tenido, que pudiera incidir de forma negativa y rompiendo con el marco de equidad que debe prevalecer en una contienda, al utilizarse su nombre e imagen en franco apoyo a los candidatos del partido político que le postule en nuestra entidad, ello en franco perjuicio del derecho que tienen todos los actores políticos a contender en un plano de igualdad, en donde sólo entren en competencia las propuestas políticas locales.
Estos son temas que bien valen la pena reflexionar, pues las circunstancias actuales se antojan precursoras de graves conflictos sociales, al mezclar ambas elecciones en tales contextos, ocasionando un descontrol en las preferencias políticas de la ciudadanía, al ser bombardeados de manera simultánea por la publicidad de todos los personajes políticos que contenderán en las elecciones del estado y las federales.
De ahí que lo conveniente sería que, a fin de evitar los clásicos remiendos inconducentes a la ley electoral, las fracciones parlamentarias le brinden una adecuada atención a estos temas, allegándose de especialistas en la materia para sopesar que la aplicación de cualquier reforma entre en vigor a partir del 2015, en condiciones más propicias hacia la ciudadanía y sus intereses políticos.