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Malandrín

Si algo esperaban —y lo esperan todavía— los tabasqueños del gobierno del cambio verdadero, que se inauguró con una administración distinta al PRI llevando a la cabeza al perredista Arturo Núñez Jiménez, es que los asuntos públicos se hagan de manera transparente, apegados a la ley y de manera pulcra; esto es, que en todo lo que tiene que ver con la ‘res pública’ no haya dejos de impunidad o intereses particulares, ni negocios personales cuando se trata de manejo de recursos económicos.

Fernando Hernández Gómez / fdohernandezg@hotmail.com

El debutante régimen perredista apenas ha dado sus primeros pasos para exigirle resultados inmediatos, pero sí se le puede demandar que las cosas se hagan de manera diferente al ‘sospechosismo’ que cubrió de principio a fin el comportamiento del régimen de Andrés Granier Melo, hoy señalado de ser el mayor saqueador en la historia de la entidad aunque todavía no se le exijan cuentas.

Los tabasqueños quieren ‘cuentas claras y el chorote espero’ y lo mejor es ‘no hacer cosas buenas que parezcan malas’. Eso lo enfatizaba Núñez Jiménez cuando era gobernador electo y veía con recelo la actuación de un Congreso local que a la ligera le estaba autorizando al Ejecutivo en turno la contratación de un mega-crédito para endrogar a los tabasqueños las siguientes dos décadas.

Esa actuación sospechosa es la que se ve hoy en la actuación del director general del Instituto de Seguridad Social del estado de Tabasco (ISSET), Agapito Domínguez Lacroix, quien pretende —o pretendió— realizar una compra millonaria de medicamentos sin licitación pública de por medio.

Todavía se recuerda que a principios de la gestión nuñista —el 2 de enero para ser precisos— se daba a conocer en un despacho de prensa oficial que “por violación clara y directa de la Ley de Adquisiciones” se procedió a la destitución de los directores de los hospitales de alta especialidad ‘Juan Graham Casasús’, ‘Gustavo A. Rovirosa’ y del Niño ‘Rodolfo Nieto Padrón’, Humberto Azuara Forcelledo, Luis A. Ojeda Jiménez y Gonzalo Neme Díaz.

Más allá de que no se había admitido originalmente —después se hizo la fe de erratas— que el cese ocurrió el 27 de diciembre y fue ordenado por el entonces contralor estatal, Roger Pérez Évoli, lo relevante de este hecho no fue tanto poner en duda la probidad de los tres reconocidos galenos, sino de que se estaba resaltando la sanción a un presunto hecho irregular, como haber realizado compras de insumos hospitalarios de manera directa.

¿Cuál era el mensaje que el nuevo gobierno estatal estaba enviando a una sociedad expectante de su actuación? Simplemente, que a partir del 1 de enero no se haría nada que generara sospechas, que todo se iba a realizar correctamente, que en todo momento iba a cuidar la vigencia del derecho para evitar acciones como la de los tres ex directores de nosocomios que, para evitar una parálisis de las instituciones bajo su responsabilidad, realizaron compras directas que —se indicó— no estuvieron soportadas con techo presupuestal y que conllevaron a un adeudo con proveedores que rebasaba los 221 millones de pesos, aunque se reconoció que en esa acción irregular “no hubo desvío de recursos ni se cometió daño patrimonial”.

Azuara Forcelledo, Ojeda Jiménez y Neme Díaz —admitió el nuevo gobierno— “obraron por una causa incluso establecida en la Constitución federal en su numeral 4”, pero ello no justificó la falta administrativa.

Tres meses y medio después de aquel escándalo —por cierto, todavía no se ha dicho oficialmente que familiares, amigos y ex colaboradores del ex gobernador Granier fueron quienes sí hicieron grandes negocios en las adquisiciones y contrataciones de servicios del sector salud— sale a la luz pública un caso parecido al de los tres ex directores de hospitales en el que, por lo que se ve, se busca proteger o encubrir a como dé lugar al actor protagónico.

El 16 de abril, el noticiero radiofónico Telerreportaje anunciaba: “Una presunta corrupción en el ISSET, por compra directa de medicamentos por más de 32 millones de pesos, acusó un grupo de empresarios”. La fuente del programa de los hermanos Sibilla Oropesa era un empresario, al que protegieron con el anonimato.

