lunes, 10 de diciembre de 2012

POLICRONÍA SEMANAL


132 vs. paz pública 



Una vez más, bajo el contexto de la sucesión presidencial, el movimiento “#YoSoy132” se involucra en la vida pública en una protesta grandilocuente de rechazo a Enrique Peña Nieto. 


Rosa Elvia Bracamontes / rosaelviab@hotmail.com



Para nadie es un secreto el origen de un movimiento sobre el cual ha corrido sobrada tinta; ellos pugnan por una democracia a modo en donde el priismo no cabe, menos el actual Presidente de la República.
Y en un país de libertades, suena hasta jocosa la lectura de los medios de comunicación, donde los “nenitos” proclaman a todo pulmón su indignación porque el DF sanciona penalmente a todo aquél que genere acciones que atenten contra la paz pública.
Cualquier indulgente diría que son ‘chamacadas’ —estudiantes al fin, los muchachones— pero no es así; no hay inocencia en esta expresión, poniendo de manifiesto que en México el oportunismo y la organización social de unos cuantos puede ser sumamente peligrosa si se tienen autoridades tambaleantes e inseguras.
Dicho movimiento pretende borrar de un plumazo la postura de los Constituyentes del 17, que sabedores de toda la rebambaramba que precedió a la promulgación de nuestra Carta Magna, debían sentarse las bases para crear una sociedad armónica donde los derechos de todos se situaran en un mismo plano.
Así es justo el derecho a manifestarse consagrado en el artículo 9 Constitucional, que permite a los mexicanos asociarse o reunirse pacíficamente de modo lícito para asuntos políticos; derecho que tiene por límite el que tal actividad no se profiera con injurias hacia una autoridad, se ejerza con violencia o amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que desean.
No se necesita ser analista político para caer en cuenta que, aunque la sociedad civil tiene bastantes elementos para indignarse antes los faltantes y sobrantes negativos que abundan en la labor institucional, el proceso electoral federal pasado suscitó que grupos de poder metieran acicates entre la ciudadanía a crear protestas en pago por evento.
Calificativos denostantes y peyorativos fueron y vinieron, y no falta el reaccionario en superlativo que pidió la cabeza del entonces presidenciable priista; la pequeña bola de nieve fue creciendo hasta convertirse en un alud de grandes proporciones que sólo figura en defensa de las izquierdas, pasando incluso por encima de la norma establecida y que lamentablemente se salió de todo control.
Derogar el delito en comento desarmaría al Estado para prevenir, inhibir y sancionar cualquier acto que bajo fines políticos perjudicara la paz social de áreas públicas a la que tenemos derecho TODOS LOS MEXICANOS; seguramente los comerciantes y personas que sufrieron enorme afectación patrimonial por los arranques de los estudiantes no están nada contentos y hoy buscan quien o quienes les van a resarcir los daños causados.
No se necesita mucha imaginación para avizorar a este país sin la existencia de frenos o topes jurídicos que preserven la gobernabilidad y el bienestar del colectivo.
Sería el caos total, dado que somos un país de ciudadanos que requerimos de control institucional por la incapacidad que seguimos ostentando en el manejo responsable de nuestras libertades, como sucede tan a menudo con el uso del cinturón de seguridad al conducir. ¿O no?  

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