La sociedad necesita un periodismo de investigación basado en datos, en verificaciones, no en supuestos, acota investigadora especialista en Derecho y medios de comunicación
Samuel Soto Giles / gi_les@hotmail.com
“Si lo más difícil de construir en la vida es una reputación que lamentablemente es lo más fácil de dañar, ¿qué tipo de responsabilidad debe tener un medio de comunicación o un periodista?”, planteó la doctora Perla Gómez Gallardo en la conferencia Acercamientos a la Libertad de Expresión, que presentó el viernes pasado en el Aula Magna de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT.
Gómez Gallardo explicó que esta conferencia es parte de una actividad que nació en octubre del año pasado con una lógica netamente académica: cómo documentar las agresiones al ejercicio de la libertad de expresión y al mismo tiempo cómo reflexionar a través de conferencias magistrales en los temas de coyuntura que se manejan en este derecho fundamental de los seres humanos.
En este año se han documentado casos de ataques directos e indirectos a la libertad de expresión, “desde el acoso judicial al caso más bizarro, como ocurrió en Chetumal (Quintana Roo), donde se hizo apócrifa una revista y ponerla a la venta”.
Lo más inverosímil, dijo, es el caso de un periodista que llegó a una cárcel de máxima seguridad donde por el simple hecho de que un psicólogo le dijo: “eres de alto riesgo”, lo envió desnudo por seis meses en un lugar totalmente aislado y su delito fue difundir copias de su medio de comunicación donde publicaba sobre narcotráfico.
Citó también uno de acoso judicial, el de los juicios interminables, como el de la Sosa Nostra y Alfredo Rivera Flores, en que a ocho años de haber iniciado una querella legal no hay resolución definitiva; citó otros casos lamentables que dan cuenta no solamente de un alerta, como se maneja en muchas organizaciones sociales, sino más bien como una manera de documentar y reflexionar para tratar de generar incidencia en política pública.
Así, dijo, está el estudio de la regulación que perversamente permite el abuso institucional de mecanismos para atacar a la libertad de expresión y al mismo tiempo como la reflexión de generar propuestas en la academia con esta función social desde las instituciones públicas.
EL ABUSO DENIGRA A LOS MEDIOS
En la conferencia, Perla Gómez Gallardo dijo que en la reflexión del otro lado de la moneda en el que la libertad de expresión no se cumple, está el del ejercicio que en su nombre puede tener un abuso “y cuando se abusa de ese ejercicio se atenta contra lo más valioso que tiene el ser humano, el del aspecto de la dignidad: su reputación, su vida privada y su propia imagen”.
Esos tres elementos significativos de la identidad, de la personalidad como ser humano, es la esencia misma de la protección jurídica en cualquier sociedad y la pregunta es cómo establecer límites frente a la libertad de expresión en un ejercicio democrático, planteó.
Indicó que si bien la base esencial de toda democracia es la defensa de la libertad de expresión porque permite tener pluralidad, el problema no es que se piense diferente, la situación es que no haya una sola voz que predomine por encima de otras posibilidades.
“Pero la responsabilidad de todo Derecho, se ha dicho desde la doctrina que no existen derechos absolutos y la libertad de expresión —no es un Derecho absoluto— tiene sus alcances y sobre todo sus límites.
“Esos límites van desde lo que tipifica la responsabilidad administrativa civil y penal, pero puede ser irreversible en lo que maneja una persona en su patrimonio moral”, expuso.
La especialista aclaró que la diferencia entre informar y opinar, está en los límites de la información que establecen los hechos, los datos, la veracidad y en la opinión, el no injuriar, el honrar la palabra, el no utilizar expresiones injuriosas que no necesariamente comunican lo que se pretende denunciar.
