La medida no redundará en más y mejores empleos sino en un incremento de empleos precarios, que además ayudará a que las cifras de desempleo se reduzcan mañosamente
Alejandro Esquivel C. / alesquivelc@hotmail.com
La precarización laboral, la poca eficiencia del gasto público y la pobreza son los principales problemas estructurales de la economía nacional al cierre de 2012, afirma José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), durante la presentación del estudio 2012-2018: Los Retos de México ante el Cambio de Gobierno.
“Hace falta una estrategia de fondo para resolver problemas estructurales, como la falta de oportunidades y de empleo. Hoy son necesarios tres salarios mínimos para alcanzar el poder adquisitivo que uno solo aportaba en 1975”, apunta.
Los datos del INEGI revelan la precarización del empleo. Los trabajadores sin prestaciones pasaron de 10.5 millones en 2006 a 12.6 millones a mediados de 2012, mientras que aquellos que no cuentan con acceso a servicios de salud se incrementaron en 4.7 millones durante el mismo periodo, hasta alcanzar los 31.2 millones.
En tanto, la población subocupada; es decir, aquella que no gana lo suficiente para sobrevivir, creció de 1.3 millones de personas a los 4.3 millones, al tiempo que en el mercado laboral más de tres millones de trabajadores no perciben ningún salario por su trabajo y 2.5 millones carecen de ocupación.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los tres estados con mayor porcentaje de personas que no reciben ingresos (29, 25 y 20 por ciento, respectivamente), señala el estudio del organismo dependiente del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
PROFESIONISTAS: DIFÍCIL CONSEGUIR EMPLEO
Por primera vez en la historia, los trabajadores no afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya superan a los afiliados, afirma De la Cruz Gallegos.
Además, las personas con educación media superior o superior enfrentan dificultades similares para encontrar empleo que aquellos que carecen de ese nivel educativo.
Según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, más de la mitad de las personas con estudios medios superiores o superiores en Campeche y Chiapas están desempleadas, situación que afecta a más del 40 por ciento de la población con ese nivel educativo en Guerrero, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Tamaulipas.
Para José Manuel Villegas, economista por la Universidad Veracruzana, la reforma laboral presentada al Congreso de la Unión no dice qué ocurrirá con los 32 millones de asalariados que carecen de prestaciones.
Las prestaciones ya están reconocidas por Ley, pero el problema es que no se aplican. Tampoco de los efectos de la ‘flexibilización’ de contratos, porque su impacto serán menores ingresos y más precarización.
LO SEGURO, QUE CAERÁ INGRESO DE OBREROS
La reforma no dice cuáles serán los ahorros para las empresas que, si tienen que seguir pagando IETU, ISR e IVA por separado, no tienen incentivos para contratar o aumentar los sueldos, señala el también ingeniero en finanzas por la Universidad La Salle.
Por tanto, agrega, nada garantiza que esta reforma, que cuenta con el apoyo del Banco de México, la OCDE y del Presidente electo de México, vaya a resolver el problema laboral.
Según previsiones de investigadores del ITESM, de aprobarse la reforma laboral el ingreso de los trabajadores caerá 10 por ciento porque se reducirán los empleos ‘de planta’ y se aprovecharán los contratos ‘por obra’, lo que sumará al menos medio millón de personas más a la cifra de pobres por ingresos.
Según el estudio del CIEN, en el año 2006, 45 millones de mexicanos vivían en la pobreza, mientras que al cierre de este año la cifra se eleva a 60 millones. El reporte también señala que el crecimiento sexenal, cuyo promedio es del 2.5 por ciento, ha sido el más bajo de los últimos 30 años.
La crisis económica de 2008, que provocó un descenso de más del seis por ciento del PIB en 2009, contribuyó de forma decisiva al declive económico. Sin embargo, otros factores, como la inflación de los precios de los alimentos básicos también afectaron la capacidad adquisitiva.
TODO SUBE… MENOS SALARIO DE POBRES
De acuerdo a los datos del INEGI, entre julio de 2011 y 2012 el frijol aumentó de precio 56 por ciento; el jitomate, 26.8; el huevo, 19.3; el maíz, 16.6; la carne de res, 16.2 por ciento. Por su parte, el gas doméstico LP y la gasolina subieron de precio 9.4 y 11 por ciento, respectivamente, en el mismo período.
Las diferencias en las percepciones de los asalariados son abismales en comparación con lo que ganan funcionarios del gobierno federal y de organismos paraestatales. Sólo en Pemex, 20 mil funcionarios ganan más de 500 mil pesos anuales.