Al día siguiente, se daban dos versiones contradictorias: una, en que el gobierno del estado rechazaba que el ISSET haya hecho compras de medicamentos por la vía directa y con irregularidades, y otra, en que el secretario de Salud, Ezequiel Toledo Ocampo, decía desconocer si en la institución que brinda servicios médicos y sociales a la burocracia estatal se están haciendo adquisiciones de medicamentos de manera irregular.

edo.

El director del ISSET —a quien días antes se le sorprendió, junto a otra persona, degustando un aromático café en conocido desayunadero, en horario de trabajo— mantuvo silencio 48 horas. El jueves 18 Agapito Domínguez dio al fin la cara y rechazó que haya realizado una compra directa de medicamentos por 32 millones de pesos.

No la había hecho, pero el señor ya había solicitado al Comité de Compras del gobierno estatal su autorización para efectuar la adquisición de medicamentos sin celebrar licitación pública como ordena la ley, máxime tratándose de un monto económico tan elevado. Trascendió que quien frenó la compra directa fue la secretaria de Contraloría, Patricia Jiménez Oropeza. 

Domínguez Lacroix quiso lavarse las manos alegando que la acusación venía de quienes ven afectados sus intereses porque antes les vendían  al ISSET medicamentos a precios exorbitantes. No dijo tampoco que él iba a comprarle a uno de los grandes proveedores del granierismo.

¿CORTAR DE TAJO?

Se asume que al funcionario le llamaron la atención y le ordenaron fijar una postura por escrito. Lo hizo el viernes 19 cuando se emitió un comunicado oficial en el que se aseguró que el ISSET “no ha realizado adjudicaciones directas en la compra de medicamentos”.

En una declaración que se atribuyó a Domínguez Lacroix, se estableció que “el gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez jamás dará trato discrecional a favor de empresa alguna que concurse para proveer bienes, servicios o insumos a la administración estatal”.

Lo que admitió esta vez el director del ISSET es que sí “solicitó autorización al Comité de Compras del Poder Ejecutivo para abastecer a la institución, pero no ha habido respuesta a la petición, de modo que no pudo haberse realizado una asignación directa”. Y en el comunicado se hizo una acotación que resulta irrisoria: Se consigna que Agapito Domínguez “explicó que sólo se efectuó un sondeo de mercado porque necesitaban saber precios de las sustancias médicas”.

Luego quiso alzarse el cuello asegurando que “las críticas hacia su dependencia se deberían a que cortaron de tajo algunas prácticas del pasado, como las compras subrogadas, modalidad que incrementa casi al doble el precio de los medicamentos y se lleva a cabo sin el aval del Comité de Compras”.

Quien vino a enmendar la plana fue el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Ese mismo día 19, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, aseguró que las compras del gobierno del estado “se ejecutan con base en la normatividad vigente en la materia”, y sostuvo que “se actuará siempre cien por ciento apegado a la norma”.

EL PERVERSO AGAPO

Todavía el lunes 22, el tema seguía caliente. Telerreportaje aseguró que la intención del ISSET de comprar medicamentos por la vía directa por más de 32 millones de pesos podría tener un obstáculo, pues —según información en su poder— “el monto estaría muy por encima de lo acordado internamente por el gobierno estatal”.

Empresarios y partidos de oposición le demandan al gobernador Núñez “poner orden” en los procesos de compras de su administración, y “destituir al funcionario que infrinja la ley en la materia”, como manifestó la dirigencia panista.

Este tema no se ha agotado, pues el ISSET necesita abastecerse de medicamentos para surtir las recetas de sus derechohabientes.

Hay que destacar que en esto se esconde la perversidad de Agapito Domínguez, que se esperó hasta el último, cuando ya habían transcurrido tres meses y medio de gestión, y los anaqueles con medicamentos del ISSET estaban prácticamente agotados, para presionar al Comité de Compras a que le autorizara una adquisición directa por ser asunto de extrema urgencia. ¿Se saldrá con la suya? Lo que sea, los tabasqueños ya no se chupan el dedo.