Al diferenciar que no es lo mismo la protección de una persona privada y la protección de una figura pública en dos modalidades: quien ejerce recurso público o quien tiene una notoriedad pública, reconoció que la clase política llegó tardísimo a estas reflexiones que son la moda de los sexenios panistas, que ya se van, sobre el hecho de las demandas como funcionarios contra periodistas que los han denunciado públicamente por el uso responsable de la libertad de expresión.
Pero, en el otro lado de la moneda, también así como decían del “no pago para que me peguen”, hay quien pega para que le paguen y con toda irresponsabilidad denigra a un gremio que se puede dignificar con un ejercicio congruente.
“Lamentablemente por ese tipo de pseudo periodismo que se basa en el rumor como una de las peores prácticas, tenemos ahora un país donde el hecho de ser un buen funcionario ya no es el mínimo para decir: ‘estás cumpliendo con tu trabajo y qué bueno, te voy agradecer más’.
“Estamos en un país donde a quien está haciendo un trabajo honesto lo denostan, lo humillan, lo atacan. Lo decía muy bien Jorge Carpizo (ex procurador General de la República y ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos): es el ratero gritando: ‘agarren al ratero’; es la situación donde el que denuncia la corrupción termina preso y los corruptos siguen afuera”, apuntó.
Gómez Gallardo sostuvo que es momento de hablar también de la reputación de la figura pública que hace un servicio honesto, honorable, institucional, para fomentar esas prácticas; “porque por un lado tenemos un sistema de corrupción como una práctica que no se considera éticamente mala: quien incumple la ley y no lo cachan, ya se puede decir porque el diccionario de la Real Academia ya lo integra, es chingón; y quien en un momento dado puede evadir la ley y la cumple, es un tonto; eso no es honesto”, destacó.
Entonces, señaló, en un sistema de valores que pareciera que todo vale, que no hay principios rectores, sí hay que destacar qué esquemas de protección se quiere que prevalezcan, pero también qué límites necesarios se deben establecer; obvio, lo principal es la autorregulación, puntualizó.
ARMONIZAR DERECHOS
La doctora Gómez Gallardo relató que unos periodistas se preguntaban; ¿y para qué la ética, si es voluntaria? “Sin embargo, aclaró, la esencia de que sea voluntaria y lo cumplas de manera espontánea te dignifica, te blinda cuando, en un momento dado, viene el acoso judicial; por otro lado, evita también las tentaciones de que en esa regulación cuando se va a la vía jurídica se convierta en una forma de censura esbozada”.
Observó que se presenta un pseudo problema en el que no hay que ponderar, no hay que jerarquizar qué vale más si la libertad de expresión o la vida privada de una persona, porque la tendencia contemporánea es armonizar los derechos y tienen que concurrir los derechos.
Así, el Derecho a la Libertad de expresión, por supuesto, tiene que coexistir al lado del respeto a la vida privada, el honor y de la imagen. No se tiene que ceder un espacio a cambio de otro derecho, sería fascismo jerarquizar los derechos.
Gómez Gallardo insistió en que hay que dar respuesta al qué hacer cuando hay incumplimiento de derechos humanos entre particulares y con pena de la autoridad hay responsabilidad por omisión al expresar que “no soy el que incumple” cuando no propicia la concurrencia de derechos.
Por tal motivo comentó que éste, el de los límites de la Libertad de expresión, es tema perfecto de estudio del Derecho Civil para la doctora Gisela Pérez y Karla Cantoral, que lleva a reflexionar de los alcances que implica el patrimonio moral que definió desde 1950 el jurista Gutiérrez y González.
“El estudio del hecho de aquello que es cuantificable y que, al mismo tiempo, puede tener un impacto tan significativo que puede llevar al suicidio de una persona.
“En este aspecto, por supuesto, hay que repudiar y demandar a aquellos pseudo periodistas que usando el rumor atentan contra la dignidad, la vida privada, la reputación o la imagen de una persona pública o privada. Es ahí donde necesitamos el periodismo de investigación basado en datos, basado en verificaciones”, acotó Gómez Gallardo.
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