POLICRONÍA SEMANAL

Política de ficción

Érase una vez un hermoso Principado donde la gente vivía feliz y confortablemente al tener a la mano todo lo que la Corte y la plebe necesitan para cohabitar en el buen vivir.

Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com

El Príncipe, y no de Maquiavelo, hacía hasta lo imposible por mantener un ambiente de armonía. No había pobres muy pobres pero tampoco exageradamente ricos… acaso sólo él y familia, pero caray, para eso es la realeza.

Todos los cuentos comienzan por lo general así, agradable a la psique y en la idea de forjar en quienes los leen alguna moraleja a forjar valores humanos. La realidad es muy distinta y distante.

Pero que se caiga todo menos el ánimo. Y siendo este espacio responsable de las ideas que fluyen hacia la sociedad choca, vale la pena destacar que todo lo que sucede en estas tierras tiene remedio.

La ley es el mejor instrumento para poner las cosas en su sitio y así, poco a poco, filtrar la luz que clarifique la vida de nuestra amada gente.

En ese contexto, el que actúa con incompetencias, negligencias o corrupción, tiene destino bochornoso. Cuando menos la sentencia clara de lo actuado con su consecuencia lógica y natural de cuando menos su destitución laboral, inhabilitación, sanción penal y hasta civil, encaminada a que repongan lo que hicieron, si esto se traduce a dineros.

Se supone que para evitar que esto ocurra, el Estado tiene sendos mecanismos de blindaje, dentro de los cuales destaca la función del Órgano Superior de Fiscalización, que en la colita de todo ejercicio presupuestario tiene la obligación de verificar y autenticar su uso adecuado, y en caso que no, promover las acciones legales conducentes para que el facineroso en acción reciba su merecido.

Igual se supone que nuestros congresistas son otro filtro para el mismo efecto, previa a la labor del fiscal en comento. Ellos se supone, por mandato también Constitucional, están obligados a custodiar el interés público de la ciudadanía de esta entidad.

Acá el tema es que entre dichas suposiciones a la fecha sólo en contadísimas ocasiones han dado cuenta a nuestra sociedad de las atrocidades anunciadas en acusaciones mediáticas entre los partidos políticos.

La sociedad choca debe saber que antes de fincar responsabilidades y hablar de pérdidas de confianza del Órgano de Fiscalización, primero debe constituirse la certeza jurídica de que el Estado en efecto fue objeto de saqueos y hay responsables de ello, mediante sentencias firmes de autoridad competente. A nadie se le puede acusar sin fundamentos, menos despedir por “sospechosismos”.

El Estado tal vez aguante una demanda laboral por despido injustificado, por parte de Francisco Rullán, e incluso los salarios caídos no sean lo complejo, pero la probidad jurídica de quienes estén al frente de una decisión así, revertible ante las instancias legales porque no se cumple con lo correcto, redunde en pérdida política para los ahora actuantes que prometieron no ser más de lo mismo.

Veremos de qué modo le ponen el cascabel a un gato de garras tan largas, para tener cómo herir a diestra y siniestra a todas las fuerzas políticas del Estado con ejercicios municipales. En el supuesto, sin conceder, que en verdad tengamos al mejor maquillador de cuentas públicas, tenemos la certeza de que el trabajo estético lo ha hecho por parejo. De ahí el temblor de las manos.