Al concesionarle 13 km2 para explotar hidrocarburos no sólo le adjudicó pozos maduros e infraestructura chatarra sino también un poblado completo que le impide efectuar su actividad y ahora pretende desalojarlo a toda costa
Roberto Barboza Sosa / rbarbozasosa@hotmail.com
Presentado como la solución económica, logística y de abasto al problema de la caída de la producción de hidrocarburos en el campo Carrizo, un año después el Contrato Integral para Exploración y Producción de ese campo maduro de Petróleos Mexicanos (Pemex) aún no sólo carece de resultados concretos sino le agregó nuevos conflictos a la paraestatal.
El nuevo director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, del gobierno de Enrique Peña Nieto, hereda de su antecesor Juan José Suárez Coppel, en la pasada administración de Felipe Calderón Hinojosa, un lío con la empresa petrolera estadounidense Schlumberger, que ganó el Contrato Integral para la explotación del campo Carrizo.
A la trasnacional texana, además de concesionarle una superficie de 13 kilómetros cuadrados para explorar y explotar hidrocarburos, Pemex no sólo le adjudicó chatarra de pozos, ductos, tanques de almacenamiento y separadoras de crudo y gas, sino también un poblado completo que le impide efectuar su actividad y que ahora pretende desalojar a toda costa.
El problema social del asentamiento humano, denominado ranchería Lázaro Cárdenas, del municipio del Centro, ubicado a ocho kilómetros al norte de Villahermosa, ha sido traspasado al gobierno de Tabasco, con el que Pemex acordó la reubicación con el compromiso de pagar todos los costos de vivienda, escuelas y equipamiento urbano.
El 19 de agosto de 2011, en el hotel Hilton de Villahermosa, el entonces director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, encabezó el acto de presentación y apertura de propuestas en donde se asignaron los primeros contratos de exploración y producción de petróleo a empresas privadas.
Pemex anunció ese día el fallo de la primera ronda de licitaciones de los Contratos Integrales para Exploración y Producción de Campos Maduros de la región Sur, siendo las empresas ganadoras, la inglesa Petrofac Facilities Management Limited, para los campos Santuario y Magallanes, y la regiomontana Administradora de Proyectos de Campo (APC) para el campo Carrizo.
En el caso de campo Santuario, Pemex pidió un precio máximo de 7.97 dólares por barril de petróleo y la compañía ofreció 5.01 dólares, en tanto para Magallanes la paraestatal solicitó como máximo 9.78 dólares y la compañía extranjera ofreció 5.01 dólares.
En el campo Carrizo, Pemex pidió un pago de 12.31 dólares por barril y la compañía Administradora de Proyecto brindó 5.03 dólares por barril extraído, más el 75% del llamado ‘costo de desarrollo’, lo que sin embargo queda por debajo de los precios máximos fijados por la paraestatal.
En el evento también participaron Carlos Morales Gil, director general de Pemex-Exploración y Producción, y Mario Gabriel Budeos, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
RESISTENCIA A LA REUBICACIÓN
Desde el principio de la adjudicación del campo Carrizo iniciaron los problemas para Pemex.
El 19 de octubre de 2011, la empresa Administradora en Proyectos de Campos decidió hacerse a un lado y no envió a su representante a Villahermosa para firmar el Contrato Integral para Exploración y Producción de Campos Maduros con Pemex para el área Carrizo, ni depositó la fianza necesaria, por lo que fue sustituida por la sucursal Dowell Schlumberger de México, S.A.
Esta operación perjudicaría a Pemex económicamente, ya que de 5.03 dólares por barril, con que ganó la licitación la mexicana APC, ahora tendría que considerar casi el doble, 9.40 dólares por barril, tarifa propuesta por la compañía transnacional petrolera.
A inicios de abril de este año, la firma de servicios para campos petroleros Schlumberger —con sede en Houston, Texas, EUA— comenzaría a mediados de año los trabajos en sus proyectos de campos maduros, señaló su gerente general, Paul Kibsgaard, en una conferencia por internet sobre los resultados corporativos del primer trimestre del 2012.
Hasta la fecha, el propósito de la trasnacional no ha sido posible, pues Carrizo se encuentra lleno de casas e infraestructura urbana de la ranchería Lázaro Cárdenas, que en últimas fechas se han visto presionados por las autoridades de Protección Civil para reubicarse en el fraccionamiento Bicentenario, a 30 kilómetros de donde ellos nacieron.
PROTECCIÓN CIVIL LOS ENGAÑÓ
Como argumento, Protección Civil utilizó el pretexto de que se encuentran en una zona de riesgo por inundaciones y también sobre ductos e instalaciones petroleras. Nunca les dijeron la verdad: de que en esos terrenos regresará la actividad de exploración, perforación y explotación de pozos, mantenimientos, reparación y construcción de ductos.
Por el contrario, empezó una mayor presión sobre los habitantes de la ranchería Lázaro Cárdenas, e incluso se registraron conatos de violencia con las autoridades de Protección Civil y el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), al grado de que tuvieron que llegar con policías antimotines, para que desalojaran y se fueran al fraccionamiento Bicentenario.
Ante la embestida policial, los pobladores determinaron bloquear y cerrar los accesos a esa comunidad, e incluso pidieron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la estatal CEDH.
El 1 diciembre, a partir de la queja, la CEDH emitió medidas cautelares a las autoridades con el fin de no cometer más atropellos y, al mismo tiempo, inició investigaciones con las que le solicitó a cada una de ellas reportes sobre sus actuaciones, según declaró el ombudsman local, José Manuel Argáez de los Santos.
“Con las medidas cautelares, pedimos que se preserve la integridad física y el derecho a la legalidad a los habitantes, porque no han sido notificados legalmente absolutamente de nada, pues tiene que haber un proceso que justifique el fundamento legal en base al cual están actuando y desalojando a estas personas y derrumbando viviendas”, explicó.
“Es indigno e injusto” ese proceso de reubicación, sostuvo Argáez de los Santos. Y sentenció:
“Para llevar a cabo un desalojo no es con la orden de Protección Civil; tiene que ser mediante la orden de un juez, y se debe actuar con base a lo que marca la ley, pues si no se incurre en una abuso de autoridad y violaciones de derechos humanos”, y sostuvo que “Protección Civil no tiene ninguna autoridad para ordenar un desalojo; es indignante e injusto lo que están haciendo”.
Dijo que los vecinos de Lázaro Cárdenas “son personas que han sufrido desalojos, intimidaciones y aparte algunas casas han sido demolidas por las autoridades, por lo que han presentado denuncias ante el Ministerio Público y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Vivienda de Tabasco, la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Pemex”, especificó.
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