En total, 152 mil funcionarios ganan eso o más, mientras que 25 mil perciben más de un millón de pesos por año, señala Rafael Isiordia, investigador del Centro de Estudios Económicos del Sureste, quien asegura que si la ‘élite’ de servidores públicos recortara su sueldo en un 15 por ciento, sería posible pagar 800 mil salarios mínimos a la población con menores ingresos.
“HAY VÍAS PARA ECHAR ATRÁS LA REFORMA”
De tal manera, el pago por hora, los contratos temporales por períodos de prueba y capacitación sin responsabilidad para el patrón, así como la productividad como base para el ascenso en lugar de la antigüedad y la legalización de la subcontratación mediante empresas de outsourcing, propuestos en la iniciativa de reforma laboral, puede ser revertido siempre y cuando la resistencia de la clase trabajadora no sólo se mantenga, sino crezca, considera Isiordia.
Explica que “hay vías para echar atrás la reforma, pero eso exige un sujeto que lo reclame, un pueblo movilizado y sindicatos independientes que exijan que se revierta el proceso; todo depende de la reacción popular del movimiento social y de la resistencia a estas nuevas medidas neoliberales”.
Amén de la posibilidad de realizar a futuro una contrarreforma, es posible en lo inmediato presentar una controversia constitucional, pues los patrones y el gobierno, explica el especialista, “en aras de hacer pasar su reforma, renunciaron a reformar la Constitución para no tener más problemas, y al no haberlo hecho, la ley reformada entrará en contradicción con la propia Constitución y será violatoria del artículo 123, por lo que será posible colocar una controversia constitucional que obligue a revisar e incluso regresar la ley”.
Si la reforma se aplica habrá consecuencias muy graves para los trabajadores. Durante más de 30 años los empresarios han anhelado una reforma que no se ha podido aprobar, pero en la práctica las violaciones a las garantías laborales que supone la reforma han sido llevadas a cabo por los patrones, con ayuda de las autoridades.
“Lo más grave —apunta— es que mientras el trabajador puede recurrir a la ley y a la Constitución y tiene recursos jurídicos para defender sus derechos, los empleados quedarán mucho más desprotegidos, porque no tendrán más el recurso de apelar a la ley para defender sus derechos. Estará siendo legalizada la precarización”, sostiene.
FLEXIBILIZAN DERECHOS DEL TRABAJADOR
Por tanto, el principal interés patronal está en aquellos cambios que acaban con la estabilidad del empleo; es decir, aquellas modificaciones que permiten que ningún trabajador tenga seguridad de que conservará su trabajo.
Las reformas también buscan que no haya derechos colectivos pactados entre los trabajadores y los patrones, sino que las condiciones de trabajo las fije el patrón y que a los trabajadores les sea muy difícil organizarse en un sindicato auténtico.
Para lograrlo, se flexibilizará la contratación, de tal manera que el patrón pueda contratar a su gusto, por el periodo que sea necesario, y también se flexibilizará el despido, para reducir los costos de indemnización ante despidos injustificados.
Si a esto le agregamos la propuesta del salario por hora y los cambios que se quieren hacer sobre el outsourcing, o subcontratación, que le restarán responsabilidad social a la empresa que se beneficia del trabajo y dejarán la responsabilidad en la empresa subcontratada, será legal que haya menores prestaciones de trabajo y más facilidad para el despido.
SE LEGALIZARÁ EMPOBRECIMIENTO OBRERO
Estas medidas, en su conjunto, van en la misma dirección: legalizar el trabajo precario, sin prestaciones, sin seguridad y sin contratación colectiva, pues al no haber estabilidad en el empleo, es mucho más difícil para el trabajador organizarse con sus demás compañeros y crear un sindicato auténtico, de manera que el país se encamina a ser un paraíso precario y los trabajadores se encaminan a perder sus derechos, a ver legalizado el desempleo y el subempleo, el trabajo sin prestaciones, el trabajo precario y, por lo tanto, a tener que ganar menos, a trabajar más o a contratarse en varios empleos.
La reforma laboral no resultará en más y mejores empleos, sino en un aumento de los empleos precarios, que además ayudará a que las cifras de la tasa de desempleo se reduzcan mañosamente: si un joven trabaja tres horas a la semana no figurará en la estadística de desempleo, y además el Estado podrá asegurar que aumentó la creación de empleos. “Es una trampa absoluta: no van a crear más empleos, sino a disfrazar el empleo precario, de supuesta generación de empleos”, sentencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario